El gobierno provincial presentó a la Legislatura un pedido de autorización para tomar deuda. Recomprarían anticipadamente bonos emitidos de 2017 y colocarían nuevos títulos
Por Alvaro Torriglia
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.
El gobierno de Santa Fe buscará financiamiento en el mercado internacional por mil millones de dólares para financiar obras de infraestructura. En busca de autorización para llevar adelante ese proceso de colocación de bonos presentó un proyecto en la Legislatura provincial. En paralelo, también informará de los planes al gobierno nacional.
Los tiempos corren. El Ministerio de Economía santafesino pretende aprovechar la “ventana de oportunidad” que se abre hasta finales de junio para concretar la que sería la operación de crédito de mayor volumen en la historia reciente de la provincia.
La velocidad que desde la Casa Gris le quieren imprimir al operativo tiene que ver con que en julio comienzan las vacaciones de verano en el Hemisferio norte y se frena la actividad en el mercado de colocación de deuda en Estados Unidos. Cuando se reanude la actividad, empezará a correr el tramo más caliente del calendario electoral en Argentina, lo cual podría complicar las condiciones de colocación.
En el gobierno provincial dicen haber recibido señales de importantes bancos de inversión para incursionar en el mercado de bonos, en lo que sería un test para todo el sector público en el país. La historia crediticia de la provincia y su calificación, en el marco de un nivel de deuda muy bajo en términos de recursos y gastos del Estado, la colocarían en posición, junto con la Ciudad de Buenos Aires, de hacer esa experiencia sin necesidad de esperar el retorno a ese circuito del “soberano”, que en la jerga sería el gobierno nacional.
Desde la cartera económica ven la posibilidad de emitir bonos en el mercado global como una “oportunidad” para asegurar la continuidad del plan de obras públicas y otras inversiones de gasto capital que viene ejecutando a un ritmo de u$s 100 millones por mes. Actualmente, ese programa se financia con ahorro económico, la diferencia entre recursos y gastos corrientes, créditos con organismos multilaterales y los bonos emitidos a través de la Bolsa de Comercio de Rosario en el mercado local de capitales.
Con estos mil millones de dólares, monto que duplica el de la última colocación en el mercado internacional en 2017, el gobierno quiere garantizar los recursos para llevar adelante proyectos como la segunda etapa de los gasoductos regionales, la finalización del hospital regional sur de Rosario, la construcción de la cárcel El Infierno, la pavimentación de la ruta 96, la tercera vía de la conexión entre Reconquista y Avellaneda, tendidos de alta tensión y el acueducto del Gran Rosario.
A fines de la semana pasada, el ministro de Economía, Pablo Olivares, presentó la iniciativa a los senadores y diputados del oficialismo. Casi al mismo tiempo, el proyecto tomó estado de ley. A diferencia de aquel endeudamiento tomado durante la administración de Miguel LIfschitz, no habrá en este caso un listado de obras específico acordado con la Legislatura, aunque desde el gobierno aseguran que serán tomadas en cuenta las necesidades de todo el territorio provincial.
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Salir a tomar deuda en el mercado internacional, con el riesgo país por encima de los 600 puntos y sin que el gobierno nacional haya podido regresar a ese mundo que tanto conocen sus principales espadas económicas, puede sonar audaz. En la provincia estiman que hay agua en la pileta para dar el salto y confían en que el diseño de la operación permitirá obtener condiciones convenientes en el actual contexto.
Una de las zanahorias que pondrá sobre la mesa el equipo económico provincial será la recompra de los bonos emitidos en 2017 que vencen en noviembre de 2025, de 2026 y 2027. Totalizan u$s 250 millones pero esperan rescatarlos por debajo del valor nominal. Y, como parte del mismo movimiento, ofrecerían a los mismos interesados, y más allá, los nuevos títulos. Si bien estas emisiones se realizan en una suerte de licitación, en la que los plazos y las tasas se van construyendo, existe la idea de que hay espacio para fondearse a un costo menor a los dos dígitos.
Aunque la operación quedaría habilitada bajo los lineamientos de la ley de responsabilidad fiscal, una vez conseguida la autorización legislativa, el gobierno presentará el plan al gobierno nacional para que dé su OK. En la Casa Gris estiman que no debería haber problemas, porque además de ofrecerse como “testeador” de la situación del mercado de deuda privado para el país luego del blindaje del Fondo Monetario Internacional (FMI), implicaría también el ingreso de dólares para el Banco Central.
La contracara de esta especulación es la creciente tensión que la administración Milei le impone a la relación con las provincias, con anuncios como el de la discusión de un IVA mochila compartido entre Nación y provincias. Desde este lado del Arroyo del Medio analizan estos escarceos como una estrategia hegemónica de someter a las administraciones del interior por vía de un ajuste por el ajuste mismo. Pero, entienden, por ahora ese es otro plano de la discusión.