Rosario frente al poder militar: de la primavera democrática a los saqueos de 1989

Cuando Raúl Alfonsín asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 1983 la recuperación democrática aparecía como una apuesta colectiva atravesada por entusiasmo, expectativas y, al mismo tiempo, una fuerte incertidumbre. Una de las cuestiones centrales del nuevo escenario político era cómo lograr la reinserción de las Fuerzas Armadas (FFAA) en un orden institucional que se proponía romper con décadas de intervencionismo militar y responsabilizar penalmente a los uniformados por los crímenes cometidos durante la última dictadura. En Rosario este proceso se vivió de manera particularmente intensa, no sólo por la presencia del II Cuerpo de Ejército —con sede en la ciudad— sino también por el peso de una sociedad civil que había protagonizado luchas contra la dictadura y que mantenía viva la demanda de verdad y justicia. Así, las autoridades civiles, los mandos castrenses y la ciudadanía debieron negociar, confrontar y redefinir sus lugares en la nueva democracia.

Luego de la derrota en Malvinas se consolidó en la sociedad argentina un clima generalizado de rechazo al militarismo. Esto se expresó en diversas iniciativas sociales y políticas, entre ellas la creación del Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio (Fosmo), que en 1983 reunió más de medio millón de firmas contra la conscripción. En Rosario estas campañas fueron impulsadas por los organismos de Derechos Humanos, que encontraron apoyos en referentes como el obispo metodista Federico Pagura. Aun así, las propuestas de reforma del servicio militar que circulaban en el Congreso fueron congeladas por el oficialismo para evitar tensiones con las FFAA. En ese marco, el antimilitarismo social también se proyectó en la exitosa consulta popular de noviembre de 1984, donde la mayoría de la ciudadanía apoyó el Tratado de Paz y Amistad con Chile para resolver los diferendos territoriales por la zona del canal de Beagle. Rosario fue escenario privilegiado de esa movilización: el acto de cierre de la campaña por el “Sí” se realizó en el Monumento a la Bandera y reunió a quince mil personas (La Capital, 22/11/84) en defensa de la resolución pacífica de un conflicto que había sido fuente de tensiones bélicas en los años previos. Recordemos que hacia finales de 1978 y durante 1979, el presidente de facto Videla puso en marcha el “Operativo Soberanía” que implicó el desplazamiento de tropas, ejercicios militares y simulacros de guerra en distintas ciudades, incluida Rosario. La mayoría absoluta de la opción de resolución pacífica mostró que más allá de los diferendos políticos, gran parte de la población optaba por la posición antibélica.

La visibilidad de los crímenes de la dictadura resultó otro eje fundamental en el clima político de los primeros años democráticos. Desde 1982 los desaparecidos habían comenzado a convertirse en un tema central de la agenda pública y el radicalismo construyó parte de su campaña sobre la promesa de justicia. Una vez en el poder, el gobierno creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y decidió enjuiciar a las Juntas Militares. En Rosario la delegación de la Conadep logró reunir cientos de testimonios de sobrevivientes y familiares que permitieron visibilizar la magnitud del terrorismo de Estado en la región y el rol del Servicio de Informaciones de la policía provincial y del II Cuerpo en la represión.

La comisión investigadora local se vio continuamente amenazada, perseguida y vigilada por organismos de inteligencia. Esta situación se expresó en una acción, aún hoy no esclarecida, conocida popularmente como el “robo a tribunales”. El 8 de octubre de 1984 un grupo de personas asaltó las oficinas de los tribunales provinciales y sustrajo toda la documentación reunida por la Conadep local. El “robo a tribunales” mostró, por un lado, el poder real que conservaban los militares para oponerse a la estrategia de enjuiciamiento. Por otro lado, evidenció que el proyectado Juicio a las Juntas requería por parte de las FFAA un control del descontento de los niveles medios y bajos de la oficialidad militar. En esa dirección, se realizó una serie de movimientos en las jefaturas castrenses. El 5 de marzo de 1985 el general Héctor Ríos Ereñú se convirtió en el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército, reemplazando al general Ricardo Pianta, pasado a retiro por reclamar abiertamente la amnistía militar. En el comando del II Cuerpo fue designado el 8 marzo el general de brigada Jorge Gorleri, reemplazando al cuestionado general Pino. El Juicio a las Juntas, que culminó en diciembre de 1985 con condenas ejemplares a los comandantes, fue un hito en la historia democrática. No obstante, el “punto 30” de la sentencia habilitó el juzgamiento de centenares de responsables operativos, ampliando el conflicto con sectores de las FFAA aún activos.

