Tras el receso impuesto por la feria judicial, en las próximas semanas volverán a la agenda algunos de los casos más resonantes vinculados a estafas económicas en Rosario. Uno de ellos es el que tiene como protagonista central a Leonardo Cositorto, acusado de defraudar a un grupo de 11 personas por unos 175.000 dólares. Según pudo conocer este medio, a raíz de una declaración clave la Fiscalía ampliará las imputaciones, lo que amén de complicar la situación del líder de Generación Zoe implicará el paso por Tribunales de nuevos protagonistas.
Quien decidió colaborar con la investigación es nada menos que la persona sindicada como cabecilla local de la organización, el publicista Roque Depiante, que permanece en prisión domiciliaria en un country de Roldán. Por espacio de más de dos horas, contó pormenores de lo que sucedía en las oficinas de San Lorenzo al 1.700, donde operó por unos meses Generación Zoe. "Dio mucha información de cómo funcionaba todo", explicaron fuentes judiciales.
Para certificar sus dichos, Depiante acompañó conversaciones de WhatsApp en las que complica a Cositorto -quien había dicho en la audiencia imputativa que "nunca quise quedarme con el dinero de nadie- pero también a Claudio Álvarez, una persona que hasta aquí no había sido incluida entre los responsables de la estafa.
Si bien no desfiló por el Centro de Justicia Penal (CJP) rosarino, Álvarez es un hombre clave en la trama de Generación Zoe. Detenido actualmente en Córdoba, fue acusado por la fiscal Juliana Companys por asociación ilícita y estafas reiteradas, junto a un grupo de 14 personas.
Según apuntó Depiante en su declaración, la oficina de Rosario respondía a Villa María, por lo que todos los reportes eran directos con el propio Álvarez. El publicista mostró chats de WhatsApp en los que se exhiben conversaciones previas a la apertura de la oficina en calle San Lorenzo, al tiempo que constantemente se iban coordinando todos los movimientos, por ejemplo la organización de un evento en el salón Metropolitano.
La versión de Depiante es respaldada además por otra declaración recibida en el marco de la investigación, proveniente de Verónica Rampello, también imputada en la audiencia celebrada en mayo pasado en el CJP. Sobre ella pesa actualmente una medida cautelar -prisión domiciliaria-, que podría ser revocada si avanza un pedido de la defensa, que será tratado en una audiencia a celebrarse el próximo jueves 28, a cargo de la jueza Castelli.
Con toda la nueva información recolectada -más datos que aún están procesándose, por ejemplo de la billetera virtual Binance-, la Fiscalía se prepara para ampliar las imputaciones por las estafas en Rosario, lo que incluirá la acusación contra Álvarez, de quien se pedirá su traslado desde Villa María.
Antecedentes
El capítulo local de Generación Zoe había comenzado a tomar temperatura en abril, cuando ingresó a la Fiscalía una denuncia promovida por el abogado Jorgue Resegue, quien patrocina a un grupo de inversores que planteaban un perjuicio cercano a los u$s 175.000.
A finales de mayo, el fiscal Mariano Artacho imputó a Cositorto por los delitos de estafa y asociación ilícita. Junto al empresario se sentaron en el banquillo otras tres personas, presuntas responsables de las operaciones en la ciudad: Edmundo Roque Depiante, Delfina Depiante y Verónica Rampello.
La imputación se fundamentó en base a entrevistas realizadas con las víctimas y material secuestrado durante allanamientos concretados previamente. Según el relato de Artacho, la presencia de Generación Zoe en Rosario comenzó en agosto de 2021 y se extendió hasta febrero de 2022, tiempo en el cual la empresa alquiló una oficina en San Lorenzo al 1.700, en la que se recibían pagos y se impartían clases de coaching.
En paralelo al trámite de esa primera denuncia, la Fiscalía recibió una segunda demanda -más grande tanto por el número de víctimas como por el monto de la estafa- que apuntaba a una célula que funcionaba en la ciudad de Casilda.
