Ante el fracaso de la “guerra contra el narcotráfico” algunos sectores plantearon la necesidad de legalizar el consumo de todas las sustancias y regular el mercado de drogas, como parte de una política de reducción de daños y una forma de evitar este tipo de hechos, ya que, por ejemplo, la calidad de las sustancias podría testearse. Otros sectores, en cambio, ensayaron explicaciones que adjudican el avance y expansión de este fenómeno a la ausencia del Estado y reclamaron mayormente políticas punitivas; esto es, más criminalización para quienes consumen, producen y/o comercializan ciertas sustancias; persecución penal que, como sabemos, recae siempre sobre los eslabones más débiles de la cadena.
¿Hay algo de cierto en estas explicaciones? ¿La expansión del consumo de ciertas sustancias y el desarrollo de ciertos mercados ilegales es consecuencia de la no intervención de las agencias del sistema penal? ¿Qué rol juegan las policías y fuerzas de seguridad en el marco del paradigma prohibicionista imperante? O dicho de otro modo, ¿qué sucede cuando no hay una regulación -legal- estatal de este mercado? Pareciera, y es lo que me interesa discutir aquí, que en la práctica cuando hay prohibición, sea en connivencia o no con grupos o personas, las policías y fuerzas de seguridad producen con sus prácticas e intervenciones una regulación -a veces ilegal- de las actividades ligadas a los mercados ilegales, entre ellos, el mercado de drogas ilegalizadas.
Sobre estos asuntos venimos estudiando e investigando con los compañeros y compañeras de los equipos que integro, tanto en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UNR, como en el Programa de Antropología Jurídica y Política, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Me interesa resaltar la importancia de investigaciones y estudios situados para comprender la configuración particular de estos fenómenos en cada lugar y a partir de allí aportar a contrastaciones y comparaciones, que redunden en aportes tanto para el activismo, como para el diseño de políticas públicas adecuadas. Es por esto que las cuestiones que planteo aquí surgen de estudiar en profundidad el mercado local de drogas ilegalizadas en la ciudad de Rosario en los últimos años.
Las policías y fuerzas de seguridad -y las políticas de seguridad-, y la provincia de Santa Fe no es la excepción, son un actor clave en la configuración particular y específica de mercados ilegales, entre los que se encuentra el de drogas ilegalizadas. A modo de ejemplo, en la ciudad de Rosario, previo a la intervención federal del año 2014, imperaba en algunos barrios de la ciudad una forma de venta de marihuana y cocaína en lugares denominados búnker; es decir, puntos fijos en los cuales se realizaba el intercambio. Luego del operativo de saturación -y con las reiteradas intervenciones de fuerzas federales en la ciudad posteriores-, que generó además una mayor criminalización principalmente de jóvenes sectores populares, apareció una forma novedosa de intercambio, mencionada como delivery, que no es más que la venta ambulante de sustancias, dejando aún más expuestos a vendedores -en general jóvenes de sectores populares- y usuarios/as. Así la venta al por menor pasó de realizarse desde una construcción precaria, cerrada y fuertemente custodiada a producirse en el espacio público –una esquina, una plaza- modalidad que permite a los vendedores moverse rápidamente, en caso de que aparezca la Gendarmería o la policía provincial. A pesar del prohibicionismo el mercado sigue, se adapta, innova, se reconfigura y adquiere características particulares.
Así como los operativos pueden reconfigurar los mercados, las relaciones de la policía y fuerzas de seguridad con las personas y grupos que participan no es homogénea, unívoca o monolítica, ni estable. Algunas poblaciones -como los jóvenes de sectores populares, entre otros- y algunas actividades informales o ilegales han sido tradicionalmente objeto específico de control, administración y/o gobierno policial, a través de prácticas constituidas por una multiplicidad de formas de hostilidad, humillación y maltrato. No es novedad que pesa sobre ellos gran parte de la maquinaria de persecución penal. Sin embargo, al mismo tiempo, se producen diversos tipos de intercambios y/o negociaciones entre las personas que participan en actividades ligadas a este mercado y la policía o fuerzas de seguridad, en tanto agentes directos e inmediatos del control. A través de estas negociaciones o acuerdos -inestables y precarios- se permite, regula y/o evita, de diversas maneras, la circulación de mercancías, siendo la misma legalidad objeto de intercambio, tal como ha señalado Michel Misse para el contexto carioca. Es decir, lo que se negocia -con diversos grados de limitada autonomía y/o libertad- es la aplicación o no de la ley. Esto tampoco es novedad, es decir, arreglar para no ser o permanecer detenidos o para mejorar su situación penal, a cambio de dinero u objetos de valor son prácticas largamente documentadas.