Rosario, entre inundaciones y rebeliones militares

En abril de 1986 la ciudad fue golpeada por una de las peores y más recordadas inundaciones en su historia. Entre el 23 y el 25 de abril de 1986 el desborde de los arroyos Saladillo, Ludueña y Frías anegó numerosos barrios de las zonas oeste, norte y sur de la ciudad, así como localidades vecinas. Tradicionalmente el II Cuerpo de Ejército participaba en forma activa en las reiteradas inundaciones que se registraron en las provincias bajo su jurisdicción. Sin embargo, en esta ocasión la gestión de la emergencia estuvo en manos de autoridades civiles y organizaciones sociales, lo que marcó un contraste con el protagonismo que tradicionalmente reclamaban los militares en este tipo de situaciones. El 28 de abril de 1986, llegó a Rosario el teniente general Ríos Ereñú, máxima autoridad del Ejército. Sin embargo, la visita del jefe del Estado Mayor no estuvo motivada sólo por la catástrofe: respondía al creciente malestar militar frente a los procesos judiciales.

El 25 de abril de 1986 se dieron a conocer las “Instrucciones a los Fiscales”, un intento del Ejecutivo por acelerar las causas en marcha y limitar al máximo los juicios de quienes “habían cumplido órdenes”. La situación de descontento militar era tal que el general Ríos Ereñú viajó a Rosario para reunirse con el comandante Jorge Eduardo Gorleri a fin de tratar “el llamado `punto final” al igual que la situación profesional dentro ejército” (La Capital, 27/04/86). Sin embargo, en los meses posteriores la situación al interior del II Cuerpo estaba muy lejos de haberse tranquilizado. Las instrucciones a los fiscales no tuvieron el efecto esperado y las causas se seguían sumando. Ante esta situación el comandante Gorleri se rebeló. En septiembre de 1986 declaró que “no permitiría bajo ninguna circunstancia” que se juzgara a “jefes, oficiales, suboficiales o civiles” bajo su mando (La Capital, 02/09/86). Esta posición determinó que se lo pasara a retiro y se designó en su reemplazo al general de brigada Ernesto Alais. La elección de Alais con el tiempo se mostró igualmente insuficiente, como veremos más adelante.

A fines de 1986, la sanción de la ley de Punto Final intentó clausurar el ciclo de enjuiciamientos. La norma buscaba frenar las causas, pero generó el efecto contrario: cientos de oficiales fueron procesados en pocas semanas, superando ampliamente las previsiones del gobierno. Esta tensión desembocó en los levantamientos carapintadas. Entre 1987 y 1988 se produjeron tres rebeliones encabezadas por Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín. Los levantamientos carapintadas fueron vividos por la mayoría de la población con profundo dramatismo. Los tanques en las calles, la exhibición de armas, los enfrentamientos y los rumores de golpe de Estado impactaron en el ánimo social con una profundidad que no debe ser olvidada.

La primera rebelión, en Semana Santa de 1987, conmocionó al país entero. El Ejército dudó en reprimir, mientras la sociedad civil se movilizaba en defensa de la democracia. En Rosario, el Concejo Municipal se convirtió en centro de resistencia política y más de veinte mil personas marcharon hasta el Monumento a la Bandera en respaldo al orden constitucional. Contrariamente, al interior de las FFAA predominaba la negativa a reprimir de las unidades cercanas a Campo de Mayo, situación que quedó inmortalizada en la memoria colectiva con la “lentitud” del general Alais quien durante todo el conflicto “estuvo llegando”. Aunque Alfonsín logró un acuerdo que permitió la rendición, debió negociar el pase a retiro de Ríos Ereñú y cambios en la conducción del Ejército. A nivel local esto se expresó en la salida de la comandancia del II Cuerpo de Alais, quien fue reemplazado por el general Juan Ramón Mabragaña el 22 de abril de 1987.

