La Corte Suprema de Santa Fe intervino la convocatoria de acreedores de Vicentin, quitando del medio al juez Fabián Lorenzini y suspendiendo los plazos y trámites del concurso. La medida hizo lugar a un planteo de la firma Commodities SA, que no solo representa al grupo de acreedores más duros sino que también fue querellante en la causa penal que motivó una reciente imputación contra el presidente del directorio de la agroexportadora, por presuntas irregularidades en el concurso. La determinación fue tan inesperada que en el juzgado con sede en Reconquista se enteraron por los medios. “No nos llegó ninguna comunicación formal”, comentaron.
Hasta este jueves, todo hacía prever que antes del 30 de junio próximo Vicentin lograría las mayorías legales para aprobar su acuerdo preventivo. Solo restaban las adhesiones de los bancos extranjeros, que venían brindando señales inequívocas de aprobación. Sin embargo, la intervención de la Corte supone un nuevo e inesperado giro en la causa, que ahora vuelve a tener final abierto.
“Del pedido de avocación, traslado al juez del concurso. Una vez evacuado el mismo se deberá remitir el expediente a los fines que esta Corte puede expedirse con los autos principales a la vista. Suspéndase los términos que estuvieran corriendo”, señala el texto que el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, envió a Lorenzini, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 2ª Nominación, con sede en Reconquista.
Todo indicaba que antes del 30 de junio la firma lograría las mayorías legales para aprobar su acuerdo preventivo" Todo indicaba que antes del 30 de junio la firma lograría las mayorías legales para aprobar su acuerdo preventivo"
La determinación respondió a una solicitud de Commodities SA, una de las principales acreedoras del concurso (según la verificación realizada por la sindicatura, Vicentin le debe 1.237 millones de pesos y 16 millones de dólares). Junto a otras 50 firmas, viene batallando duro para que que la salida de la convocatoria sea a través del denominado cram down, en el que los propios acreedores ofrecen una alternativa.
Para que el cram down prospere, primero debe fracasar la oferta de la concursada. Este escenario parecía quedar lejos tras la tormenta que había significado la detención y audiencia imputativa de la semana pasada, en la que Omar Scarel —presidente de Vicentin— había quedado imputado por el delito de desobediencia.
Es que, si bien no resultó gratuito que el ejecutivo pase 48 horas detenido, la visión oficial de la agroexportadora era que la Justicia había dejado en claro que una cosa era la causa penal y otra el concurso.
Scarel fue llevado a audiencia imputativa porque los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno entendieron que la empresa violó lo establecido por cautelares dispuestas a finales de 2020, que establecieron no innovar en todas sus participaciones accionarias. Lo entendieron así como consecuencia del acuerdo de venta del 16,6 por ciento de Renova, que forma parte de la oferta concursal.
Si bien para los fiscales las acciones ya se vendieron, en la agroexportadora se defendieron planteando que se trató de un “compromiso”, solo ejecutable en caso que se convaliden una serie de pasos previos, entre ellos el levantamiento de las cautelares.
El panorama planteado por Vicentin era compartido por Lorenzini y su equipo, que como adelantó La Capital el domingo, ya estaba trabajando en el estudio de una eventual homologación. La intervención de la Corte supone que todas estas elucubraciones cayeron definitivamente en saco roto.
Este medio buscó contactarse con las dos partes que, a priori, parecen como principales perjudicadas por la novedad: el juzgado de Lorenzini y la propia Vicentin. En ambos casos evitaron realizar declaraciones, aunque resaltaron lo sorpresivo de la medida. Fuentes con llegada al magistrado confirmaron que la misma aún no había sido recibida formalmente.
Lo que vendrá
La medida dispuesta por el máximo tribunal supone, sin dudas, una importante victoria del grupo de acreedores liderados por Grassi, que siempre mantuvo una postura muy dura para con Vicentin. Se trata del mismo núcleo de empresas que, por ejemplo, se manifestó frente a la Bolsa de Comercio (donde tiene las oficinas el estudio jurídico que asesora a la sindicatura) en contra de la pesificación de las deudas. Fue también el mismo que promovió una declaración pública del Senado, que a finales de 2020 había solicitado llevar el concurso a los tribunales de Rosario.
En una entrevista publicada por La Capital a fines de marzo, Grassi había advertido que la propuesta de Vicentin había nacido “para no prosperar”. Al tiempo que promovía el cram down, planteaba que la venta del 95 por ciento del paquete accionario era el “peor” camino posible. Su posición era compartida por el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien en una reciente visita a la ciudad describió a la propuesta como “inaceptable”.
El empresario rosarino dijo siempre tener todo listo ante un eventual salvataje. Si bien no terminó de mostrar las cartas, nunca dudó en plantear que tiene un as bajo la manga para que todos los acreedores comerciales puedan recuperar por completo sus deudas, sin intervención financiera del Estado.
