Javier Milei cerró su primer mes como presidente con un 25,5% de inflación. Una cifra que más que duplica el peor registro mensual de su antecesor, lo que no es poco. “Un éxito tremendo”, dijo el jefe del Estado antes de contrastarla con las distópicas proyecciones que surgen de su propio galimatías analítico.
La nueva velocidad de aumento fue impulsada por el salto cambiario de 118%, el desmantelamiento de los controles y acuerdos de precios y la primera tanda de liberación de tarifas. No es parte de la herencia sino de decisiones políticas de la nueva gestión, que como lo señaló el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz en su último informe de coyuntura, parece muy interesada en licuar del poder adquisitivo del peso, quizás pensando en una próxima dolarización.
La trayectoria del salario aporta evidencia al respecto. La segunda mitad del informe analiza la situación reciente del mercado laboral argentino. “La gran devaluación del 13 de diciembre pasado, sumada a la secuencia de aumentos en el precio de los combustibles, están produciendo una caída inédita en los salarios reales, cercana al 8% relación a noviembre y del 13% respecto de octubre, ubicando las remuneraciones de los trabajadores en los menores niveles de casi veinte años y un 27% por detrás del pico de 2015”, señaló Fabián Amico, coordinador del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET). Al tercer trimestre de 2023 se encontraron en promedio 1,5% por debajo de fines de 2019 y 20% por detrás de principios de 2018, previo a la crisis cambiaria.
La demolición del rendimiento de los ahorros en pesos que lleva adelante el Banco Central, despegando la tasa de interés de la dinámica inflacionaria, suma otro elemento. Los caminos que traza el gobierno conducen al dólar. Así, el comienzo del nuevo año asistió al despegue de las cotizaciones paralelas y de la brecha cambiaria.
Esta carrera generó inquietud sobre la sostenibilidad del esquema cambiario planteado por el ministro de Economía, Luis Caputo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, conectó el centro y culpó al Congreso y la oposición de alimentar esa incertidumbre, al no convalidar inmediatamente y cortapisas el DNU y el proyecto de ley ómnibus, una ensalada multiverso de mil artículos, de los que sólo algunos tienen relación directa con los movimientos del dólar.
Más allá de la pirotecnia, la duplicación de la brecha cambiaria respecto de diciembre fue funcional a que los Bopreal, el bono libertario destinado a estatizar la deuda comercial por importaciones y convertir pesos en dólares a futuro, finalmente despegara en su tercer intento. Había sido ignorado en dos licitaciones. El jueves recogió ofertas por más de mil millones.
Menos inquieto que los “mercados”, el Fondo Monetario Internacional (FMI) compró, con algunas prevenciones, el programa político explícito en el paquetazo legislativo de Milei. Le dio respaldo público, pidió consenso a la oposición y aseguró que, si el directorio lo aprueba, adelantará los desembolsos por u$s 4.700 millones para pagar vencimientos con sí mismo hasta abril. No hubo nuevo acuerdo, ni plata extra. Sólo se pidió perdón y se reencauzaron las metas incumplidas de 2023, con la promesa de un ajuste durísimo, que es el que anunció Caputo en su primer discurso.
Música para los oídos del Fondo, una palmada para el ministro de Economía, que en el medio intentó hacer pasar el acuerdo como una refinanciación de un supuesto crédito tomado por Alberto Fernández. “Toda la deuda, cada dólar, fue tomada por Mauricio Macri, nosotros sólo refinanciamos esa deuda impagable”, respondió Martín Guzmán a la fake news.
Con el Fondo como auditor, los aliados del gobierno en el Congreso y la oposición amigable transpiraron para poner algo de orden a la estrategia parlamentaria oficialista. Como quien enseña las reglas de juego a un rival, condujeron el paquetazo a una situación en la que está en condiciones de ser discutido y, eventualmente, aprobado. Si será la fórmula original o sus retazos, se verá.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, negocia a brazo partido con los gobernadores, que a su vez se abroquelan para defender a los distintos sectores empresarios de sus provincias, afectados por las disposiciones del combo legislativo.
Las primeras objeciones y modificaciones al plan original vinieron de los complejos empresarios vinculados a economías regionales. El pesquero, el de biocombustibles, los yerbateros, el cluster del maní, los azucareros y los algodoneros, entre otros, recorren los pasillos de la cartera de interior llevando reclamos e inquietudes. En el complejo agroalimentario, que en principio aparece como aliado natural del gobierno, asoman fisuras. Algunas de ellas, como la de la yerba mate, se parecen a los conflictos de los años 90.
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Mientras tanto, la protesta salarial y social, en cambio, se anuda en la calle, mediante la convergencia de las distintas organizaciones sindicales, sociales y multisectoriales. Tras la pausa de fin de año que sucedió a los cacerolazos y las marchas pos DNU se retomaron las movilizaciones. El cacerolazo de los trabajadores de la cultura fue masivo, y el abrazo al Banco Nación, en rechazo al intento de privatización, mostró una protesta unitaria de los sindicatos. El lunes habrá jornada nacional de protesta de los trabajadores del Estado. El norte es construir una gran demostración de fuerza el 24 de enero, fecha del paro nacional convocado por las tres centrales sindicales.