>>Leer más: Rosario 2022: 15 puntos para entender el año más sangriento
Abril marcó el quiebre cuando la locura mostro su peor rostro al ser el mes con el mayor número de muertos en ocasión de homicidio; 36 personas dejaron de serlo por acción de los “gatilleros”, chicos marginales que por 50000 pesos, se transformaban en el instrumento letal del que disponían los lideres encarcelados.
En el mes de agosto del año 2021, Guille Cantero, líder de la banda de los monos, lo adelantaba como algo natural, a la pregunta que un tribunal que lo juzgaba por un sinnúmero de delitos, le hacía sobre su oficio, este respondía que su profesión es contratar "sicarios para tirar tiros a jueces". No alcanzo para prevenir lo que se adivinaba, sucedería.
Dos días después de su brutal confesión, en el marco de una investigación por diversos delitos gestionados desde la cárcel de Marcos Paz, al allanar el Modulo II de dicho establecimiento Penitenciario, el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires(que intervino en el procedimiento a solicitud de la Unidad de Flagrancias de Rosario), se sorprendió al descubrir que Cantero, tenía un aparato de telefonía fija con su respectiva línea, dentro de su celda. No era muy difícil especular con que las actividades delictivas con su secuela trágica, medida en vidas humanas truncadas, se elevaría con el correr de las horas, días, meses.
Y llegó mayo, sin respiro para los ciudadanos de Rosario, a quienes nadie podía (¿puede?) garantizar su seguridad. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptando la convocatoria de AJUFE (asociación de Jueces y Juezas Federales), se reunieron en esta ciudad, desde donde emitieron un contundente mensaje, en cabeza de su presidente, Rosatti, quien manifestó” … “La generación y administración del miedo y la infiltración son fórmulas del crimen organizado y ante el miedo decimos: ´acá estamos. No se puede permitir que la cárcel controle la calle. Hay que hacer inteligencia inteligente en las prisiones y dentro del marco democrático para que eso no suceda”.
A la luz de los hechos y ya en este nuevo año, advertimos que el eco hallado ante el pedido del supremo, fue rápido pero no suficiente, dado que, solo dos días después del mensaje enviado por el poder judicial, fue creada la Unidad Especial para Balaceras y Extorsiones, dependiente
de la Agencia de Investigación Criminal (A.I.C.), La unidad creada en este ámbito, se percibió como la reacción de una administración que no termina de acertar en la gestión de la seguridad Ciudadana.
Pero las balaceras llegaron para quedarse y así se fueron dando en clubes de barrio, estaciones de servicio, locales gastronómicos, edificios judiciales, cárceles provinciales y federales, escalando a escuelas donde como es obvio concurren niños y sedes de medios periodísticos de la ciudad.
El horror en cifras
Las muertes en ocasión de homicidio no han parado en la zona de Rosario y su área de influencia; lo perverso de ello es que se ha incrementado no solo en el número, sino que también los actores que involucra.
El año 2022, cerro con un total de 286 homicidios, de los cuales 33 fueron menores de 18 años de edad y 55 fueron mujeres. Este dato revela que la brutalidad indiscriminada, desatada por estas bandas, opera por fuera de los viejos códigos de las sociedades carcelarias. Un dato no menor ya que significaría un quiebre de final abierto en las futuras convivencias intramuros, pues los niños y las mujeres para los delincuentes, hasta hace no mucho tiempo, eran sagrados.
>>Leer más: Vidas truncadas: quiénes eran los chicos rosarinos asesinados por la violencia urbana
Como señaláramos en párrafos anteriores el mes de abril fue el de mayor registro de homicidios con un total de 36 hechos, seguido por el mes de agosto con un registro de 31 homicidios, septiembre con 27 y el mes de mayo con 25.
Los lugares del Departamento Rosario donde se registraron estos homicidios fueron los siguientes Rosario 249 homicidios, Villa Gobernador Galvez 19, Perez 5, Granadero Baigorria 4, Ibarlucea 4, Alvear 2, Soldini 1, Funes 1, Arroyo Seco 1.
Periodismo, actividad de alto riesgo
Para terminar de conformar un escenario altamente dramático en términos de amenazas a la seguridad pública, las bandas organizadas de criminales rosarinos, han llegado al límite de amenazar la actividad de periodistas que, con sus coberturas y el ejercicio del periodismo de investigación, han permitido que la sociedad logre trasponer la opacidad de la actividad delictiva, sobre todo en aquellas facetas que la implican en cuestiones poco claras, con funcionarios de los distintos poderes de la provincia.
De suyo que, percibido como una amenaza estas organizaciones no han dudado un instante en escalar sus amenazas a aquellos medios periodísticos rosarinos a los que intuyen como un riesgo para sus actividades criminales.
Y así en dos oportunidades la sede de Televisión Litoral fue atacada a balazos, mientras que en octubre pasado aparecio un cártel colgado en el perímetro del Canal 5, del grupo Telefé, con un directo mensaje que anunciaba que se mataría a periodistas.
>>Leer más: Balean Televisión Litoral: mensajes de terror en una ciudad convulsionada
Este detalle no puede quedar como si esto se tratara de una bravuconada más de grupos dispersos de criminales que solo pretenden intimidar, no en una región (Latinoamérica), que ostenta el récord mundial de periodistas muertos en este último año, en países donde la violencia, destrucción y muerte de sus ciudadanos es impuesta, oh casualidad, por estructuras criminales complejas relacionadas directa o colateralmente con actividades de narcotráfico.
