Un nuevo mix de ataques a tiros volvió a conmocionar Rosario la noche del miércoles, sobre todo con la segunda balacera en dos semanas contra la sede de Televisión Litoral (TVL) de Presidente Perón al 8100, donde sobre las 21.30 dispararon al menos ocho veces desde un auto en movimiento. El atentado causó pavor porque a esa hora salían trabajadores y había personal de seguridad en el ingreso donde impactaron al menos dos balas. Otros tiros dieron muy cerca de un patrullero que desde el ataque anterior contra la empresa está apostado allí. No hubo heridos pero quedó la sensación de que fue obra del azar ya que los testigos coincidieron en que “tiraron a matar”. Eso que pudo haber pasado y no ocurrió se termina traduciendo en miedo, terror y desconcierto, componentes básicos de esta modalidad comunicativa inaugurada en mayo de 2018 con los ataques a viviendas relacionadas con jueces y funcionarios judiciales y policiales que habían participado del proceso judicial que terminó con la banda de Los Monos tras las rejas.
Otras dos balaceras ocurridas la misma noche del miércoles fueron contra blancos del Servicio Penitenciario (SP), pero no causaron tanto escozor por tratarse de paredes varias veces tiroteadas en una ciudad donde hay cosas que ya no sorprenden. Pero por lo pronto se inscriben en la misma saga por la cual fueron apresados dos adolescentes vinculados al auto desde el que habrían disparado contra TVL, hallado una hora después del ataque mientras se estaba incendiando en la Vía Honda.
"¿Hay que esperar que maten a alguien para que hagan algo?”, se preguntaba ayer el titular de TVL y del Multimedios La Capital, Gustavo Scaglione, muy conmocionado por la segunda balacera que en 17 días sufre la sede de Canal 3, Radio 2 y el portal rosario3.com en la zona oeste.
Pareció recoger el guante el intendente Pablo Javkin, quien en medio de las declaraciones de rigor que las autoridades y la dirigencia política suele aportar desde hace años sin el menor resultado, fue más allá y pateó el tablero mediante un comunicado en el que puso el foco, sin acusarlo, sobre Julio “Peruano” Rodríguez Granthon. En tal sentido agrupó una serie de noticias recientes sobre las imputaciones que recibió esta semana como líder de una violenta banda narco polirrubro que entre otras zonas operaría en la Vía Honda.
Algunas de esas noticias aludidas por el intendente también referían a trapisondas con los adicionales policiales que se investigan por estos días y a lo que él registra como síntomas de inacción: los efectivos que custodiaban TVL en un patrullero no fueron a perseguir a los tiradores que pasaron a cuatro metros de sus narices. También deslizó como verdad la presunción, a esta altura universal, de que las balaceras fueron ordenadas desde alguna cárcel. Y al final recordó que las fuerzas de seguridad dependen de los gobiernos provincial y nacional.
“En algún momento es necesario correr velos y enfrentarnos a las verdades”, dijo Javkin sobre lo que pasa en Rosario. Quedará por ver si alguien recoge ese guante y lo lleva más allá de las palabras.
Pistas y patrones
Más allá de las pistas que conectan el ataque a TVL con la Vía Honda y el Peruano, lo cierto es que al cierre de esta edición los investigadores no tenían evidencias para convertir indicios en certezas. Es cierto que el piloto comercial de 29 años, que cumple en el penal federal de Ezeiza una condena a 12 años por narcotráfico, recibió reveses judiciales en estos días: el lunes fue un pedido de perpetua por su presunta “participación necesaria” en el crimen del pastor y ex edil Eduardo Trasante y el miércoles sumó una imputación como líder de una banda a la que se le atribuye gran poder de fuego y que incluye a su pareja y a su padre, detenidos en los últimos días.
Pero si bien está comprobado que la violencia criminal en Rosario se dirige desde las cárceles y es más que posible —ha pasado— que un preso que tuvo una mala semana pueda ordenar balaceras contra lo que sea, hasta ayer las investigaciones no superaban las presunciones y corazonadas. Las certezas podrían aparecer con las pericias al auto empleado en el ataque, un Fiat Palio rojo robado horas antes en Santiago al 3700, y habrá que ver qué información puede surgir de la detención de dos pibes de 16 y 17 años a quienes el vecindario de Vía Honda vinculó con el vehículo. Hasta anoche no había nada concreto.
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No obstante hay un contexto que explica las presunciones porque Rosario ya no es la ciudad que en 2018 asistía perpleja a los primeros ataques contra blancos vinculados al Poder Judicial. Desde entonces las balaceras se consolidaron como violento sistema de comunicación entre criminales y el resto de la sociedad, desde el vecino al que quieren extorsionar o usurparle la casa hasta el juez al que le reprochan no conceder un traslado carcelario.
