El gobernador destacó que las subastas de bienes incautados al delito son “una política pública" y afirmó que "es el único camino para poder vivir en paz”
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este jueves de la quinta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que reunió a 5.411 personas de todo el país. Los asistentes pujaron por 150 lotes que incluían un avión, autos, motos y otros elementos.
En el acto, Pullaro dio la bienvenida “a la subasta de bienes más grande de la Argentina” y remarcó que “en la provincia de Santa Fe se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les quitan los bienes para que esos recursos vuelvan a las víctimas y a las instituciones. Es una política pública que llevamos adelante con mucha determinación, porque estamos convencidos de que es el único camino que debemos transitar, juntos, para vivir en orden y en paz”.
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“A Rosario, desde muchos puntos del país y del mundo, se la miraba con piedad, y hoy se la observa con respeto porque pudimos demostrar que el delito y la violencia bajaron, y que podemos convivir y disfrutar de los espacios públicos”, afirmó el gobernador. Y agregó que esto es posible “porque, junto a la Policía, la Justicia y el Servicio Penitenciario, demostramos que cuando el Estado quiere, el Estado puede”.
“Sigamos adelante luchando contra el delito y el crimen organizado”, concluyó.
Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, agradeció “el acompañamiento del gobernador para llevar adelante este tipo de políticas” y señaló: “Queremos que tengan la oportunidad de hacer negocios, y que todo lo que se venda contribuya a debilitar a las organizaciones criminales que tanto daño causaron en la provincia. Estamos demostrando que no hay impunidad para nadie”.
En la misma línea, la secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, sostuvo que Santa Fe es “la única provincia que subasta bienes provenientes del delito” y subrayó que esta herramienta “forma parte de un plan de seguridad integral que combina prevención policial, investigación, articulación con la Justicia y desapoderamiento de activos. Es un emblema de la gestión provincial”.
A su turno, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó que “este es el resultado de una decisión política: cuidar a la gente implica hacer valer la ley frente a quienes delinquen”. Y añadió: “También significa quitarles el dinero mal habido. Es una política completa: se persigue, se condena y se desapodera de bienes. Así se corta de raíz el circuito del delito”.
En las cuatro subastas anteriores se recaudaron más de 3.589 millones de pesos, que permitieron devolver recursos a la comunidad, reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad.
Durante la jornada también se reconoció a estudiantes de las escuelas técnicas Nº 2.256 de Santa Fe y Nº 465 de Rosario, quienes colaboraron con los asistentes brindando información sobre los lotes subastados.
Para participar fue requisito obligatorio completar una inscripción online. Todos los datos fueron cruzados con el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía de Investigaciones para verificar que los interesados no tengan vínculos con organizaciones criminales.
Además, la provincia garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos subastados. Esto implica la asignación de una nueva patente, lo que elimina cualquier vínculo con el titular anterior y brinda mayor seguridad a los compradores.
La Aprad es el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados o sometidos a medidas judiciales en causas penales o contravencionales, con el objetivo de darles utilidad social.
Estos bienes pueden incluir vehículos, equipos informáticos, teléfonos, joyas o inmuebles. En el caso de los automotores, pueden ser asignados a fuerzas de seguridad, al Servicio Penitenciario o a instituciones públicas. También pueden ser subastados o compactados. Otros elementos, como artículos del hogar o vestimenta, son destinados a entidades de bien público.
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