Una frase que se repite en algunos barrios de la ciudad es “la policía está con los narcos y molesta a los pibes”. Los narcos, personas de peso en el mercado local de drogas ilegalizadas, son descritos como protegidos por la policía, protección que les permite construir cierto poder y posicionarse mejor para negociar, en desmedro de otras personas o grupos. Algunos grupos de narcos fueron caracterizados como quienes comenzaron a vincularse de una manera novedosa con la policía; es decir, ya no se trataba de los tradicionales arreglos para no ser detenidos y/o permanecer en prisión; sino que ellos “trabajaban con la policía”; haciendo referencia a arreglar previamente para que les permitan y/o faciliten el desarrollo de determinaba actividad ilegal, siendo parte de la organización, compartiendo riesgos y ganancias.
La protección policial les permite a las personas que integran esos grupos desarrollar ciertas actividades ilegales sin temor a ser detenidas, casi sin consecuencias, contar con información valiosa y evitar así operativos o allanamientos. No obstante, no es un poder que las ubica por encima de otras de una vez y para siempre, sino que se puede perder, los acuerdos con la policía se pueden romper y con ello la protección de la que se gozaba. El intercambio con la policía aparece, entonces, en el marco de una relación más o menos asimétrica de poder. La policía se apropia del plus de poder que le confiere su función, lo vende, para, por ejemplo, ofrecer protección a determinados grupos permitiendo que desarrollen sus actividades sin mayores consecuencias y perseguir penalmente a otros, y lo hace desde un lugar monopólico -el monopolio de la ley-.
Además, no todo pareciera ser mero sometimiento en relación a los y las jóvenes; es decir, los relatos de ser molestados por la policía conviven, a su vez, con otros que daban cuenta de cómo también participaban de otro tipo de intercambios -en algunos casos, más o menos forzados-; es decir, los jóvenes además de ser hostigados/as, también arreglan y/o trabajan con la policía, aunque desde un lugar de mayor subordinación. No todas las personas y/o grupos sociales están en las mismas condiciones para negociar y arreglar con la policía. De igual modo la policía tampoco puede pensarse como un actor monolítico, sino más bien existen tensiones, distintos niveles de poder y jerarquías profundamente marcadas al interior de dicha institución; en consecuencia, no todos los policías están en las mismas condiciones para negociar con grupos y personas.
¿Se trata entonces de un avance del “narcotráfico” por abandono del Estado? ¿O más bien de una particular presencia e intervención de este actor estatal? Un actor estatal que a veces somete, a veces negocia, a veces arregla. Todo esto permite dar por tierra con algunas imágenes sociales que circulan sobre el mercado de drogas ilegales y algunos/as de sus protagonistas, producidas y reproducidas por diversos actores sociales, y que reaparecieron fuertemente durante estos últimos días. Así algunos barrios de la ciudad fueron y son presentados como territorios “ocupados” y “gobernados” por grupos “narcos” en los cuales el Estado no puede ingresar y se afirma que estos grupos, de algún modo, le disputan poder al propio Estado. No obstante, si bien los grupos que trabajan con la policía cuentan con mayor poder, ese poder es frágil ya que depende de mantener acuerdos con la policía, siempre desde un lugar de asimetría.
Frente a este panorama y si queremos evitar las muertes y el sufrimiento producto de un mercado hoy ilegalizado, es preciso avanzar en el corto o mediano plazo hacia la legalización del consumo de todas sustancias y la regulación de estos mercados.
La autora de esta nota es doctora en Antropología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del Conicet. Docente e investigadora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Rosario (UNR). Además, investigadora del Programa de Antropología Política y Jurídica, UBA.