La aprobación de la Ley de Obediencia Debida en junio de 1987 significó un retroceso. Desprocesó a responsables locales de la represión y debilitó la legitimidad del radicalismo frente a amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, la norma no detuvo las rebeliones. En enero de 1988, Rico volvió a sublevarse en Monte Caseros, aunque con menor apoyo. En diciembre de ese mismo año, Seineldín lideró la “Operación Virgen del Valle”, que culminó con muertos, heridos y un pacto intramilitar para resolver la crisis. El general Cáceres, quien había tenido un papel clave en esa negociación, se convertiría poco después en un actor central en Rosario.

Foto: Archivo La Capital

Rosario y los militares durante los saqueos de 1989

A fines de mayo, en un contexto de hiperinflación, crisis política y con Menem ya electo presidente, la ciudad se convirtió en epicentro de saqueos masivos. Miles de personas participaron en la toma de supermercados y comercios, en un estallido que desbordó a las fuerzas de seguridad. El saldo fue trágico: 1.300 detenidos, casi un centenar de heridos y cinco personas muertas. En la represión de los saqueos se constató que la subordinación de los militares era aún una tarea pendiente y que ciertas prácticas del accionar de la dictadura todavía eran una realidad. También que, para las autoridades democráticas, las medidas de excepción —como el estado de sitio— y la utilización de agencias de inteligencia militares seguían siendo un recurso disponible para contener el conflicto social, aunque la Ley de Defensa de 1988 las prohibía.

Luego de la declaración del estado de sitio, el 30 de mayo, la ciudad se militarizó. La zona norte fue asignada a la Prefectura, la zona sur estuvo a cargo de Gendarmería y el resto de la ciudad fue patrullada por las policías. Las formas de la represión y el estado de militarización resonaban aún en la memoria colectiva de lo acontecido durante la última dictadura: los desplazamientos militares, los vuelos de helicópteros, la policía con los rostros cubiertos, los autos sin patentes o tapadas, el uso de establecimientos civiles como lugares de detención. Pero no sólo era una asociación de la memoria: en aquellos momentos se discutió la utilización de las FFAA en la seguridad interna.

En esos días circularon rumores insistentes sobre participación militar en los hechos, en particular que el II Cuerpo había practicado ejercicios para enfrentar saqueos, lo que constituía una violación directa de la Ley de Defensa sancionada en 1988. También se mencionó la realización de tareas de inteligencia interna, algo expresamente prohibido por la normativa. Aunque la ley restringía el uso de las FFAA en conflictos internos, diversos decretos presidenciales previos flexibilizaron esos límites, habilitando en los hechos su intervención en la represión. El papel del general Cáceres durante los saqueos consolidó su figura pública. Pocas semanas después fue designado jefe del Ejército por Carlos Menem. Su ascenso simbolizaba la estrategia de “seducción” hacia los militares que caracterizó al gobierno menemista: una combinación de concesiones —como los indultos a represores y carapintadas— y demostraciones de autoridad, como la represión del último levantamiento carapintada en 1990. En este contexto Rosario volvió a ser escenario de esta política. El 30 de septiembre de 1989 Menem eligió la ciudad para repatriar los restos de Juan Manuel de Rosas, en un acto cargado de simbolismo que buscaba transmitir la idea de reconciliación nacional. Poco después, figuras clave de la represión en Rosario, como Ramón Díaz Bessone, Leopoldo F. Galtieri, Luciano A. Jauregui y Juan Carlos Trimarco, fueron beneficiadas con los indultos presidenciales.

(*) Historiadora (Clihos–UNR)