El acercamiento de la fecha de caducidad de aquellas causas instruidas en el viejo sistema penal llevó a la Fiscalía de Cámaras de Rosario a elaborar un informe sobre el estado de los expedientes abiertos a oficiales superiores de la policía provincial por enriquecimiento ilícito a fin de que los mismos se mantengan activos y no vayan a parar al cajón de los recuerdos. Actualmente, según ese documento, se mantienen en trámite investigaciones contra 15 comisarios (muchos de ellos ya retirados) de las cuales ninguna ha ingresado en la etapa de juicio.
Las alternativas sobre estas investigaciones cobraron máxima vigencia esta última semana por dos motivos: la detención del ex jefe de la policía de la provincia Rafael Grau, acusado de ser parte de una asociación ilícita dedicada a cometer fraudes económicos en el ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado; y el reclamo que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Daniel Erbetta, para que se resuelvan "con celeridad" aquellas causas penales en las que estén involucrados agentes y jefes policiales, algo en lo que la propia Corte ha demostrado una demora a veces incomprensible aunque eso se deba a las trabas interpuestas por las defensas mediante recursos constitucionales y a la burocracia demostrada por las entidades que deben aportar información sobre bienes o inversiones de los uniformados bajo investigación.
En ese marco, quien más cerca se encuentra de llegar a un juicio acusatorio es el ex comisario mayor Hugo Giuliano, que como jefe de la extinta Agrupación de Unidades Especiales (AUE) ocupó el tercer escalón más alto de la Unidad Regional II durante el gobierno de Jorge Obeid y estuvo al frente de dos departamentales del sur de Santa Fe. La causa de este alto oficial es un trámite procesal interminable. Se inició en 2004 cuando Apropol, el gremio policial no reconocido, lo denunció públicamente y ante la Justicia.
Una perito contable de la Corte Suprema afirmó en su momento haber llegado a conclusiones semejantes a las que por entonces había alcanzado la Oficina de Investigaciones Patrimoniales de la Dirección de Asuntos Internos, la repartición que primero lo investigó y que sostenía que el oficial tiene un conjunto de bienes mucho mayor al que pudo demostrar con sus ingresos lícitos.
La causa estuvo abierta por años sin que Giuliano fuera citado a indagatoria, e incluso hubo dos sobreseimientos revertidos sólo por la repercusión negativa que tuvo su divulgación pública. Tras una orden de la Cámara Penal, el juez Juan Andrés Donnola procesó al ex jefe policial en 2014. El avance de la causa estuvo trabado, según diversas fuentes judiciales, por una avalancha de recursos planteados por el abogado del oficial, Carlos Edwards, lo que generó irritación en las oficinas tribunalicias y el pedido enérgico del fiscal de Cámaras Guillermo Corbella para que el imputado "termine pagando puntualmente los costos de la dilación". En ese sentido, los recursos fueron siempre rechazados por inadmisibles. Ahora el caso se encuentra a las puertas del juicio. Giuliano solo debe decidir si quiere ser juzgado por un tribunal colegiado o por uno unipersonal.
Vínculos narcos
Todas las demás causas abiertas se encuentran en etapa de instrucción. Una de las más conocidas es la que afronta el ex jefe de la Unidad Regional II Néstor Arismendi, quien alcanzó ese cargo durante la gestión de Antonio Bonfatti en 2013. La investigación acusatoria le atribuyó haber adquirido propiedades que ponía a nombre de terceras personas para evitar problemas legales. Un nombre que aparece como propietario formal de cuatro viviendas compradas por Arismendi en un edificio de Maipú al 900 es, por ejemplo, un hijo del condenado traficante de drogas Leonardo Popea.
El oficial niega en forma rotunda los cargos de enriquecimiento ilícito. Manifiesta que sus posesiones son muchas menos que las que se le atribuyen, que están legalmente declaradas y que no disimuló ninguna otra mediante la delegación a terceros. Actualmente la fiscal Alejandra Rodríguez lo acusó y el trámite está en condiciones de ser resuelto por la jueza Delia Paleari.
