La Justicia federal de las ciudades portuarias

Desde hace más de 130 años la provincia de Santa Fe reclama ante el gobierno nacional mayores recursos para la justicia federal en su territorio.

  Cuando iniciaba el siglo XX, en un período en el que la experiencia santafesina era observada internacionalmente como demostración de los progresos alcanzados por Argentina, disponía de un solo juzgado federal con sede en Rosario.

  En 1863 el entonces presidente Bartolomé Mitre fue autorizado por el Congreso a crear juzgados federales en las capitales de las provincias. Sin embargo se decidió que en Santa Fe se hiciera una excepción y que fuera Rosario su sede, en atención “a la importancia de la ciudad y de su puerto”.

  El mismo mandatario ese año había colocado la piedra basal del Ferrocarril Central Argentino, y de esa manera la ciudad aspiraba a convertirse en el primer gran complejo ferroportuario interoceánico del continente.

Se puede decir que el juzgado federal local, nació con la flamante ciudad cosmopolita al punto que recién tres años antes esta había constituido su Municipalidad.

  El primer juez federal fue el doctor José María Zuviría, prestigioso jurisconsulto y ex secretario del Congreso General Constituyente, que había dotado al país de una Constitución progresista.

En aquel entonces la provincia de Santa Fe, con 89 mil habitantes, era la séptima en población, por detrás de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, y Tucumán. Cuarenta años más tarde, su población había “saltado” a 397 mil, con lo que ubicó en segundo lugar luego del gran Estado bonaerense.

  A principios de 1900, Rosario contaba 100 mil habitantes, de los cuales el cuarenta por ciento era extranjero, y su juzgado federal no daba abasto para atender los variados y complejos asuntos sometidos a su jurisdicción.

  Desde su implantación habían quedado muy claro tres factores que justificaban la sede rosarina: el número de abogados y procuradores de su foro, pero fundamentalmente por “ser el emporio de la riqueza industrial y comercial y el gran puerto de Santa Fe”.

En junio de 1901 se trató en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto presentado por Carlos F. Gómez, dividiendo la administración de justicia federal de la provincia de Santa Fe en dos secciones. Una tendría su incumbencia en los departamentos del sur y la otra en los del centro norte.

  En los considerandos se argumentaba “los valiosos intereses que tenían necesidad de justicia federal”, el incremento poblacional, la superficie territorial y “la extensión de costas de la provincia de Santa Fe”.

  El número de causas del juzgado federal de Rosario ascendía a 3.299, lo que era considerado un “número sumamente elevado, por más que el magistrado que estaba encargado de despecharlas reuniera la energía, ilustración y actividad suficientes para cumplir dignamente los deberes de su cargo”.

  Según los defensores del proyecto, en poco tiempo el juzgado federal de Santa Fe, de la mano de la actividad ferroportuaria, tendría tanto movimiento como el de Rosario, y se podría sostener su estructura con el sellado de los trámites.

  La estructura del juzgado propuesto para la nueva jurisdicción era muy simple, un juez, tres secretarios y un procurador fiscal.

Además se confiaba que la iniciativa contribuiría a desahogar a la justicia que tenía a su cargo siete mil causas, mil quinientas de las cuales deberían haber sido de competencia federal.

  Lo significativo de aquella iniciativa de 1901 que así como se solicitaba un juzgado federal para la ciudad de Santa Fe también se proponía uno para Bahía Blanca, el otro complejo ferroportuario de relevancia para aquel proyecto agro exportador: “debe tenerse en cuenta que Bahía Blanca es un puerto de mar importante y que por lo tanto allí están muchísimos de los asuntos de la competencia de la justicia federal; y que como puerto de mar es residencia de muchos extranjeros, los cuales, por razón de las leyes federales, litigan sus asuntos ante la Justicia Federal”.

  En las discusiones que priorizaban que allí estuviese la sede por sobre otra ciudad bonaerense, se privilegió el criterio de la condición de puerto marítimo.

Con la ley sancionada en 1902 que creó el juzgado de la capital santafesina, y el de Bahía Blanca, las principales ciudades portuarias de ultramar, con sus amplios hinterlands productivos, fueron a su vez sede de juzgados federales, Buenos Aires y La Plata ya contaban con él.

  En este aspecto, como en tantos otros, la historia exhibe sobrados ejemplos que evidencia que se ha malgastado el tiempo para hacer las correcciones y adaptaciones necesarias a los requerimientos reales de la coyuntura.

* Director del Núcleo de Ciudades Portuarias del Idehesi-Conicet. Miembro de la Academia Nacional de la Historia.