Es una continuidad compleja y no viene de ahora. Se dijo muchas veces. Los episodios que sacuden el estado de seguridad pública tienen en Rosario un estatuto sin parangón. Atraviesan las gestiones. En ningún otro lugar del país tirotearon la casa de un gobernador, las viviendas de funcionarios judiciales, a cuatro abogados penalistas en cinco años, a edificios del Poder Judicial, al Concejo Municipal, a sedes penitenciarias y a comisarías. Esto adopta la forma de una condición cultural y ya arraigada novedad sociológica. Será muy difícil contenerla. Pero algo es seguro. No podrá frenarse con la actual cultura política de la provincia. Tampoco exclusivamente con decisiones de la provincia. Es tiempo para examinar detalles que hablan de un diseño de época.
En la puerta de Televisión Litoral este miércoles a la noche había un patrullero. Hay dos perfiles importantes respecto de esa circunstancia. Una es que la presencia del móvil no disuadió en lo más mínimo a los atacantes de concretar su propósito. Detalle que supone un cambio ya afianzado en la cultura criminal que asimila que una patrulla en un punto fijo dejó de ser una amenaza para quien se proponga lanzar un desafío. Atacaron el canal a pesar del patrullero. Y el patrullero, al no generar una respuesta profesional, no cualquier respuesta, confirma a los delincuentes en su idea.
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La sede de Televisión Litoral, en avenida Presidente Perón al 8100, en el extremo oeste de Rosario.
Acá es importante detenerse. La dinámica volátil y vertiginosa del delito contrasta con una evaluación menos diligente y resolutiva del Estado. La diferencia de velocidad se advierte rápido. También los déficit de la maquinaria estatal a nivel de diagnóstico y gestión del problema.
Es un problema grave e histórico. Pero en tres años el gobierno de Santa Fe lejos estuvo de captar en su nivel de novedad lo que ocurre en Rosario. Ha sido un problema de gestión que supone escalones de improvisación e incertidumbre constatables en el lineamiento político.
Demasiado serio, angustiante y difícil de manejar como para tirar chicanas. Pero las tres gestiones en el Ministerio de Seguridad en tres años marcan una vacilación en el rumbo que es todo lo contrario a una idea clara que, aunque existiera, también chocaría con tremendos problemas. Pero cuando se pisa terreno tan movedizo no es lo mismo saber lo que se quiere que no ofrecer tal idea.
El área empezó con la gestión de un funcionario como Marcelo Sain que tuvo un plan de seguridad pública, un plan para la policía y uno para su control, todo basado en el control civil. La gestión política fue el choque permanente contra todo el sistema político. Era inevitable producir enormes tensiones. Pero en una coyuntura de enorme fragilidad para un gobernador con minoría legislativa, con fuertes enemigos dentro de su partido y conflictividad en la Justicia el camino del disenso abrupto implicó la colisión frontal contra una pared. Al que primero puso en aprietos Sain fue al gobernador que lo designó. Que terminó pidiendo al fiscal de Estado ser querellante en una causa donde está con medidas cautelares por violación de la ley nacional de Inteligencia contra un millar de ciudadanos de la provincia.
Después quedó como ministro Jorge Lagna, un abogado ex funcionario de Sain, sin experiencia en gestión de la materia, con voluntad de recomponer algún nivel del diálogo roto entre los actores del sistema de seguridad. Lo primero que se advirtió fue la despiadada interna dentro de la cartera donde mientras crecían los problemas de orden público y los delitos de sangre los funcionarios vivían en colisión. Tras la salida de Lagna asumió Rubén Rimoldi, un funcionario del sistema policial tradicional que se retiró como comisario general en 2008.
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Los ex ministros Jorge Lagna y Marcelo Sain.
