Pueblos originarios exigen políticas para sus barrios

"Vamos perdiendo. Perdiendo la cultura, la lengua, la educación, derechos, a los chicos y a las chicas", dice Ricardo López, uno de los representantes de las 20 comunidades de pueblos originarios que integran el Consejo de Coordinación y Participación de la Dirección de Pueblos Originarios, que funciona en el ámbito del municipio; y así describe la situación de "abandono, hacinamiento y vulneración" en la que viven las comunidades originarias distribuidas en más de 14 barrios, todos ellos en la periferia de la ciudad.

El Consejo —que hoy volverá a reunirse en el Distrito Noroeste— es un espacio que se sostiene a partir de la ordenanza aprobada hace casi tres años. Pese a todo ese tiempo, "está todavía sin reglamentar y la Dirección de Pueblos Originarios es un área sin presupuesto", recalca Miguel Medina, dirigente de Juan José Paso y Travesía.

Cansados de llevar "de oficina en oficina", necesidades, proyectos y propuestas, recalcan que "no hay acciones ni políticas concretas para los pueblos originarios" y elevan el reclamo de respuestas a los tres niveles del Estado, planteando necesidades básicas y una reparación histórica .

El déficit habitacional y las condiciones de hacinamiento en las que vive la mayor parte de las comunidades, la deserción escolar, la caída del programa de tutores interculturales en las escuelas, falta de agentes sanitarios interculturales, la violencia y el consumo de sustancias son las problemáticas que, como muchos de los barrios, los atraviesan, pero, aseguran, se agudizan en sus comunidades.

"De indígenas hemos pasado a indigentes, esa es la política de Estado que conocemos", señala López que, con 35 años y en representación de una de las comunidades de Rouillón al 4400, destaca el recorrido de sus pares más grandes.

En cuestión. El censo realizado en 2014 sobre 1.279 viviendas, que habla de 6.521 ciudadanos rosarinos pertenecientes a comunidades originarias es una de las bases de información que tiene la nueva dirección a la hora de generar políticas. Sin embargo, los propios representantes de las comunidades aseguran que "hay sectores que no han sido registrados, como el de Cerrito y Lima, y además hay problemáticas que no se incluyeron y que son centrales, como el déficit habitacional".

En ese punto, sin dudar, Cristina Choque, de la comunidad coya, no duda en decir que "el censo puede servir al municipio como acción política, pero no puede servir para direccionar ninguna política indígena ni para tener una idea cierta de las necesidades que las atraviesan".Los dirigente estiman que "el 70 por ciento de las familias de las comunidades viven en condiciones precarias, y esto significa: viviendas sin baño y sin servicios básicos como el agua, que obliga a buscar agua potable en canillas a tres cuadras".

Pese a que en el propio sitio web del municipio se plantea la realización de "planes de vivienda específicos, la Nación, la provincia y el municipio no tienen una sola política de vivienda para estas comunidades", dice Medina.