Protagonizó una evasión récord, recuperó terreno pero igual terminó en convocatoria

Agrofederal SA, empresaria rosarina que protagonizó una evasión de granos récord a fines de 2021, resolvió ingresar en una convocatoria de acreedores ante la Justicia como medida para resolver un difícil panorama financiero. La causa recayó en el Juzgado Civil y Comercial de la 2da Nominación y ya tiene síndico designado.

Fuentes con acceso al directorio de la empresa aseguraron a La Capital que la decisión no tuvo relación directa con aquel episodio -que pudo ser resuelto parcialmente- sino principalmente con el objetivo de afrontar deudas bancarias. Según información oficial, a la fecha Agrofederal registra un rojo de casi 300 millones de pesos con más de una decena de entidades financieras, deuda mayormente categorizada como "incobrable".

"La devaluación gigantesca de nuestra moneda, las restricciones crediticias y la pérdida de rentabilidad neta para afrontar la coyuntura provocaron un escenario de crisis general de caja y liquidez. No obstante ello, resultó determinante la no devolución de créditos fiscales a exportadores a partir de mediados de 2018, pues derivó en la suspensión de la empresa para exportar y consecuentemente, el rechazo de cheques de pago diferido", explicaron a través de un texto enviado a este medio.

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En efecto, y siempre bajo información provista por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la sociedad registró durante 2018 y 2019 un total de 762 cheques rechazados, por $51.528.975,29. A las complicaciones financieras se le sumaron oportunamente una larga lista de juicios ejecutivos iniciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que le reclamó sucesivas cuotas del Impuesto a las Ganancias. Sobre la relación con el organismo recaudador, desde la firma indicaron que "el tema fiscal está en un plan de pagos que se viene cumpliendo".

Decomiso récord y después

A principios de diciembre de 2021, la Afip difundió un comunicado en el que dio cuenta de haber realizado el mayor decomiso de granos de su historia, evitando el comercio ilegal de unas 9.150 toneladas de maíz y soja. "El operativo realizado en Santa Fe equivale a más de 300 camiones que estacionados uno atrás del otro en la ruta ocuparían 7 kilómetros", se indicó.

Si bien oficialmente no se exteriorizaron nombres propios, con el correr de los días se supo que la empresa detrás del episodio era Agrofederal SA, con origen en Rosario y escasa actividad desde su crisis financiera de 2019. El organismo recaudador habló de una investigación de dos meses y de la posible utilización de "productores fantasma", donde existía una empresa exportadora que adquirió 8.900 toneladas de maíz partido y 250 toneladas de soja a contribuyentes "sin capacidad para haber producido o adquirido esos volúmenes".

Ahora bien, la investigación surgida a raíz de esos hechos derivó en que gran parte del cereal sí pudo acreditarse legalmente, por lo que al poco tiempo la situación quedó mayormente regularizada. Así lo determinó la Resolución 156/2022, fechada en abril y firmada por el jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional Santa Fe de Afip.

"En virtud de lo desarrollado precedentemente, cabe concluir que la contribuyente Agrofederal SA no ha podido acreditar la legal adquisición, tenencia o titularidad de la cantidad de 850,47 TN de maíz partido, por lo que corresponde disponer su decomiso. En contraposición a ello, habiendo acreditado en legal forma la tenencia o titularidad del resto del maíz partido interdicto, corresponde habilitar el levantamiento de la interdicción de 8108,09 TN de maíz partido", reza el texto legal al que tuvo acceso este medio.

Así las cosas, si bien la empresa logró éxito en recuperar parte del cereal interdicto, lo cierto es que sobre finales del año pasado resolvió pedir auxilio en la Justicia para resolver su acuciante situación financiera, que arrastra desde hace por lo menos cuatro años. El concurso ya fue aceptado por Mónica Klebcar, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 2da Nominación, y tiene como síndico al CPN Carlos Alberto Costanza. La próxima fecha clave es el 1º de marzo de 2023, momento en el que los acreedores deben presentarse a reclamar por sus créditos.