Por distintos motivos, entre los cuales sobresale el temor de que el gobierno nacional vaya por sus recursos, las provincias gestionan blindajes financieros. A diferencia de Javier Milei, que acude al Fondo para salvar el carry trade, el objetivo de los gobernadores es asegurarse hasta el final del mandato el sostenimiento de sus planes de obras y provisión de servicios públicos. El proyecto enviado a la Legislatura santafesina para colocar deuda en el mercado internacional por u$s 1.000 millones va en ese sentido.
El plan del gobierno provincial es desembarcar en Wall Street en breve y sin esperar a que el propio Estado nacional retorne a su tierra prometida. No es la única administración que está pidiendo autorización para endeudarse. Con suerte esquiva por ahora, el bonaerense Axel Kicillof solicitó la venia a su parlamento para fondearse también por mil millones. Puede haber muchas lecturas sobre estas movidas pero una es el temor a que un oficialismo nacional electoralmente recargado vaya por la autonomía de los distritos que más espalda tienen para tensar con el Estado nacional.
En el Ministerio de Economía santafesino cuentan que entre el jueves y el lunes pasado operaron los vencimientos de los anticipos del impuesto a las ganancias para empresas. Es una suerte de “aguinaldo” que los ministros provinciales cuentan para atender obligaciones que se abultan a mediados de año. En base a proyecciones del CFI, el fisco santafesino esperaba hacerse con $ 230 mil millones pero ingresaron $ 110 mil.
La decepción se produjo porque la agencia de recaudación nacional dio vía libre a las grandes empresas para descontar quebrantos relacionados con ajuste por inflación, que estaban en terreno de las controversias. Ya en abril habían visto pasar recursos coparticipables por cambios normativos en la administración de Ganancias y el IVA. Baches que se sumaron al efecto de la menor actividad económica en la recaudación.
Señales de alerta
En Santa Fe ven en estos episodios normativos algo más que un aporte que el gobierno nacional hace a las empresas a costa de la masa coparticipable. Los incluyen en la secuencia de periódicas ofensivas contra los tributos provinciales y de anuncios generales sobre cambios en la coparticipación, como el que involucra a la idea de crear un IVA compartido. “La intuición es que son parte de una estrategia, potenciada tras la elección de la ciudad de Buenos Aires, que apunta a acorralar las provincias por vía de decisiones fiscales”, analizan desde el Ministerio de Economía santafesino.
La hipótesis es que, limando la masa coparticipable y presionando para eliminar Ingresos Brutos, la Nación “privará” a los Estados subnacionales de los beneficios de una eventual reactivación. Con menos recursos y más servicios que brindar pero con más presión nacional para que hagan “el ajuste por el ajuste mismo”, los gobernadores quedarían, en este razonamiento, expuestos a mayor tensión con sus representados. “La construcción hegemónica implica dejar con déficit a provincias y municipios”, advierten. Y, a riesgo de sonar muy “pullarocéntricos”, desculan una conspiración con blanco fijo: “Santa Fe es un modelo incómodo para el gobierno nacional porque bajó el gasto en base a eficiencia pero no abandonó la inversión pública”.
En la cartera económica de la provincia vinculan a esta estrategia de acecho la idea del IVA compartido que lanzó el ministro de Economía, Luis Caputo. No porque invaliden la discusión sino porque su implementación abre “múltiples variables” que requieren mayor precisión que un título general. “Un IVA mochila que tenga en el componente provincial una tasa única, con el fisco nacional administrando la compensación de saldos fiscales es una cosa pero alentar una competencia fiscal entre provincias es mucho más complejo”, analizan.
Provincias: la mochila del IVA
Un informe del Iaraf pone a Santa Fe como uno de los distritos que saldrían derechos con el cambio. Pero habría 18 provincias que, para mantener sus ingresos, deberían elevar su parte. También habría alteraciones según el criterio de administración de saldos que se elija. Si es por destino de la operación gravada, ciudad y provincia de Buenos Aires se beneficiarían; si es por origen, podría haber un aliciente para que algunas empresas “muden” sus domicilios fiscales, como en décadas pasadas, a territorios de menor tributación.
Como las provincias más golpeadas por un eventual cambio en el IVA serían paradójicamente las más tentadas para “promocionarse” en una competencia fiscal, el análisis conspirativo no descarta que el gobierno nacional las ampare impulsando algún tipo de fondo compensador o subsidio directo. Por ahora son hipótesis construidas en base a una secuencia de hechos y declaraciones. Dentro de ella, los funcionarios santafesinos incluyen el reciente acuerdo entre el gobierno nacional y Córdoba por la deuda por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones. ¿Se empezarán a ver acuerdos bilaterales que confronten contra el multilateralismo promovido por los gobernadores que, por ejemplo, participaron en el foro organizado por el CFI en Paraná?
Si bien en el Ministerio de Economía provincial presentan esta hipótesis como parte de una disputa por los frutos de una eventual reactivación, los números muestran otra cosa. En el mejor de los casos, el rebote es lento, heterogéneo y con baches. Las propias cifras de recaudación santafesina lo cantan: los ingresos deflactados van por debajo de 2023 y además muestran un declive mes a mes.
