El anuncio de Grido de retomar sus planes de expansión en Rosario encendió alarmas entre los titulares de heladerías locales, que decidieron activar gestiones ante las autoridades y manifestar su posición. Para los referentes de la cámara que los agrupa, el fallo de la Corte no modifica las reglas de juego, por lo que instarán al municipio a mantener los límites impuestos por la ordenanza votada en 2012. Asimismo, cargan contra los titulares de la cadena cordobesa, exponiendo que están implicados en una investigación judicial por presunta evasión fiscal.
En diálogo con La Capital, los máximos responsables de la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal (Cicha) refutaron que Rosario tenga un "cepo" a las heladerías. "Lo que plantea la norma es que ningún grupo económico puede tener más del 10% de las sucursales totales de ese momento, pero esa es una cantidad que se va actualizando", planteó su presidente Ciro Cacciabue, quien dijo que en una década el mercado creció un 25%.
Los empresarios locales argumentaron que la ordenanza (sancionada por unanimidad en el Concejo) no produjo una distorsión del mercado, sino que lo ordenó y que incluso permitió su expansión, captada por pymes de la región. "Pasamos de 49 fabricantes locales a 65", añadió Cacciabue.
"El mercado creció en número, en calidad y variedad de marcas -recalcó el titular de Bajo Cero-. Es una norma que se sancionó por el pedido de un sector, no de la política, y que tiene por objetivo defender la cadena productiva local, no solo a las heladerías. Basta ver lo que pasó en otros lugares, donde la llegada de Grido distorsionó todo en perjuicio de los actores locales. En Córdoba mismo pasa, donde allí se da el verdadero cepo, impuesto por Grido mismo".
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Para Cicha, la decisión de la Corte (que en marzo rechazó una queja interpuesta por el Ejecutivo local, a propósito de un fallo judicial que declaró inconstitucional la norma) no alteró las reglas de juego, porque se expidió sobre un caso particular y no sobre el fondo de la cuestión. Así se lo plantearán a las autoridades del municipio en una reunión que prevén tener la semana entrante, de la misma forma que ya lo hicieron con diversos bloques del Concejo.
"La Municipalidad no tiene que hacer nada en particular. La ordenanza está bien así como está", indicó Cacciabue, quien igualmente realizó un tiro por elevación a los jueces de tribunales inferiores que fallaron en contra de la normativa, al plantear que realizaron un "avasallamiento" de las facultades de los otros dos poderes del Estado.
A la espera de definiciones
Por ahora, no ingresó en el Ejecutivo ningún nuevo pedido de habilitación. Tanto Grido como los propios asesores legales del municipio aún continúan estudiando el fallo y sus implicancias. Cuando este medio consultó al secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, sobre el mismo, no fue contundente pero advirtió sobre la necesidad de "tener presentes las competencias" en los debates legislativos. Justamente, se trató de la misma palabra elegida por los jueces para fallar en contra de la ordenanza: tanto en primera como en segunda instancia remarcaron que la Municipalidad "carece de competencia para regular el comercio".
En diálogo con La Capital, la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, fue incluso más allá, indicando que el fallo de la Corte dejaba expuesto a que se presenten demandas por daños y perjuicios, por parte de empresas que se hayan sentido limitadas en sus planes de expansión.
Esta semana el líder de comunicación institucional de Grido dejó entrever que la empresa se alista para retomar este año su plan de expansión en Rosario, que comprendería no solo la apertura de locales "tradicionales", sino también su llegada a barrios populares a través de su segunda marca, Vía Bana.
"Nosotros seguimos con el mismo concepto que en todos los lugares, que es el de llegar con un helado de calidad al mejor precio. Ese es el concepto inicial de Grido, al que sumamos en el último tiempo nuestra llegada a barrios populares, donde entendemos que hay una demanda de helado creciente, que estaba insatisfecha", explicó el ejecutivo de la cadena cordobesa.
Vía Bana es una alternativa que desde la empresa llaman heladerías sociales. Es una marca que comenzó a operar en 2019 y que ya tiene 850 sucursales en villas y asentamientos populares de todo el país. La misma se ofrece a habitantes de barrios populares, a abrir un local en su vivienda, con una mínima inversión.
Para los empresarios rosarinos, la posibilidad de que se abran heladerías bajo esas condiciones representa una potencial violación a todas las normativas vinculadas a la higiene y seguridad. Por ello reclamarán al municipio que en caso de concretarse ese desembarco, se exija a esos comercios lo mismo que a las heladerías tradicionales.
Por último, los referentes de Cicha remarcan que no debe soslayarse que los titulares de la cadena cordobesa se encuentran aún implicados en un proceso judicial iniciado en 2012, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció la creación de un sistema para evadir impuestos por $200 millones (unos u$s 45 millones en ese momento). La causa atravesó distintas instancias y actualmente solo queda en pie la acusación por el delito de asociación ilícita fiscal, ya que la acción penal por evasión fiscal cesó tras el pago de los montos presuntamente evadidos.
