Marcelo Sain, las zonas opacas del Estado y el fantasma de la crisis institucional

La proliferación de audios del locuaz Marcelo Sain que pertenecen a la voluminosa causa sobre espionaje ilegal ponen a la provincia de Santa Fe, otra vez, al borde de una crisis política e institucional de dimensiones todavía desconocidas.

La circulación de mensajes en los que el entonces ministro de Seguridad le pide a su núcleo más próximo de colaboradores que perfilen y armen causas penales contra empresarios y dirigentes políticos -según él, con acuerdo del gobernador- abre una inquietante ventana hacia las zonas más opacas del Estado.

Allí se observan prácticas al filo de la legalidad -la Justicia determinará de qué lado se ubican- en el ejercicio del poder.

Con los audios ya en los medios de comunicación, en los palacios de los tribunales creen que la demorada audiencia imputativa podría concretarse en los próximos días. “Hay que ordenar esto de alguna forma”, dice un actor clave de la Justicia.

No son pocos los que creen en el Poder Judicial y en la política que el lapso transcurrido desde el 26 de noviembre -cuando los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, alertados por la destrucción de documentos, allanaron las sedes del ministerio de Seguridad- alimentó las especulaciones y le dio tiempo a todos los involucrados para tratar de inclinar la cancha en beneficio propio.

Desde distintos centros de poder de la provincia deslizan que Jiménez -quien adelantó su jubilación- y Hernández deberían haber imputado primero a los ex funcionarios en base a la prueba con la que contaban y luego sumar a Sain. Ese momento, indican, ya llegó.

Más allá de la hoja de ruta procesal que eligieron los fiscales y qué delitos le imputarán al ex titular del Organismo de Investigaciones (OI) y los ex miembros de Seguridad, una de las preguntas es hasta dónde es capaz de llegar Sain si se siente acorralado. “Si Marcelo se la ve fulera los va a arrastrar al barro a todos”, adelanta una persona que lo conoce bien.

Por eso, los principales interrogantes -e impactos- de la causa son políticos. Sobre todo, cuando los servicios prestados por el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) excedieron el de su área de competencia formal y se ramificaron hacia las relaciones con la Legislatura y el siempre agitado continente peronista.

Tras casi una semana de silencio, y con evidente incomodidad ante un tema espinoso, los principales alfiles del perottismo ensayaron distintos -y no necesariamente convergentes- tipos de defensa, que van desde la negación de las acusaciones y el contraataque hacia la oposición hasta dardos a la Justicia, pasando por guiños al diálogo a las distintas fuerzas políticas.

De ese menú de opciones, el argumento más arriesgado es el de que no aparecerá ningún documento que compruebe que existieron las órdenes que decía recibir Sain en sus audios -porque de esa forma le daba mayor volumen político a sus maniobras o porque efectivamente era así- porque alcanza un solo mensaje o documento, de aparición improbable a esta altura, para que se desmorone.

Derivaciones

Lo cierto es que independientemente del trámite judicial el escándalo ya impactó en el centro del dispositivo político del gobernador. “Esto no es joda, le tocaron un ala al candidato de Perotti para el año que viene”, advierten desde un campamento político.

Descartada la posibilidad de tallar una hegemonía en el heterogéneo mundo del peronismo santafesino, sin opción de reelección ni legisladores del riñón propio, el gobernador y su grupo venían apostando a repetir el esquema que les funcionó a Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. El plan era aprovechar los resortes del poder para armar una lista ganadora para Diputados y, desde la mayoría de la Cámara baja, condicionar al próximo gobernador y preparar el regreso al poder.

Con la Constitución en una mano y el calendario en la otra, en la Casa Gris analizaban hasta la semana pasada el mes de septiembre como fecha tentativa para las elecciones generales. A esa ecuación se agregaba un tercer factor: la expectativa en que Sergio Massa lograra estabilizar la economía y mejorara la competitividad electoral del peronismo.

En medio de la tormenta que desató el huracán Sain, septiembre es un puerto ubicado en la otra punta del mundo.

Diputados opositores cuestionaron la transparencia del proceso para elegir las autoridades del MPA

Antes que eso, la Casa Gris debe enfrentar negociaciones extremadamente delicadas con la Legislatura, un terreno hostil para el oficialismo, como el presupuesto 2023 y la designación de las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ya abrió un foco de conflicto con la oposición.

“En este marco, van a tener que sobreactuar transparencia, cualquier maniobra sospechosa puede hacer caer el proceso”, avisan desde un búnker del no peronismo.

En un ajedrez que se juega en varios tableros y en el que puede caer en cualquier momento algún alfil -como el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, corrido por Perotti del procedimiento de concursos para el MPA luego que su voz apareciera en uno de los audios que salieron a la luz- nadie quiere anticipar sus movimientos.

Todos saben que el escándalo -por ahora, fuera del radar de una sociedad inmersa en sus problemas urgentes como la inflación y la inseguridad- va para largo y según su evolución puede hacer tambalear el andamiaje institucional de la provincia.