De la Cordillera a Rosario: el debate por la ley de glaciares llega al Parque de las Colectividades

¿Cómo se baja un glaciar desde la zona cordillerana hasta la región pampeana para debatir las posibles implicancias de un proyecto de reforma a la ley que protege estos ecosistemas? "Más de un tercio de las cuencas hídricas del país dependen de los glaciares. Santa Fe, con esa agua, exporta y distribuye bienes que se producen con agua de glaciares", explicó a La Capital el biólogo Matías Arrigazzi, que forma parte de Greenpeace y que estará este sábado, desde las 15, junto a parte del equipo técnico de la organización en Rosario, más precisamente en el Parque de las Colectividades, para "concientizar y difundir" sobre las derivaciones de la iniciativa para reformar la ley de glaciares.

El proyecto de reforma de la ley de glaciares que propuso el oficialismo en el Congreso de la Nación tiene medio camino recorrido para convertirse en ley. Por el momento, le queda un tramo de debate: hasta este fin de semana, alrededor de 42 mil personas se anotaron para participar de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados. Las fechas iniciales serán el 25 y 26 de marzo, pero todavía es una incógnita cómo se resolverá la cuestión ya que cada uno de los registrados tiene derecho a cinco minutos para exponer su opinión al respecto.

Rosario es el primer destino de una serie de visitas que Greenpeace desarrollará por el país hasta tanto se debata la reforma en Diputados. Comenzaron con jornadas en Mar del Plata durante el verano, pero ahora decidieron extenderlas por otros puntos de Argentina. "Es muy valioso el intercambio cara a cara con la gente, más allá de las redes. Lo abordamos de manera distendida, pero el tema es preocupante", señaló Arrigazzi, que participará de la jornada en el Parque de las Colectividades este sábado.

El vínculo de los glaciares con Santa Fe

La propuesta de Greenpeace tendrá a especialistas y voluntarios abiertos a charlar con quienes se acerquen y, además, una muestra fotográfica que realizaron hace poco más de un mes sobre cómo las actividades mineras impactan en los glaciares y los ambientes periglaciares de San Juan.

En Argentina, explicó el biólogo, más de un tercio de las cuencas hídricas dependen de los glaciares: "Son más de 7 millones de personas afectadas directamente". Santa Fe no escapa a esa porción: "El resto del país también es afectada porque consume alimentos que se producen con esa agua. Santa Fe trabaja exportando y distribuyendo bienes que se producen con agua de los glaciares".

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Arrigazzi explicó qué es un glaciar y qué es el ambiente periglacial: señaló que los primeros se componen íntegramente por hielo, mientras que el segundo "pueden ser rocas o sedimentos que tienen agua congelada en su interior y que son claves porque regulan los flujos de cursos de agua en épocas de sequía o de altas temperaturas".

Por la importancia que revisten como reservorios de agua dulce, el biólogo marcó que los servicios ecosistémicos de los glaciares "llegan de manera indirecta a cualquier parte del país".

Debate en el Congreso

Tras la media sanción en el Senado, el proyecto para reformar la ley de glaciares debe pasar por la Cámara de Diputados. Antes de eso, se deben celebrar dos audiencias públicas, el 25 y 26 de marzo, para las que ya hay anotadas unas 42 mil personas que tienen derecho a cinco minutos cada una para exponer sus posiciones respecto de la iniciativa.

La cantidad de anotados en las audiencias, indicó Arrigazzi, "es un indicador de que hay mucha preocupación e interés" por la posible reforma de la ley de glaciares, que, según la esencia del proyecto oficialista, busca atraer inversiones de la rama de la minería a través de la modificación de la norma que regula qué se puede hacer y qué no en ambientes glaciares y periglaciares.

Actualmente, existe el Inventario Nacional de Glaciares (ING), desarrollado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que determina dónde se encuentra cada uno de los cuerpos de hielo y de los glaciares de escombros que son fundamentales para proveer agua en zonas áridas a través de los deshielos.

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Uno de los puntos que marcó el biólogo es que el proyecto de reforma "genera competencias entre las provincias porque se bajan los estándares de protección y se deja de lado la palabra del Ianigla, que son especialistas en el tema y que ya advirtieron que (el proyecto) es peligroso". En tanto, remarcó que las decisiones administrativas tendrán más relevancia que la palabra técnica de los científicos que elaboraron el ING: "Cualquier persona podrá tomar una decisión administrativa, basada en cualquier criterio que considere, para determinar qué zonas se protegen y en qué zonas se pueden desarrollar proyectos mineros".

La modificación propuesta por el oficialismo mantiene el ING pero le quita peso ya que otorga a las provincias la potestad de proceder ante el requerimiento para desarrollar proyectos mineros. También menciona áreas de "relevancia hídrica", aunque no es clara la definición de esa relevancia, uno de los puntos que criticaron desde sectores ambientalistas ya que, afirman, esto irá en detrimento de las áreas que hoy están protegidas para que avancen diversos proyectos mineros.

Científicos, abogados y referentes del ambientalismo vienen alertando el retroceso que marcaría esta modificación no sólo en términos ambientales, si no también en relación a la protección jurídica con la que actualmente cuentan estos ecosistemas.