Saben de ellos las paredes de distintas dependencias penitenciarias como la también atacada el miércoles en la esquina de Alsina y Pellegrini. Esa oficina fue baleada muchas veces desde hace años. “Si siguen verdugueando a la familia de los altos perfiles la próxima vamos contra la familia de los empleados. El que avisa no traiciona”, decía una nota en enero pasado. En ese mismo tenor, dirigida a empleados del SP, se inscribió otro ataque en mayo cuando “La Mafia” pidió “dejar de verduguear a presos de alto perfil”.
También el Complejo Penitenciario de 27 de Febrero al 7800 baleado el miércoles tras el ataque a TVL ha sido blanco de ráfagas de tiros. El 23 de mayo pasado un hombre disparó contra ese predio donde funcionan la Cárcel de Mujeres y el Order pero hasta ahora no se supo si fue porque en ese momento se alojaban allí Ariel “Viejo” Cantero y la ex pareja de Esteban Alvarado, Rosa Capuano.
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Más allá de haber logrado o no identificar a los instigadores de los ataques, un patrón que surgió de las investigaciones vincula esos casos con reclamos específicos de presos. Como el del 7 de noviembre contra la Unidad 3 de Riccheri y Zeballos: “Dejen de molestar a los pibes del pabellón 5 de Piñero”, firmaron “atentamente Los Colombias”.
¿Para quién?
Pero la inclusión de los medios como blancos de ataques abre mucho más el zoom sobre esta terrible modalidad comunicativa. El 11 de octubre apareció en la sede de Telefé Rosario un trapo colgado que decía: “A todos los periodistas, dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar a periodistas. Con la mafia no se jode”. Por el hecho fue apresado un mes después un joven que días antes había enviado una amenaza al Facebook de Telefé y en cuya casa hallaron pintura similar a la usada para pintar el trapo. No se estableció hasta ahora quién lo mandó y por qué.
En el mismo tenor, aunque con mucha más violencia, se inscribe la primera balacera contra TVL cuando un hombre bajó de un VW Up, tiró contra el portón y dejó una nota: “Esteban Alvarado, Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes dejen de trabajar con los fiscales y con la AIC porque vamos a matar un policía todos los días. Dejen de confinar a los pibes en los pabellones. Con la mafia no se jode”.
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¿Pero para quiénes eran esos mensajes? Podría tomarse como paradigmática la volanteada que el 1º de septiembre inundó de papeles lugares públicos. “Fiscal Socca dejá de vender humo con gente inocente y meter preso a la gente que Fran y Jonita Riquelme te apuntan”, decían algunos volantes arrojados en el Distrito Sur —con un par de piedrazos a los vidrios— y en el Pami 2 de Arroyito. La presunción que entonces tuvo el fiscal Pablo Socca, que leyó el mensaje como un reclamo por la masiva imputación a la banda de Mauro Gerez que había formulado el día anterior, fue confirmada con la posterior caída de un prófugo de ese grupo: "Vamos a hacer lo que te digo de los panfletos. No hacemos daño ni maldad a nadie. Le tiramos panfletos en el Centro de Justicia Penal, hasta los medios van a salir a hablar de eso, amigo”, dijo Jonatan Almada, según reveló un audio que le había enviado a alguien.
Por esa volanteada “sin maldad” Almada fue imputado de “amenazas coactivas calificadas para obtener alguna concesión de los poderes públicos”. Lo curioso de ese hecho es que esa movida comunicacional recibió una respuesta tres días después con cuatro balazos al Distrito Sur y una nota: “Guille Cantero controla los gatos, Matías Cesar Pino. Los Picudos que están batiendo la cana. Atentamente La Mafia”.
Como sucediera en 2018, cuando tiraban contra casas donde habían vivido alguna vez jueces y funcionarios a quienes —luego se comprobaría— Ariel “Guille” Cantero quería interpelar y amedrentar, una espantosa particularidad de esta mensajería confunde a los destinatarios de las balas con los de los mensajes. Fue el azar lo que impidió que alguien que compró una casa donde había vivido un juez muriera por ello.
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¿Son éstos incidentes amenazantes contra empresas de comunicación un atentado a la prensa o una forma demencial de usar a los medios para expresar algo? ¿Puede leerse que el destinatario de las balas no sea el destinatario del mensaje? Y en ese caso, ¿cuál sería el mensaje?
Estos ataques ofrecen varias lecturas, en distintos niveles, y decantan en preguntas para formular más allá de la búsqueda de responsables, sobre todo en una ciudad donde grupos criminales “plantaron” balaceras para implicar a rivales. Preguntas para abordar una tremenda realidad en la que, más allá de nombres y carteles, se está imponiendo en un “modo de hacer” mortal en nombre de una mafia impersonal cuyo trono está en disputa y que pone como víctimas potenciales nada menos que a un millón de rosarinos.
