Los incidentes en la previa y luego del partido por la semifinal de Copa Argentina en el entorno del Coloso del Parque dejó abierta una discusión que se remonta al menos a 1995. Ese año, al Concejo Municipal ingresó el primer proyecto para regular la actividad de cuidacoches (que imponía pecheras identificatorias a los trapitos) y que, luego de décadas de discusiones, extorsiones para obligar al pago por cuidar vehículos, y hechos de violencia en estadios de fútbol, boliches y en la vía pública, desembocó en el artículo 300 del flamante Código de Convivencia. Allí se establece que se debe comprobar el acto extorsivo e identificar a quien comete la infracción por lo que es necesario acompañamiento policial.
Todavía resuenan los ecos de lo ocurrido el miércoles a la tarde cuando las veredas y espacios verdes en derredor del estadio de Newell’s quedaron “tapizados” de autos merced al servicio de “parking” de los cuidacoches. .
El viernes hubo fuego cruzado entre el intendente Pablo Javkin y la policía. El primero señaló a la provincia por dejar sin uniformados al operativo pese a haber pagado los adicionales y denunció la ausencia de retenes en el ingreso a Santa Fe a la altura de Carcarañá. Los funcionarios del Ministerio de Seguridad recogieron el guante. Tildaron al procedimiento de “exitoso”, aclararon que el operativo tuvo reuniones previas con el municipio, informaron que más de 400 efectivos participaron de él y que hubo controles en la autopista a Córdoba (desde donde llegaron los hinchas de Talleres que se enfrentaron con Banfiled).
El primer proyecto lo presentó el ex concejal por 6 mandatos consecutivos, Jorge Boasso. En 1995 se establecía la creación de un registro de cuidadores de vehículos, cuyos integrantes debían acompañar certificados de buena conducta, se otorgaba credencial identificatoria, la contribución de carácter voluntario. Cualquier contravención provocaría el retiro de la credencial.
En 2017, el mismo edil había presentado el programa municipal de cuidacoches: un relevamiento previo (la autoridad de aplicación era la Secretaría de Control), asignación de un lugar determinado, credencial con foto, datos personales, casaca refractaria con la inscripción del carácter voluntario de la contribución y el número de la línea gratuita para denuncias.
“El día del partido fue una emboscada, dejan en manos de los trapitos el estacionamiento; cobran lo que quieren a la gente con aprietes y después viene el municipio y lmultas. Una joda”, se quejó Boasso para aclarar: “Ello sin justificar los desmanes de los cordobeses”.
Contradicción
Otro ex concejal, Roy López Molina, también brindó su punto de vista: “Un operativo policial que fue un fracaso; hubo un abuso de arma contra un hincha de Talleres al que le balearon el auto cerca del estadio de Central. La responsable primera por los aprietes de cuidacoches es la policía. Pero la Municipalidad tiene un problema serio producto de su contradicción que arrancó con el Código de la Convivencia. Forzaron la aprobación del artículo 300, pero no es la herramienta adecuada para enfrentar los trapitos. Un error. En lugar de cuidar los espacios públicos y sancionar prefirieron incorporar la figura de extorsión que corresponde a otra jurisdicción, que no es la municipal. No haber diseñado una buena herramienta hace que hoy no se pueda dar respuesta a los aprietes”.
El ex edil aportó una solución posible: saturación policial en los estadios, órdenes claras del Ministerio de Seguridad, coordinación con áreas de control municipal, asistencia de cámaras de videovigilancia y un fiscal de flagrancia para actuar en el lugar.
El concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo, consideró que el artículo 300 aplica a los trapitos ante actitudes extorsivas, tras indicar que el municipio debió haber actuado de manera preventiva con un puesto fijo de control urbano junto a la policía “y con el personal necesario para evitar la invasión del espacio público”. A futuro, Cardozo advirtió que este antecedente afecta la realización de eventos “después del papelón del otro día”. Como resumen, el edil hizo su crítica. “No se puede multar de manera masiva si el municipio no se hicieron cargo antes de la situación”.
Otra opinión la volcó el ex concejal macrista y actual diputado provincial Gabriel Chumpitaz: “Como intendente saldría a la calle con inspectores a impedir la ocupación, metería denuncias en Fiscalía y combinaría con la fuerza policial. El trapito que se adapta y quiere trabajar, puede cortar el pasto de plazas y limpiar basurales”.
