Así como la economía feminista pone en tensión la concepción misma del concepto trabajo, al valorizar y buscar una remuneración para las tareas domésticas y de cuidado _altamente feminizadas por un mandato de género que hace presumir que biológica y socialmente le corresponden a las mujeres_ la economía popular se encuentra con los mismos límites, cuestionamientos sociales y estigmatizaciones.
A Norma, que comercializa su producción en una cooperativa y participa de las ferias locales de economía popular, jamás se le ocurriría pensar que lo que hace no es trabajo, mucho más aún si a esa tarea se le suma la de cuidar sola a su hija discapacitada. Sin embargo, la realidad se encarga de decírselo a diario cuando comprueba que no puede gozar de los mismos derechos que un trabajador asalariado formal.
“Hay una parte enorme del trabajo que permanentemente es subalternizado, desvalorizado, puesto por debajo de la alfombra”, recordó Gago y está “en los sótanos de lo que se conoce como producción”, como si “fuesen formas menores o no importantes de lo que llamamos trabajo”.
En ese sentido, la investigadora planteó las discusiones de la economía feminista y la economía popular se unificaron y amplificaron en las últimas décadas por efecto del neoliberalismo que “excluyó a las mayorías de la capacidad de reproducir su vida a través del salario, lo que obligó a mucha gente a salir a buscar ingresos por otras vías que no sean el ingreso fijo a fin de mes”.
Ese ingreso que se procuran mujeres como Marta, Sandra o Norma, quienes junto a muchas más participaron del ciclo de capacitación que se realiza mensualmente hace tres años, donde contaron sus historias y le pusieron un rostro a experiencias de trabajo que históricamente fueron “invisibilizados, devaluados y vinculados con jerarquías que también incluyen a campesinos o migrantes”, agregó Gago, aunque dijo también que hoy son “mayoritarios”.
“Vemos que muchas de las tareas que se hacen en la economía popular son por un lado muy vinculadas a la reproducción social como los merenderos, comedores comunitarios, tareas de acompañamiento de violencia, organización e infraestructura social en el barrio (levantar residuos, hacer canaletas, etc.) que sabemos que sostienen, mantienen y hacen posible la vida de sus habitantes en esos territorios”, ejemplificó Gago y dijo que en general “no están reconocidas y tampoco remuneradas”.
En un contexto donde volvió a instalarse la estigmatización de los beneficiarios de planes sociales y se puso en cuestión la tarea de las organizaciones sociales que trabajan en los barrios, volver a repensar el concepto de trabajo es un ejercicio necesario.
“Hay que dejar de hablar de la economía popular en términos de pobreza y reivindicar su capacidad productiva y de trabajo”, aportó Gago y señaló que “hoy no se subsidia la pobreza, sino que se paga un trabajo”, en referencia al rol clave que cumplen las y los trabajadores en los barrios, donde además cumplen un rol clave en la reproducción social de la vida en términos productivos y simbólicos. “En los barrios somos psicólogos, funcionarios, gestores de políticas públicas”, recordaron las mujeres que gestionan comedores en la ciudad.
“¿Por qué sirven las categorías de la economia feminista para entender a las economías populares?”, se preguntó la socióloga, autora junto a Silvia Federici y Luci Cavallero del libro “Quién le debe a quién. Ensayos trasnacionales de desobediencia financiera”.
Explicó que la economía feminista viene dando un debate político para poner en valor las formas de trabajo que no son reconocidas como tales y eso los devalúa en términos económicos y simbólicos. Y ese mismo camino es lo que la hermana con la economía popular.
En ese punto, citó como primer punto en común la reproducción social de la vida, entendida como ese conjunto de tareas que hacen que la vida se reconstruya a diario, tales como la alimentación, el cuidado, la educación, el afecto, que tienen como característica, además, el hecho de que requieren una repetición continua. “Históricamente han sido desconocidas como trabajo y naturalizadas especialmente para las personas de género femenino, que están destinadas o biológicamente o en términos de género a realizarlas y de manera gratuita”, advirtió Gago.
Eso que sucede al interior de las familias, también se replican, de manera similar en los barrios. “Allí quienes forman parte de la economía popular, y en general mujeres, acompañan situaciones de violencia de género, se encargan de los cuidados comunitarios, de solucionar problemas del barrio, es decir garantizan la reproducción social personal y colectiva, pero son naturalizadas como si no fueran trabajo”, aseguró la investigadora al recordar la famosa frase de Federici, escritora y activista feminista italiana que dice: “No es amor, es trabajo no pago”.
Justamente la tarea de contención social que en los barrios tomó la forma de comedores, merenderos y centros de asistencia y cuidados a través de distintas formas de economía popular, se naturalizó como una forma de solidaridad _en su mayoría muy feminizada_ para paliar una situación de crisis. Pero en rigor, repitieron a escala barrial lo que se venía registrando al interior de las familias, es decir un trabajo de cuidados no remunerado.
