La cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva dictada en diciembre pasado. Están acusados de estafa, administración fraudulenta y lavado
El financista Luis Herrera y sus hijos fueron detenidos a comienzos de diciembre y seguirán en prisión preventiva por seis meses hasta mayo
El financista Luis Herrera y sus hijos Ignacio y Diego seguirán en la cárcel al menos hasta mayo imputados de administración fraudulenta y estafa en el marco de una asociación ilícita encabezada por el padre. Así lo resolvió este miércoles la camarista Gabriela Sansó en una audiencia de apelación de las medidas cautelares dictadas a fines del año pasado.
La camarista resolvió ratificar la prisión preventiva efectiva por un plazo de seis meses dispuesta en primera instancia por la jueza Paula Alvarez y en tal sentido los imputados seguirán tras las rejas hasta que el plazo expire el próximo 5 de mayo.
El financista y su familia están imputados de haber ocasionado un perjuicio total estimado en más de 18 millones de dólares.
Este miércoles concluyó la audiencia de cámara iniciada el pasado viernes para resolver los pedidos de la defensa para morigerar la prisión preventiva del financista de 66 años y sus hijos Ignacio, de 42 años, y Diego, de 36. Luis Herrera afronta además imputaciones por desobediencia a una orden judicial, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen ilícito. Estas imputaciones fueron formuladas por el fiscal de Delitos Económicos Miguel Moreno en noviembre y diciembre del año pasado, y se agregaron a otras anteriores por estafas endilgadas en 2022.
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El fiscal le atribuyó a Herrera haberse valido de su nombre, prestigio y confianza para desplegar “una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores”.
El ardid descripto por el fiscal indicaba que la captación consistía en convencer a ahorristas de que los fondos que les entregaban iban a aplicarse a inversiones en el mercado de capitales regulado por ley, a cambio de lo cual se les prometía una renta fija. Sin embargo ese dinero, “en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados o agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, eran aplicadas a operaciones financieras irregulares no especificadas (préstamos, cambio de cheque, cambio ilegal de divisas) o a la apropiación de los fondos en beneficios propio de los directivos”.
Según la acusación, las maniobras pudieron mantenerse sin problemas durante años hasta que a partir de 2021, como consecuencia de una “pérdida de confianza que se generalizó entre los inversores, éstos empezaron a solicitar la devolución de los fondos” que creían tener en sus cuentas según la documentación que le remitían los financistas. Pero las respuestas a esas peticiones fueron excusas y dilaciones, mientras la firma seguía recibiendo nuevos inversores y negaba la devolución a los ahorristas que la reclamaban.
Para 2021 los fiscales habían determinado perjuicios para 85 ahorristas por un total que superaba los 5 millones de dólares y casi 35 mil euros. Esas personas les habían confiado ahorros para que fueran aplicados a inversiones financieras o productivas que generaran una renta pero terminaron siendo parte, según la fiscalía, de un esquema de estafa piramidal que se les endilga a los Herrera haber iniciado en 2017. Ese despliegue, “valiéndose de la estructura de la sociedad con oficinas, autoridades, empleados y reconocimiento público para la captación de inversores”, les valió a Herrera, sus hijos y su esposa la imputación por asociación ilícita con distintos roles para cada uno.
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Ese perjuicio, según estableció el avance de la investigación, suma a las cifras establecidas en 2022 más de 12 millones de dólares, más de 40 mil euros y 418 mil pesos, con lo cual el total relevado hasta el momento supera ampliamente los 18 millones de dólares. También ha aumentado, en ese sentido, el número de víctimas de las maniobras defraudatorias, que serían más de 300.
El avance de la investigación también trajo aparejadas nuevas imputaciones para Luis Herrera. Entre ellas una quiebra fraudulenta consistente en haber sustraído de la masa de acreedores de su propia quiebra, entre el 21 de abril de 2020 y el 1º de noviembre de 2021, cerca de cinco millones de dólares. Y luego, entre el 17 de diciembre de 2023 y el 21 de mayo de 2024, luego de decretada su quiebra, y “en fraude de la masa concursal, deliberadamente omitió dar cuenta y justificar de manera debida la existencia y salida de esos fondos pese a haber sido intimado por la sindicatura” de la quiebra.
Pero como cada una de esas operaciones manejaba dinero proveniente de administraciones fraudulentas y estafas, se le atribuyó el delito de lavado de activos por haberlos puesto en circulación con la intención de darles un origen legal.
En cuanto a la imputación por administración fraudulenta, la imputación contra Herrera a fines del año pasado le achaca haber desviados fondos captados ofreciendo negocios de hasta un 10% anual en dólares con destino a inversiones en el Mercado de Futuros de Chicago.
Finalmente se le imputó haber desobedecido una resolución de la jueza Alvarez que el 22 de diciembre de 2023 le prohibió a Herrera disponer de cualquier fondo o beneficio o dividendo en cualquier lugar del mundo sin autorización judicial. Sin embargo, pese a estar notificado de ese impedimento, se constató al menos una transferencia de 3.000 dólares realizada el 9 de enero de 2024 a cuentas bancarias de la familia en el exterior.
Terminó el debate en el juicio y se espera el veredicto. El abogado de la familia, Marcos Cella, cree que la sentencia por el crimen enmarcado en un clásico rosarino será una "bisagra"
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