El presidente de Brasil, Michel Temer, reiteró ayer que no dimitirá por el actual escándalo de corrupción, y pasó a la ofensiva exigiendo la suspensión de la investigación judicial contra él, por sospechas de que un audio presentado como prueba esté manipulado. "Esa grabación clandestina fue manipulada y adulterada con objetivos completamente turbios", dijo Temer, en un combativo pronunciamiento en el Palacio de Planalto, el segundo desde que estalló el escándalo el pasado miércoles, cuando se dio a conocer una denuncia del empresario Joesley Batista.
Temer dijo que fue sacada de contexto la frase en la cual dice que "hay que seguir haciendo eso" que según el fiscal general, Rodrigo Janot, avala el pago de sobornos que JBS le hace al ex diputado Eduardo Cunha, preso en la operación Lava Jato, supuestamente para comprar su silencio. Medios brasileños habían reportado, antes del discurso, respecto a una posible edición de la grabación presentada por Batista como prueba en su denuncia contra el presidente.
Una nota en el diario Folha de Sao Paulo, incluso, refería a "50 ediciones". "Lo digo con toda seguridad: Brasil no se saldrá del camino. Continuaré al frente del gobierno", aseguró Temer al final de su alocución. Luego, como el mismo mandatario anticipó, sus abogados ingresaron al Supremo Tribunal Federal (STF, la más alta corte del Poder Judicial) el pedido para que se suspenda la investigación.
El mandatario atacó a Batista, dueño del gigante del sector de la carne JBS. El empresario de 44 años es también investigado por corrupción y pactó una colaboración con la Justicia para obtener beneficios en su caso, en una de las llamadas "delaciones premiadas". Cometió el "crimen perfecto y ahora vive en Estados Unidos", lo acusó Temer y apuntó a un posible delito financiero. "Antes de divulgar la grabación, él compró 1.000 millones de dólares, ya que sabía que el mercado cambiario iba a entrar en caos. Además, previamente, vendió acciones de JBS, conociendo que éstas iban a caer". Estos hechos están siendo investigados por la Comisión de Valores Mobiliarios, advirtió luego.
Batista, efectivamente, dejó Brasil el 10 de mayo rumbo a Nueva Jersey, luego de prestar el testimonio que sería divulgado días más tarde. La empresa JBS admitió que compró dólares antes de que el escándalo estallara, aunque, según ellos mismos dijeron, lo hicieron en razón de la política económica de la empresa.
Las investigaciones contra Temer abarcan varias acusaciones aparte del audio que el mandatario presume "manipulado". Batista lo acusó entre otras cosas de pedir sobornos a JBS desde 2010 y de haberse reunido varias veces con él desde entonces. En otra denuncia, Roberto Saud, directivo de JBS, aseguró que el mandatario recibió 15 millones de reales (4,6 millones de dólares) para la campaña electoral de la ex presidenta Dilma Rousseff en 2014, y que se quedó con un millón de reales de ese dinero.
El escándalo que desató una crisis política mayúscula en Brasil comenzó el miércoles, cuando se dieron a conocer unas grabaciones en las que supuestamente el actual mandatario habría dado el visto bueno respecto a un soborno. En el audio divulgado, Temer parece dar el aval para que Batista continúe comprando el silencio del ex diputado Eduardo Cunha, correligionario de Temer y ahora encarcelado por la megacausa de corrupción conocida como "Lava Jato" ("Lavado de autos"). Tras la divulgación de los audios, el mandatario quedó en una situación muy delicada y las versiones sobre su salida del Ejecutivo, sea por renuncia o por un complicado proceso de destitución, ocupan desde entonces el centro de la escena en Brasil.
Deserciones de aliados
Poco antes del discurso, la gobernabilidad de Temer se vio afectada al abandonar la base parlamentaria el Partido Socialista Brasileño (PSB), que reclamó la renuncia del mandatario y pidió nuevas elecciones. La pérdida de los siete senadores y 35 diputados socialistas que estaban en la coalición significa que los ambiciosos planes de Temer de reformar el sistema de pensiones y las leyes laborales del país tienen aún menos probabilidades de aprobación.
Otro afectado por las delaciones de JBS es el senador Aécio Neves, suspendido del cargo por el STF por obstrucción de la justicia y grabado pidiendo unos 650.000 dólares de sobornos a los hermanos Joesley y Wesley Batista. El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Neves, cuya hermana y primo fueron detenidos, es el único sostén de peso. La fuerza del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) busca una salida negociada que evite elecciones directas.
El PSDB y otros partidos como el conservador Demócratas articulan un nombre de consenso para una eventual transición con elección indirecta del Congreso en caso de renuncia de Temer: el nombre más citado es del ministro de Economía, Henrique Meirelles, considerado un garante del plan económico de austeridad y reformas. Ocurre que antes de ser llamado por Temer para el cargo, Meirelles fue justamente director de JBS, la empresa que hizo las escuchas a Temer y la que puso al jefe del Estado al borde del precipicio político y jurídico, sobre todo si pierde los fueros.
"Lava Jato" puso en jaque a gran parte de la clase política brasileña desde que empezaron las investigaciones hace más de tres años, centradas inicialmente en una red de sobornos en torno a la petrolera estatal Petrobras. Decenas de empresarios y políticos están acusados por el caso. Entre los que deben responder ante un juez está también el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ayer mismo, y antes de la conferencia de Temer, se manifestó públicamente sobre el nuevo escándalo y pidió elecciones directas (ver página 36).
Luego del discurso, Temer invitó a sus aliados políticos a comer feijoada (plato típico brasileño compuesto mayoritariamente por frijoles negros).
En la mira, una venta de submarinos franceses
La Justicia francesa investiga el presunto pago de sobornos ligados al gigantesco contrato de venta de submarinos a Brasil firmado en 2008, indicó ayer el sitio en línea del diario francés Le Parisien. Una fuente cercana al caso confirmó la existencia de una investigación por sospecha de actos de corrupción en la venta de sumergibles, pero sin dar mayores precisiones. La fiscalía nacional financiera (PNF por su sigla en francés) se negó a confirmar o desmentir la información.
La investigación por sospecha de "corrupción de funcionarios públicos extranjeros" gira en torno del contrato de venta de cuatro submarinos de ataque Scorpene, firmado en diciembre de 2008 en Brasil por el presidente francés Nicolas Sarkozy y Luiz Inácio Lula da Silva. El acuerdo, por 6.700 millones de dólares, incluía una importante transferencia de tecnología a Brasil.
El Scorpene es un submarino convencional, de última tecnología, fabricado por los astilleros franceses DCNS en cooperación con el industrial español Navantia. Chile tiene dos de esos submarinos, al igual que Malasia. India por su parte adquirió seis de los cuales ya recibió tres.
La investigación, según el diario Le Parisien, gira en torno de pago de presuntos sobornos, y a continuación retrocomisiones. La jefa de la fiscalía nacional financiera, Eliane Houlette, estuvo hace poco en Brasil al frente de una delegación de la que también participó Thomas de Ricolfis, jefe de la policial oficina anticorrupción (Oclciff).
El 9 de mayo el procurador general de Brasil, Rodrigo Jano, al referirse a la visita de los franceses, había evocado en un comunicado la posibilidad de desarrollar investigaciones conjuntas sobre "casos concretos" de corrupción que "afectaban a ambos países".
Brasil esta sacudido por acusaciones de corrupción a repetición que han afectado a los tres últimos presidentes: el actual Michel Temer y sus dos predecesores, Lula (2003-2010) y Dilma Roussef (2010-2016).
