Los amparos de salud en los Tribunales de Rosario por incumplimientos de prestaciones médicas de prepagas y obras sociales son moneda corriente. En ese espectro, uno de los puntos sensibles son los recortes en el servicio de internaciones domiciliarias, lo cual acarrea diversos inconvenientes y angustias a pacientes y familiares. El problema angular es que mayormente se deslinda el servicio a empresas tercerizadas que resultan precarias y sin recurso humano idóneo. “Es una realidad palpable y que pone en riesgo la vida de los pacientes”, destacó una abogada especialista en derecho a la salud. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe recibe diariamente múltiples presentaciones de ciudadanos que atraviesan este tipo de inconvenientes.
Contratar los servicios de un enfermero idóneo, de médicos de distintas especialidades, conseguir oxígeno, camas o insumos ortopédicas, equipos de monitoreo. Toda esa tarea, y ni hablar de los burocráticos trámites por reintegro, recae muchas veces sobre los hombros de los familiares de pacientes a los que se les indica seguir un tratamiento en internación domiciliaria, ya sea por una patología o afección puntual o por discapacidad.
Así está establecido por el Ministerio de Salud de la Nación en el Programa Médico Obligatorio de Emergencia (resolución Nº 201 del 2002) del PMO, donde “se asegura el 100 por ciento de cobertura en la internación en cualquiera de sus modalidades, institucional, hospital de día o domiciliaria”.
Sin embargo, en la práctica es todo cuesta arriba. Lidiar con la cobertura es un recorrido que deben hacer principalmente los familiares del paciente. Hace unos días La Capital recibió el desesperante pedido de una mamá cuya beba de cuatro meses estaba en un sanatorio privado con una patología grave, pero la derivaron a su casa porque era más conveniente proseguir el tratamiento con internación domiciliaria.
La mujer solicitó la asistencia de médicos porque la beba sufrió una descompensación. Al domicilio llegaron enfermeros sin estetoscopio y totalmente incapacitados para atender el cuadro. Antes le habían enviado otros profesionales que desconocían la patología, lo cual impidió hacer un correcto seguimiento de la paciente. Con su hija delicada y en riesgo, la mamá debió volver al sanatorio para garantizar su atención.
Un derecho
Como especialista en demandas por incumplimientos en coberturas de salud, la abogada Carina Mazzeo identifica claramente el problema. Es que en lo cotidiano litiga en distintas direcciones para lograr que los beneficiarios obtenga las prestaciones que les corresponde por derecho. Y destacó que uno de los problemas angulares es que las prepagas tercerizan el servicio de internación domiciliaria.
“La internación domiciliaria está prevista en el PMO con cobertura al 100 por ciento de las prepagas u obras sociales. El requisito es que el paciente debe salir del sanatorio u hospital con la indicación médica prescripta con todos los detalles, si es necesario oxígeno, kinesiología, controles cardiológicos y clínicos”, recalcó Mazzeo como primer punto.
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Identificó que la trabas aparecen porque “muchas veces los prestadores o prepagas no tienen una empresa específica para brindar el servicio. Para suplir esa carencia les piden a los familiares de los pacientes que contraten por su cuenta a enfermeros, médicos, insumos, camas ortopédicas, lo cual genera todo un trastorno, ya que deben pedir facturas y después tramitar reintegros, además de lidiar con cada uno de los servicios”.
Según Mazzeo en la realidad “son muy pocas los prestadores que tiene un servicio bien armado o módulos coordinados. La idea de la internación domiciliaria es que debe ser igual a la que se brinda en el nosocomio, es una continuidad. Pero muchas veces los familiares de estos pacientes se encuentran huérfanos. Lo ideal sería que cuando el médico la prescribe, el afiliado vaya con la orden a prestadora y le brinden el servicio como corresponde, pero no sucede”.