En negro y amarillo
Una causa que estaba camino al archivo pero quedó frenada es la que implicó al ex jefe de Unidad Regional II y titular de la fuerza a nivel provincial entre 2009 y 2011 en coincidencia con la gestión del ministro de Seguridad Alvaro Gaviola, Daniel Toledo. A este alto oficial le abrieron sumario con conocimiento de Instrucción 4ª el 27 de noviembre de 2008, mientras era jefe de la policía de Rosario. El mismo día de 2008 corrió la misma suerte el comisario Gustavo Spoleti, quien fue jefe de la ex Dirección de Drogas Peligrosas de Rosario y titular de la Agrupación de Unidades Especiales de la Regional XVII (San Lorenzo).
Tanto el sumario de Spoleti como el de Toledo están terminados desde hace unos diez días, con lo cual se espera que sean elevados a la Justicia para la correspondiente indagatoria, en la que podrán ejercer su acto de defensa. En el caso de Toledo, le adjudican una flotilla de taxis y un campo en Entre Ríos. A Spoleti, quien fue jefe de la efímera Patrulla Urbana surgida tras el amotinamiento policial que siguió al crimen del policía Diego Navarro (en 2005) y luego recaló en la comisaría 2ª de Capitán Bermúdez, también le adjudican varias propiedades.
El pasado 1º de agosto, en otro de los expedientes en ciernes, la Fiscalía presentó un escrito instando a la Justicia que bajo apercibimiento de ley oficie al Sindicato de Peones de Taxis de Rosario para que responda un oficio oportunamente enviado en el marco de la causa Nº 50/09.
Ese expediente es el correlato de la investigación que se le sigue al comisario retirado Juan Alberto Quesada desde 2006 como propietario de una flota de autos de alquiler cuya adquisición habría sido imposible con sus ingresos. El último destino de este alto oficial fue la Jefatura de la Unidad Regional X (departamento Iriondo) y la Municipalidad de Rosario, en su momento, ya respondió al pedido de la Justicia.
Otro de los expedientes bajo la lupa judicial es el Nº 848/08 que se le abrió al comisario Daniel Gerardo Moscatelli, quien había ocupado cargos en distintas regionales, como la jefatura de Investigaciones en la Unidad Regional IV (departamento Caseros) previo a su designación como subjefe de la Unidad Regional III (Belgrano) con sede en la ciudad de Las Rosas. La Dirección de Asuntos Internos lo investigó por presunto enriquecimiento ilícito y lo citó a justificar sus bienes, algo que no pudo hacer. Su caso fue elevado a la Justicia en enero de 2012 tras seis años de investigación administrativa. Los últimos movimientos de la causa ocurrieron el año pasado. En junio de 2016 se sumaron informes periciales y en diciembre la causa llegó al despacho del juez interviniente para que resuelva la correspondiente situación procesal.
No obstante, extraoficialmente se dijo que desde Tribunales se instó a la perito arquitecto que debe valuar las propiedades de Moscatelli para que eleve su informe a fin de cerrar esa etapa de la causa.
Un largo peregrinar
Otro de los casos observados es el del comisario José Luis Ramonda, quien fue numerario de la División Judiciales de la Unidad Regional II y uno de los policías que ingresaron ilegalmente a la casa que el asesinado narco Luis Medina tenía en un country de Pilar en busca de supuestas pruebas. A este oficial Asuntos Internos le abrió una investigación en marzo de 2007 y la elevó a la Justicia en junio de 2008. Siete años más tarde se le agregó el primer informe pericial de una contadora y en diciembre pasado, estando el expediente a la vista de la Fiscalía de Cámaras, surge que al policía le tomaron declaración informativa y dos ampliaciones de la misma, pero no se lo ha citado a audiencia imputativa.
Asimismo se ordenó una pericia contable a los bienes de la cónyuge de Ramonda, quien hasta el momento "no ha sido localizada" según un informe oficial.