“Esto no representa que las tareas de cuidado se realicen sin afecto, pero hay una justificación histórica de que le corresponden a las mujeres y deben ser hechas de manera gratuita porque media el amor o las relaciones afectivas”, detalló Gago. “Esto las convierte en obligatorias y se oculta su valor y se disimula su productividad”, indicó.
Así lo entendieron las referentes de las cooperativa Juntas y Unidas, una organización cooperativa conformada por mujeres trans que cuida a personas mayores; de Fuerza del Oeste, integrada por las organizaciones sociales La Hormiga y el Centro Cultural La Trinchera y de Sentires, constituida por jóvenes nucleados en la ONG Centro de desarrollo integral para la familia y la mujer (Cedeifam ), que desarrolla sus actividades en barrio La Esperanza del distrito Norte.
En la edición de "Juntas hacemos Economía" se presentaron cuatro casos de cooperativas de cuidados.
Ellas presentaron las experiencias de la formalización de las tareas de cuidado, remuneradas y encuadradas en la figura cooperativa que pone en valor la productividad de ese trabajo.
Para Gago hay una suerte de línea divisoria que establece un trabajo reconocido y otro no, uno asalariado y otro no, uno libre (la persona ofrece su fuerza de trabajo al mercado) y otro obligatorio (por una cuestión de género). Una categorización aplica tanto a la economía popular como la feminista.
“Hay una división que categoriza según géneros y que reparte hacia un lado el trabajo visible, remunerado, que tiene dignidad y reconocimiento político y convierte a quienes lo tienen en trabajadores; y del otro lado, un trabajo que es devaluado, que obliga a hacerlo a un género y no es reconocido socialmente como tal”, explicó Gago.
“Esa división reparte jerárquicamente qué es trabajo y que no y quienes son trabajadores y quienes no lo son”, agregó al definir en términos teóricos la experiencia que viven mujeres como Marta, que deben confirmar su categoría de trabajadora aunque no sea asalariada.
Para romper esa lógica, Gago consideró que es clave que hay “sujetos políticos que impugnen esa distribución y esa jerarquización”,
Los datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) muestran que la mayoría de las trabajadoras son mujeres, con lo cual disputar estos preconceptos desde ambos frentes es una oportunidad histórica. “Este debate se instaló fuerte en la pandemia cuando se hablaba del trabajo esencial, que sostuvo la actividad en los barrios, que se hizo cargo de la emergencia habitacional, alimentaria, de salud”, recordó Gago, por eso “es momento no sólo de reconocerlo, sino de pagarlo, porque esas y esos trabajadores necesitan derechos y salarios”, concluyó.
Huelgas y piquetes, las formas del conflicto
Gago consideró que estas nuevas formas de trabajo exigen pensar los conflictos de otra manera. “Hay una historia de lucha obrera vinculada con las huelgas y los sindicatos, pero la expansión de la economía popular asociada a los movimientos sociales puso en juego otras formas de conflicto político como, por ejemplo, los cortes de ruta o las acciones en distintos barrios”, dijo.
Por eso a su juicio es clave abordar los reclamos y resolver las tensiones a través de nuevas formas “ que están asociadas a las nuevas dinámicas de trabajo”, dijo.
Serán entonces “otras herramientas de lucha por fuera de las tradicionales”, indicó, muy diferentes a las que se abordan en el trabajo asalariado.
Un espacio de capacitación
El programa “Juntas hacemos Economía”, que se viene desarrollando desde 2019 y brinda talleres con perspectiva feminista orientados a emprendedoras que buscan fortalecer su autonomía económica y los derechos del colectivo que integran, fue uno de los 10 proyectos finalistas del programa Ciudades Educadoras que lleva adelante la Asociación Internacional sobre el tema (Aice).
En esta edición cuarta edición del consurso se puso el acento en políticas municipales innovadoras que apuestan por los cuidados como un eje de transformación socioeconómica desde la perspectiva de la economía feminista y que fomenten la educación en torno a la eco interdependencia.
“Juntas hacemos Economía pone eje en la economía familiar, el emprendimiento productivo que gestionan las mujeres y los lazos y vínculos entre pares”, indicó Marta Sánchez Miñarro, directora de la Escuela de Emprendimentos Sociales de la Municipalidad y recordó que la propuesta reúne a feriantes, emprendedoras, huerteras, cooperativistas y recuperadoras urbanas.
“Desde marzo y hasta noviembre, el tercer lunes de cada mes realizamos encuentros en los que se trabajan temáticas que interpelan a las participantes en su condición de mujeres, emprendedoras y trabajadoras de la economía social, con el objetivo de vincularlas en red para que articulen entre sí”, detalló Sánchez Miñarro.