Familias boyando
Los amparos de salud en ese ítem son moneda corriente en los Tribunales provinciales y también en los Federales. Por su recorrido y contacto con personas que atraviesan ese incordio, Mazzeo grafica que “las familias quedan boyando, en una real situación de abandono de persona”.
Además, lógicamente los pacientes no se pueden ocupar de los trámites y sus familiares a veces tienen limitaciones. “Se trata de pacientes complejos, que requieren de enfermería, controles diarios, médicos especialistas, clínicos, cardiológicos, oxígeno, control de la mediación, kinesiología, terapia ocupacional. Pero a la mayoría les dan la mitad de prestaciones”, advirtió la profesional.
Por su experiencia en la temática, Mazzeo reconoció que mucha gente consulta y luego, ante las negativas, acciona legalmente a través de los amparos para que sea un juez el que ordene la prestación completa. “Es el problema real. Y no se puede dejar a la deriva a un paciente de esas características, se pone en riesgo la vida, ni más ni menos”.
Servicio precario, con riesgo de vida
A pesar de ese panorama, Mazzeo visualiza un principio de solución. “Las prestadores deberían tener un módulo médico específico para atender la internación domiciliaria, equipo especializados con una coordinación y auditoría. Muchas veces van enfermeros o médicos una vez a la semana, y después va a otro profesional. Eso no es hacer un seguimiento serio del paciente”.
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Al mismo tiempo dijo que “hay muchas quejas por la precariedad de las empresas, el servicio es desprolijo y no hay nadie que los controles. Desde nuestro punto de vista deberían tener un listado de prestadores de internación domiciliaria, es caro, pero a las empresas les conviene porque no lo es tanto como una internación sanatorial. La gente peregrina mucho por esto, y el principal problema es el riesgo de vida, el desamparo de todo el grupo familiar”.
Los únicos responsables
En la Defensoría del Pueblo también impacta la problemática. “Recibimos reclamos habitualmente por cuestiones relacionadas con internaciones domiciliarias, no tanto por desconocimiento de las coberturas, sino por demoras en autorización, que en definitiva sería lo mismo”, afirmó Facundo Vidal Valls, coordinador de Protección de Derechos Civiles y Sociales del organismo.
El funcionario indicó que abundan los reclamos, “sobre todo falta de provisión de insumos necesarios para la internación en tiempo y forma. También recibimos presentaciones por falta de visitas de los enfermeros o médicos. En esos casos las obras sociales, que generalmente tercerizan esos servicios, intentan desligarse de responsabilidad, cuando son los principales obligados a cumplir la prestación en tiempo y forma”, abundó el profesional.
Juzgados poco receptivos
Otras fuentes judiciales consultadas advirtieron a este diario una situación que no resulta menor a la hora solucionarle los problemas a la gente. “En algunos juzgados civiles de Santa Fe todavía hay que explicarle a funcionarios y jueces qué dice la ley respecto a la internación domiciliaria o a la asistencia por temas de discapacidad”, repasó un letrado.
Es que agotadas las instancias de reclamos por la vía administrativa, el Poder Judicial pasa a ser el último recurso de las familias afectadas para obtener una respuesta inmediata. “Los jueces y funcionarios a veces tratan estos temas muy delicados como si fueran un cobro de pesos o un desalojo, cuanto estamos hablando de vida, de humanidad. Se tienen que capacitar”, fustigó otro abogado que suele presentar medidas cautelares relacionadas a cobertura de salud.
Los caminos para reclamar
Los caminos para reclamar por incumplimientos de las prestaciones médicas tiene un paso inicial que es ante la obra social o prepagas con un documento escrito que deberá firma el paciente o su familiar, que la prestadora deberá responder de acuerdo a los términos de la ley.
Pero si el caso es muy urgente, grave o se deniega nuevamente la prestación, se deberá elevar la petición a la Superintendencia de Salud de la Nación. Pero dado que la burocracia y los trámites pueden demandar un tiempo que afecta la calidad de vida del paciente, el recurso de amparo aparece como una opción efectiva.
