Qué dijo el juez de Vicentin en su descargo ante la Corte

Tras la intervención de la Corte Suprema provincial, el juez Fabián Lorenzini presentó este viernes un escrito en el que defendió su actuación en el marco del concurso preventivo de Vicentin. El máximo tribunal definirá ahora si corresponde o no su apartamiento.

El texto de Lorenzini ingresó formalmente en horas del mediodía, en paralelo a la remisión de la documentación principal del expediente, que fue acercada por José Boaglio -secretario del Juzgado Civil y Comercial de la 2da Nominación de Reconquista- al palacio de Tribunales de la capital provincial.

Si bien tenía hasta principios de la semana próxima para cumplir con el traslado corrido por la Corte, el juez optó por apurar tiempos y hacer su descargo, en el que respondió algunas de las valoraciones y opiniones de Commodities SA, al tiempo que indicó que no era su competencia responder sobre el avocamiento, dejándolo en manos exclusivas del máximo tribunal.

Según pudo conocer este medio, en el escrito también se realizó una descripción "general y particular" del estado del expediente, que por lo demás ya acumula más de 10.000 fojas. Los 50 cuerpos de la causa reposan por ahora en el juzgado de Lorenzini, ya que lo que pidió la Corte fue que le remitieran exclusivamente los autos principales.

Un pasaje relevante del texto fue la afirmación del juez sobre que el momento para juzgar la legalidad del concurso no es el actual, sino el que prevé el artículo 52 de la ley de Concursos y Quiebras, que regula la homologación del acuerdo preventivo. Dicha instancia aún no se alcanzó, pues la firma tenía hasta el 30 de junio para lograr las mayorías requeridas para hacerlo. Ese plazo quedó suspendido por la intervención de la Corte.

En su pedido de avocamiento, los representantes legales de Commodities -corredora de la familia Grassi, cuyo referente defendió esta semana una posible participación estatal en la empresa, alternativa que generó una respuesta de la cámara aceitera- tildaron al juez de "complaciente" para con la agroexportadora, porque le permitió "violar la ley de manera flagrante".

En su réplica, Lorenzini defendió cada una de sus actuaciones en el expediente, algunas de las cuales incluso fueron criticadas por la propia Vicentin, que en su momento calificó algunas medidas como una "aventura inquisitoria", entre ellas la autorización para realizar una auditoria forense. El magistrado puso de relevancia este tipo de decisiones, a las que pueden sumarse por ejemplo la colocación de interventores y veedores.

La auditoria forense fue la que precisamente puso blanco sobre negro respecto a algunas irregularidades, fundamentalmente sobre las técnicas que permitieron a Vicentin ocultar sus pasivos en los balances. Sus conclusiones -que fueron incluidas en el pedido de avocamiento- también fueron tomadas por los fiscales rosarinos que investigan los presuntos delitos penales cometidos por los responsables de la agroexportadora.

Ya con la respuesta en sus manos, la Corte dispondrá de un plazo prudencial para el estudio del expediente y su posterior resolución. Lo que deberá determinar es si corresponde o no lo denunciado por Commodities, que argumentó que lo que sucedía en el expediente concursal era de extrema gravedad. Dicha aseveración se explica fundamentalmente por la oferta de pago que estaba sobre la mesa, que los abogados de la corredora calificaron como "fraudulenta".

Los argumentos vertidos en el pedido de avocamiento son similares a los que motivaron la imputación del presidente del directorio de Vicentin por parte de la Fiscalía hace dos semanas. En síntesis, lo que se argumentó fue que la empresa violó dos cautelares dispuestas por la Justicia penal, al haber dispuesto su participación accionaria de Renova en favor de Viterra. Dicha operación era la que permitía generar parte de los fondos para pagar a los acreedores.

El quid de la cuestión será qué criterio tomará la Corte para definir si deben tomarse medidas "para encauzar el proceso", según lo solicitó Commodities. Se trata de una decisión a todas luces política, que requerirá seguramente de un consenso mayor al tomado para dictar el oficio de la semana pasada, rubricado únicamente por el presidente Rafael Gutiérrez.

Si el máximo tribunal definiera que la oferta de pago resultara nula, deben saltearse etapas e ir directamente hacia el cram down, en el que los propios acreedores acercan sus propuestas.