América Latina es considerada la zona más peligrosa para ejercer la libertad de prensa, acumulando la región casi la mitad de las muertes violentas globales de periodistas en el ejercicio de su profesión, siendo México el país que encabeza los guarismos, seguido por Haití, Ecuador y Brasil. Argentina, Santa Fe, Rosario, no puede permitir que lo mismo suceda dentro de su territorio.
Año nuevo, esperanzas renovadas
Desde hace algo más de una década, el Departamento Rosario enfrenta una grave crisis de inseguridad, que a diferencia de otras grandes urbes no está motivada en la delincuencia común, sino en el crimen organizado.
Los más destacados especialistas en el combate a estas estructuras criminales, sostienen – no sin sobrada razón-, que el medio más eficaz y rápido para mitigar los perniciosos efectos de su accionar, consiste en estrangular el flujo de ganancias que producen los mercados ilegales. En el caso “Rosario”, los beneficos efectos de la adopción de tales medidas podrían percibirse a muy largo plazo; la gravedad de la situación urge a la adopción de mecanismos y políticas que comiencen a arrojar resultados de inmediato.
La coyuntura en materia de seguridad da cuenta que al “Crimen Organizado” se le opone un estado “desorganizado” en todos sus niveles. Nación, Provincias y Municipios a la hora de enfrentar este particular fenómeno delictivo, actúan como compartimentos estancos, sin conexión genuina entre los actores que deberían articular sinergias en materia de seguridad pública; quizá por mezquindades políticas no lo hacen.
Los comandos Unificados que se han creado como contraposición a estos grupos criminales, no han adquirido el volumen necesario como para mitigar los efectos del accionar delictivo. No se han consolidado como una auténtica “task force”, cuyo primer objetivo no debería haber sido otro mas que desarmar y encarcelar a los “sicarios” que siembran el terror en las calles rosarinas. Alcanzar este objetivo no es una tarea imposible
Para ello se requiere una adecuada y eficaz planificación y aplicación del máximo esfuerzo operativo, aprovechando los estándares del Smart City o Ciudad Inteligente, dotando de recursos tecnológicos que permitan no solo identificar a través de reconocimiento facial, a los autores de este tipo de delitos, sino que logren parametrizar espacios públicos con mayor probabilidad de ocurrencia de eventos violentos y alertar antes de que estos se consumen, a través de la inteligencia artificial y la explotación planificada de la internet de las cosas; También siguiendo los principios conocidos en el arte operacional para confrontar con este tipo de bandas delictivas, cual es el de golpear sistemáticamente el eslabón más débil de las estructuras criminales , que son precisamente estos “soldaditos” o “gatilleros”, a los efectos de lograr una drástica reducción en el número de víctimas fatales y heridos por arma de fuego; podría resumirse coloquialmente como “recuperar el control de la calle”.
>>Leer más: Atentado contra Televisión Litoral: una criminalidad con plan claro frente a un Estado vacilante
De manera simultánea a la recuperación de los espacios públicos, el desarme y encarcelamiento de los sicarios, más el seguimiento, detección y neutralización de los canales financieros por donde fluyen los activos de las organizaciones criminales, se deberá intervenir con precisión quirúrgica, a través de una correcta actividad de inteligencia criminal, en la gestión de los espacios de encierro donde se encuentren alojados los líderes de estos grupos delictivos complejos, a fin de aplicar políticas restrictivas en materia de seguridad que no vulneren de ninguna manera sus derechos como personas; estos derechos de ninguna manera podrán entrañar actividades que pongan en riesgo la seguridad pública.
En este punto las readecuaciones de normas rectoras en materia Penitenciaria deberán ser aportadas con la urgencia del caso, por los legisladores, quienes necesariamente deberán dotar del andamiaje legal necesario y pertinente a fin de empoderar a la ciudadanía y no al delincuente.
Para ello, líderes como Cantero, Alvarado, Rodríguez Granthon, etc., deberán ser clasificados como de alto riesgo y ser categorizados para su alojamiento en instalaciones acordes al nivel de amenaza a la seguridad pública que representan, en virtud de lo cual sus movimientos queden registrados, sin invadir por ello su privacidad.
El mundo avanza hacia medidas de protección pública aplicadas desde centros penitenciarios puesto que, el crimen organizado ha logrado colonizar los establecimientos carcelarios generando un entorno seguro desde donde dirigir sus operaciones en el medio libre. La inobservancia de este fenómeno ha posibilitado que estos grupos estén tornando el concepto de cárcel prisión al de cárcel bunker, el estado inerte convierte a sus efectores penitenciarios en cómplices por omisión. De allí la urgencia en la revisión y adecuación a la realidad de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y la consolidación de un esquema de articulación operativa del Sistema Penitenciario Nacional.
A la vez deberá encararse de manera articulada con las otras medidas expuestas, la ciclópea tarea de los municipios (articulados con recursos provinciales y nacionales) de cerrar definitivamente los espacios de venta al narcomenudeo, conocidos públicamente como “bunkers”, buscando desalentar el negocio de la venta minorista de estupefacientes, articulando estrategias de mediano y largo plazo, ya que sus resultados no serán perceptibles en la inmediatez.
Finalmente, aquellos lugares de extrema marginalidad, donde el estado ha sido reemplazado por estas estructuras delictivas debe recuperarse en beneficio de la seguridad pública, pues las condiciones dignas de vida de todo ciudadano es un derecho humano básico de carácter universal que todo organismo estatal está obligado a garantizar a sus ciudadanos. Descubrir a un sujeto de derechos cuando este ya está encarcelado es transformar vulnerables en criminales y esto, el estado debe evitarlo.
En año que recién comienza, las esperanzas de que esto se cumpla, una vez más, se renuevan.
