El salario mínimo, como motor de la economía y el empleo

El salario como remuneración es fruto de una compleja trama de relaciones sociales que se construyó a lo largo de la historia. De las nociones iniciales que vinculaban la paga con la mera subsistencia al reconocimiento de mínimos garantizados, pasaron muchos años y variadas luchas de los trabajadores que también cuentan de a miles las vidas ofrendadas.

En el siglo XX se generalizó la idea de la existencia del “mercado de trabajo”, el que tendría las características propias de cualquier mercado. Allí, el precio de la mercancía transada sería el resultado del juego entre oferentes (trabajadores) y demandantes (empleadores).

Desde esta perspectiva teóricopolítica, el resultado final mostraría el equilibrio en la negociación. No habría mínimos precio de la fuerza de trabajo, en la magnitud monetaria del salario, sino que habría precios de equilibrio. Quienes demanden “trabajo” estarían dispuestos a pagar una masa de dinero por el conjunto de horas de trabajo requeridas, no importando el precio unitario de la hora. Quienes ofrezcan “trabajo”, tendrían que aceptar el precio fijado por el “mercado” aunque no alcance para reproducir las condiciones de vida que hagan posible su reinserción diaria en idénticas condiciones de alimentación y salubridad. O lo que es lo mismo, si se pretende pleno empleo no hay que reclamar salarios mínimos ni garantizados, hay que atenerse a lo que quiera pagar “el mercado”.

Esta es, claramente, una noción que ubica a la energía vital del trabajador en la misma línea que el conjunto de las mercancías. Si vender permanentemente las mercancías producidas por debajo de su valor terminaría comprometiendo la acumulación del capital, y posteriormente llevando a las empresas a la quiebra, para el caso de la fuerza de trabajo, tal escenario condena al trabajador al hambre o al subconsumo y probablemente a la pérdida de su salud y hasta su vida Cuando Inglaterra construía su ingreso al capitalismo sobre finales del siglo XVIII, no existía el mercado de trabajo. Por el contrario, rigió entre 1795 y 1834 la ley de Speenhamland, norma que impedía la creación del mercado de mano de obra. La ley, había consistido en un sistema de subsidios con destino a las capas empobrecidas de la población inglesa, capaz de garantizar el acceso a la alimentación básica en el marco de un sistema paternalista de organización social heredado de las prácticas de la corona inglesa.

Si bien las cifras del subsidio variaban, el criterio general era que el ingreso triplicase semanalmente al precio del galón de pan, más un adicional que cubra las necesidades del resto de los miembros de la familia. En el fondo se reconocía un derecho de jerarquía superior al de la empleabilidad, y era el derecho a la vida Otros antecedentes sobre el concepto de ingreso básico, mínimo o garantizado, pueden encontrarse en las leyes de pobres de Escocia (1579) e Inglaterra (1601), la huelga marítima de Nueva Zelanda (1890), la Revolución de Octubre en Rusia (1917) y la Constitución mexicana (1917).

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New Deal

En 1933, el presidente Roosevelt lo promueve en Estados Unidos. Al asumir como presidente, el desafío era reactivar la economía protegiendo a la vez las condiciones de vida de los trabajadores. Su plan de gobierno conocido como el New Deal (nuevo reparto o nuevo trato) promovió un conjunto de acciones cuyo mandato estaba contenido en leyes, algunas de las cuales refirieron al salario mínimo, al seguro social, a la jornada semanal de 40 horas y a la eliminación del trabajo infantil.

En Argentina, de modo temprano, se formularon regímenes de protección de los trabajadores, nacidos de los niveles de demanda de quienes estaban agremiados. Sólo a título de ejemplo, se puede mencionar el descanso dominical (1905) y la jornada máxima de 8 horas (1929). El antecedente normativo nacional más antiguo con relación al salario mínimo es de 1945, cuando Perón lo promovió a partir de la aprobación del decreto 33.302/45. Con relación a aquel concepto, el decreto decía: “Es la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones”.

Más adelante, la reforma constitucional de 1957 introdujo en el artículo 14 bis, el derecho a una “retribución justa”, y a un “salario mínimo vital y móvil”. La ley 20.744 de contrato de trabajo promulgada en 1974 lo define de este modo en su artículo 116: “Salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento”.

Regresión

Sin embargo, la ley 24.013, sancionada en 1991, provocó una degradación del instituto del salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Su artículo 135 crea el “Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil”. Entre sus atribuciones se encuentra la de fijar periódicamente el valor del SMVM. Para eso, debe aprobar los lineamientos metodológicos de cálculo. La degradación se encuentra en el enunciado del artículo 139 de esa ley, que establece que el salario mínimo se determinará “teniendo en cuenta los datos de la situación socioeconómica, los objetivos del instituto y la razonabilidad de la adecuación entre ambos”.

Así, en nombre de la razonabilidad deja abierta la posibilidad —rigurosamente utilizada por los gobiernos a partir de las presiones del poder económico— de fijar un valor que no cubra las necesidades enunciadas en la ley de contrato de trabajo.

Tal es el caso del decreto 2.725 de 1991, que en el artículo 28 manifiesta que “cuando el monto del salario, mínimo vital y móvil propuesto por el Consejo pudiera afectar significativamente la economía general del país, de determinados sectores de actividad, de los consumidores o el índice de ocupación, el presidente lo devolverá para su reconsideración”.

Renacimiento

Fue recién en 2004, con la resolución 617 del Ministerio de Trabajo, cuando se aprobó el reglamento de funcionamiento del Consejo del Salario, recreado en 1991 por la ley 24.013. A partir de esta modificación, la historia es un poco más conocida. Se practicaron ajustes periódicos sobre el salario mínimo en el marco del reinicio masivo de las negociaciones paritarias. Este último proceso permitió renovar la discusión salarial, lo cual se expresa en el comportamiento de los acuerdos suscriptos, obviamente referidos a los trabajadores registrados.

Si bien los ajustes practicados desde diciembre de 2003 hasta 2014 se multiplicaron por doce veces, es también evidente que el mínimo está ostensiblemente alejado de lo que representa una canasta adecuada al contenido del artículo 116 de la ley de contrato de trabajo, en línea con el mandato constitucional, tal que permita satisfacer las necesidades de un trabajador soltero sin familiares a cargo.

Por lo tanto, una de las demandas reivindicativas, radica en reclamar que el Consejo del Salario calcule periódicamente cuál es el valor de reposición de la fuerza de trabajo, esto es cuál es la magnitud en dinero del salario mínimo que responde al mandato constitucional y a la ley de contrato de trabajo. Y si el conjunto de los empleadores no soporta tal nivel salarial, la tarea consistirá en programar su viabilidad. Hay varias provincias que incorporaron al concepto a su Constitución. Entre otras, la Constitución de 1921 en Santa Fe. La reforma constitucional de 1962 prorroga el concepto en la carta magna provincial.

El salario es, por lo tanto doble soporte, el de la reproducción de la fuerza de trabajo y el de la garantía de reproducción de la sociedad mercantilizada en la que vivimos. Sin salario suficiente no hay condiciones de vida dignas, sin salario suficiente queda comprometido el sistema social en su conjunto.

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