Tras el fallo de la Corte que ratificó la inconstitucionalidad de la ordenanza que limita las heladerías, el municipio quedó expuesto a potenciales demandas por daños y perjuicios. Frente a esa situación, en el Ejecutivo llamaron nuevamente a "tener presentes las competencias municipales" en los debates legislativos, a propósito de la actual discusión en torno al lavado de activos. El mensaje oficial apunta también a los recurrentes pedidos sectoriales de regulación, como el que emergió a principios de año de la Cámara de Kiosqueros.
A finales de marzo, el máximo tribunal rechazó la queja interpuesta por la Intendencia de Rosario, que planteaba reparos a una sentencia dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número 2. El derrotero judicial se había iniciado en 2017, cuando la cadena local Tento (del mismo titular que Smart, enfrentado a la cámara sectorial) presentó un recurso de inconstitucionalidad respecto de la ordenanza 8.664/10.
En distintas instancias, la Justicia marcó que la Municipalidad "carece de competencia para regular el comercio", poniendo en un endeble estado a la normativa sancionada hace más de una década. Vale recordar que en aquél entonces los ediles aprobaron -por unanimidad- un límite a la apertura de locales por parte de una misma firma, fijando un tope del 10% sobre la cantidad total. Se había tratado de un proyecto motorizado por la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal de Rosario, que veía con gran preocupación el avance de la cordobesa Grido.
Según planteó la subsecretaria Legal y Técnica Juliana Conti, el fallo de la Corte deja expuesto a que se presenten demandas por daños y perjuicios contra el municipio, por parte de empresas que se hayan sentido limitadas en sus planes de expansión. Ello por ahora es simplemente una posibilidad, pues no se ingresó ante la Justicia ningún pedido puntual.
A renglón seguido el secretario de Gobierno Gustavo Zignago aclaró que si bien puede haber pretensión de terceros de accionar contra el Estado, "hay que ver después el resultado, porque debería haber visto frustrado su derecho con una acción concreta, por ejemplo haber pedido una habilitación". El funcionario valoró además que operó un cambio de contexto desde 2010, donde hoy el negocio no se concentra exclusivamente en los locales físicos.
En este marco, las autoridades resaltaron la necesidad de perfeccionar la técnica legislativa, máxime cuando está en debate una posible modificación a la normativa vinculada al lavado de activos. "Fuimos bastante insistentes en respetar las competencias que fija la Ley de municipios, para no tener casos como este", dijo Conti, a propósito del diálogo mantenido con los concejales.
"El sustrato en el intercambio en la comisión fue justamente este. Tengamos en claro hasta dónde llegamos y qué responsabilidades asumimos, sepamos qué se puede y qué no se puede desde el Estado local", completó Zignago.
En defensa del mercado local
Como se mencionó, la normativa que regula las heladerías fue aprobada por unanimidad en el Concejo, que por aquél entonces era presidido por el socialista Miguel Zamarini. En particular, la sesión que la aprobó fue encabezada por Norma López, que hoy sigue con una banca en el Palacio Vasallo.
"Lo que nosotros hicimos fue algo similar a lo que ya se había hecho antes con la protección de las superficies comerciales", explicó la representante del bloque Frente de Todos, para luego agregar que "la mirada que orientó ese debate, y que hoy sigo sosteniendo, es la de proteger al mercado y la producción local".
La búsqueda relatada por López fue indudablemente compartida por todos sus colegas, pero para la Justicia lo normado no guarda vinculación "con razones de tutela de la seguridad, salubridad o higiene de la población, ni con finalidades propias del municipio atribuidas por la ley".
El debate en torno a qué puede regular el Concejo cobra sentido no solo por el proyecto de lavado, sino también para enmarcar iniciativas que de tanto en tanto aparecen en la ciudad. Por ejemplo, la pedida por la Cámara de Kiosqueros de Rosario, que tal como contó este medio manifestó su preocupación por la expansión de algunas cadenas.
El proyecto de los kiosqueros había ingresado a través de la concejal de Todos Hacemos Rosario Marina Magnani, quien en diálogo con La Capital indicó que la iniciativa, tal como está planteada, no tiene posibilidades de salir. Sin embargo, abogó por "reglamentar a favor de las protecciones regionales".
Para la edil justicialista, existen antecedentes que pueden servir para pensar normas que "den impulso a los emprendedores regionales, porque por una cuestión de escala no pueden competir con empresas de otro tamaño".