No es que se implementara una política con tres funcionarios que en distintas etapas plasmaron una orientación común y prefijada. Lo que hubo fue una primera designación de un especialista en la materia que venía como asesor del gobierno anterior al que le declaró la guerra, pero que en la acción política reveló gran impericia. La sucesión fue una carambola de nombres no pensados de antemano sino parches en la emergencia extrema.
No hubo transición razonada con el gobierno antecesor porque el gobernador eligió el día que asumió denunciar un pacto entre el Estado y el delito donde los señalados como autores eran todos los predecesores a la administración que daba inicio. Claro que hubo cosas oscuras en lo previo pero lo tajante de la denuncia pública convirtió cada opacidad en ilícito deliberado. ¿Cómo se puede armar una política pública desde ahí? Lo categórico de ese pronunciamiento fue un golpe de efecto para el gobernador, que fue arrinconado por esas acechanzas. Horacio Lucchini fue director estratégico de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad y según constancias judiciales se proponía negociar beneficios carcelarios por izquierda para Guille Cantero a cambio de niveles de tranquilidad. Nunca la gestión lo detectó sino que fue la denuncia de un tercero quien lo reveló.
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Luego el gobernador propuso renovar su cargo en el Tribunal de Cuentas para Oscar Biagioni. Eso cuando era público que Biagioni había sido captado en escuchas poniéndose a disposición del imputado exjefe policía provincial Rafael Grau ofreciéndole que podía contar “con la información” y “con todos los datos” que le podía brindar como presidente del Tribunal de Cuentas. Grau era investigado por desviar partidas policiales en provecho propio.
La subejecución presupuestaria en seguridad nunca aclarada. El bochorno de una funcionaria logística del área discutiéndole sobre eso a su superior en una audiencia ante legisladores. Lo indetenible de los delitos de alta lesividad y el escaso conocimiento de sus lógicas. La dificultad de contener el gerenciamiento del delito desde las cárceles. La desconexión entre Ministerio de Seguridad y Ministerio Público de la Acusación encargado de la persecución penal. La escasez de policías capacitados para el delito complejo. La falta de una política de Estado concertada y perdurable de inteligencia criminal. Todo esto es revelador de la falta de un plan.
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Archivo: Celina Mutti Lovera / La Capital
Los problemas son los de hace mucho y no cambian. No es incorporar más policías, sino con qué formación y entrenamiento egresan. No es tener más patrulleros con la mejor tecnología, sino con qué lógica se mueven las órdenes de servicio. No es tener diez fiscales federales más (que se necesitan) sino con qué criterio de investigación criminal trabajarán los que se incorporen para un sistema federal atrasado que sigue demasiado atado a la información que suministran unas fuerzas de seguridad sospechadas.
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La idiosincrasia de la criminalidad de Rosario produce actos singulares. Ya es una marca simbólica que afectará hasta a la gestión más idónea. Los tiros contra Televisión Litoral de este miércoles pudieron matar gente. La crisis que puede desatar una calamidad semejante se parece a la bancarrota política. ¿Qué mensaje buscaban dar sus autores? ¿Era para el medio periodístico? ¿Era para una banda rival? ¿Era para la autoridad pública? ¿Es tan seguro que fue un grupo criminal convencional? Del otro lado de la legalidad los atacantes aprendieron el lenguaje de los medios y con su violencia proporcionan insumos que se venden como contenidos de alta circulación.
El sistema de seguridad va más allá de la provincia. Pero la provincia es la principal responsable del estado de la seguridad pública en su territorio. La temeridad y el nivel de desafío de la criminalidad en Rosario pondrá en aprietos a cualquier gestión. Si va a ser así, si inevitablemente siempre habrá daños, lo imprescindible para la legitimidad estatal es tener un plan que proyecte una lógica perdurable y vaya más allá del balbuceo de cuatro principios de manual recién aprendidos y recitados. No caer en soluciones mágicas y fáciles que los demagogos de turno, asustados, empiezan a pedir. Y tener un plan. Los que tiran tiros sí lo tienen. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque pueden.
