Una década de una altísima tasa de homicidios registrados, muy por encima de la media de las grandes ciudades de nuestro país. Una década de ensayar predominantemente respuestas punitivas que duplicaron la cantidad de personas presas en cárceles y comisarías, con penas cada vez más duras y regímenes de privación de libertad cada más restrictivos, que no resolvieron el problema de la violencia urbana rosarina, al contrario, lo agravaron.
Una década en la que en ciertos barrios de Rosario la muerte o la posibilidad de ella se convirtió en una experiencia cotidiana. A lo que se sumó en los últimos meses balaceras y amenazas a escuelas y otras instituciones, que profundizaron escenarios de incertidumbre, peligro y miedo para quienes viven o trabajan en barrios populares.
Es en este contexto de acumulación de sufrimiento y de saturación que la Multisectorial por la Paz, que nuclea gremios, sindicatos, organizaciones estudiantiles, sociales y políticas, convocó el jueves pasado a un paro regional y una movilización ciudadana para reclamar a las autoridades políticas qué se hagan cargo de la crisis de seguridad e implementen medidas adecuadas y eficaces para abordarla.
Sin dudas desandar la escalada del conflicto en la ciudad no resulta tarea sencilla, requiere de consensos amplios de diversos actores sociales, para diseñar e implementar políticas y acciones –lo que implica también una adecuada asignación presupuestaria– que involucren a los tres niveles del estado y que sin desconocer el rol de las agencias del sistema penal –policía, fuerzas de seguridad, administración de justicia penal y cárcel– incluya otras áreas estatales y a organizaciones sociales y comunitarias. Exige también partir de diagnósticos exhaustivos que den cuenta de la complejidad del fenómeno de la(s) violencia(s), el delito y los mercados ilegales y que problematicen las prácticas de las burocracias penales.
Sin pretender dictar recetas, sino aportar al debate de ideas para la construcción de los consensos necesarios, presento aquí cinco asuntos para incluir en el corto, medio y largo plazo en un (nuevo) Acuerdo por la Seguridad Democrática en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Propuestas que retoman experiencias previas y son fruto de años de investigación, estudio y reflexión colectiva sobre estos temas que nos ocupan y preocupan.
Del último informe de gestión del Ministerio Público de la Acusación surge que para el año 2022 sólo el 33,1 por ciento de los homicidios fueron esclarecidos. Esto no es nuevo, documentamos datos similares en relación a bajas tasas de esclarecimiento y sanción en los antiguos juzgados de instrucción. La desatención policial y judicial de esas muertes habilita re-victimizaciones y con ello nuevas muertes.
Mecanismos de control y sanción de sus prácticas violentas y de hostigamiento, así como de inacción en relación a ciertas victimizaciones o lugares; y también en relación a su rol clave en la forma que se desenvuelven y desarrollan determinados mercados ilegales; es decir, no puede comprenderse la configuración particular y local de los mercados ilegales sin tener en cuenta la interacción decisiva entre personas que participan en estas actividades y las policías y/o fuerzas de seguridad, en tanto agentes directos del control y regulación estatal.
Los muertos y agresores se parecen demasiado. La gran mayoría son de sectores populares, identificándose en el último año un aumento significativo de mujeres muertas. Se trata, en gran parte, de violencias ligadas a la obtención de honor y prestigio social con materiales socialmente disponibles para hacerlo, en contextos de desigualdad y exclusión social. Cuestiones que nos colocan frente una pregunta urgente: ¿cómo producimos otros materiales para que puedan sentirse reconocidos, respetados, protegidos y conocidos en una ciudad tan desigual, que no sea a través de un despliegue de violencia contra un otro que, a su vez, ha sido construido socialmente como matable, descartable, desechable?
La mayoría de las muertes y heridas se producen por la utilización de armas de fuego. Contar con información de calidad sobre el circuito legal e ilegal de producción, comercialización y circulación de armas de fuego y municiones para su monitoreo y control resulta imprescindible en un plan de reducción de violencia.
El modelo prohibicionista en materia de drogas fracasó en sus propios términos, no disminuyó el consumo y los mercados ilegales se expandieron y diversificaron; la persecución penal siempre focalizada en los eslabones más débiles de la cadena y la clandestinidad de las actividades ligadas a ese mercado sólo generó mayor violencia y sufrimiento. Legalizar y regular el mercado de drogas ilegalizadas se torna una agenda urgente.
(*) Eugenia Cozzi es doctora en Antropología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del Conicet. Docente e investigadora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Rosario (UNR). Además, investigadora del Programa de Antropología Política y Jurídica, UBA.
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Por Pablo Mihal