También se encuentra en trámite pericial el expediente correspondiente al oficial retirado Heraldo Marcelo Oriolani. Y una de las denuncias que más relevancia tiene es la que presentó el fiscal Carlos Covani en cuanto a la investigación sobre el ex jefe de la policía provincial Cristian Sola; su subjefe, José Luis Romitti; y el actual jefe Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, Alejandro Druetta.
Del sistema de consultas penales surge que en el transcurso de 2016 se contestaron diversos oficios en torno a las investigaciones a esos tres altos jefes, trámite que sigue adelante y que en junio pasado tuvo la última providencia de parte del fiscal.
Otros viejos jefes
No es ajeno a todas estas investigaciones el patrimonio del ex jefe de la policía santafesina Ricardo Daniel Cáceres, el hombre que el socialismo heredó de la gestión de Jorge Obeid. La causa administrativa por su presunto enriquecimiento ilícito está en situación de "trámite" con auxilio judicial. En 2016 se designó a la contadora que actúa como perito y la última actuación realizada en la causa fue un escrito de esa profesional presentando su informe.
Respecto a Osvaldo Raúl Bejarán, quien se retiró como comisario en septiembre de 2008 a poco de que le abrieran el expediente administrativo, su causa fue elevada a juicio el 6 de junio del año pasado. La última actuación de la misma fue un escrito en el juzgado de Instrucción a los fines de requerir a la jueza a cargo del expediente que lo remita a plenario "atento al exceso del tiempo transcurrido desde que se realizó la requisitoria de elevación a juicio".
Otro policía retirado que aún es investigado por su presunto enriquecimiento ilícito es José Luis Juárez, quien llegó a ser jefe de la Brigada de Homicidios de la Unidad Regional II y se retiró en junio del año pasado. Asuntos Internos le abrió una investigación por aumento patrimonial presunto en septiembre de 2008 y el 1º de agosto último se presentó en el juzgado pertinente un escrito a los fines de requerir a la perito oficial que presente el informe solicitado atento a que se cumplimentaron los oficios requeridos oportunamente.
El comisario mayor Daniel Pintón fue el habilitado de la Unidad Regional II (Rosario) y Asuntos Internos lo investigó por el crecimiento patrimonial elevando las actuaciones a la Justicia en septiembre de 2012. Antes de ser designado como habilitado Pintón sólo poseía un inmueble producto de una sucesión familiar pero su patrimonio creció luego de su designación en la UR II. Ya fue indagado por la Justicia, ante quien negó las imputaciones, y el expediente ya está a resolución de la jueza.
El último de los casos bajo la lupa es el que corresponde a Rodolfo Romero y su cónyuge, Laura Nora Magaró. Romero se retiró con el grado de comisario mayor y su causa administrativa se abrió en junio de 2007, aunque recién se elevó a la Justicia en diciembre de 2012. En Asuntos Internos no pudo justificar cómo hizo para adquirir varios bienes con su sueldo de policía. Junto a su esposa es dueño de una agencia de seguridad privada contratada por la Municipalidad de Rosario en la actual gestión y también presta servicios en algunas reparticiones provinciales, lo que despertó el rechazo de la oposición en el Concejo rosarino a través de pedidos de informes del Frente para la Victoria.
Ese bloque radicó una denuncia en la que se describen las licitaciones directas de las que resultó beneficiada la empresa de seguridad e implican al abogado Fabián Medizza, representante legal de la empresa de Romero, quien cumplió funciones en la Legislatura como asesor de Mónica Fein y de Miguel Lifschitz cuando fue senador. El profesional, sobre el cual la fiscal Cristina Herrera quiere profundizar la investigación, hoy es funcionario en la Caja de Jubilaciones de la provincia.
La pericia contable sobre los bienes de Romero ya está confeccionada y la semana pasada fue presentada en el juzgado a los fines de ser agregada en la causa, a lo que la fiscal pidió una audiencia con la profesional a los fines de ampliar la misma y solicitarle aclaratoria de varios items.
