Definen qué hacer con la villa de Puerto Norte

Tras la resolución judicial del litigio respecto a los últimos terrenos públicos en Puerto Norte, la Municipalidad y el gobierno nacional aceleraron las gestiones para resolver qué hacer con el codiciado predio público de 3,6 hectáreas conocido como Unidad de Gestión 3 (UG3). En el lugar viven unas 55 familias -según el censo realizado en 2018-, que conforman el único barrio popular ubicado al interior del polígono conformado por Avellaneda, Pellegrini y el río Paraná.

A mediados de abril, el intendente Pablo Javkin y el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), Martín Consentino, tuvieron una reunión en Buenos Aires donde acordaron políticamente trabajar en conjunto. Fruto de ese entendimiento, la semana pasada técnicos de la repartición nacional y de la Secretaría de Planeamiento visitaron el lugar y comenzaron a cruzar información específica sobre el tema.

“Hay una decisión de avanzar en un acuerdo con la Intendencia para encontrar una solución al problema y desarrollar esa zona”, dijeron desde la Aabe ante la consulta de La Capital. Por parte del municipio, el coordinador de Gabinete, Rogelio Biazzi, confirmó que es voluntad de esta gestión “resolver el tema”.

Si bien las partes se resguardan de dar mayores detalles, constituye toda una novedad que ambos estados decidan avanzar en una zona sobre la que están puestas todas las miradas desde hace rato. Se trata de una villa ubicada sobre terrenos con un valor incalculable fruto de las intervenciones que se realizaron en las últimas décadas que dieron lugar a los desarrollos inmobiliarios en Puerto Norte.

Tal como se indicó a principios de 2022 en este diario, la idea de un acuerdo entre los gobiernos nacional y municipal está vigente desde hace años, por ahora con resultado negativo. Mientras el primero es el titular del terreno, el segundo es el que debe dar los indicadores a la zona, por lo que es condición sine qua non que haya sinergia entre ambas partes.

El punto central a resolver es la situación de las 55 familias que habitan el lugar (número aportado por el Registro Nacional de Barrios Populares), todas ellas conocedoras del alto valor que tienen los terrenos. En 2016, el empresario Gabriel Mana logró la firma de la mayoría e intentó hacerse con el control de las tierras, una jugada que terminó en saco roto tras varios fallos judiciales en contra.

Mana se presentó como legítimo dueño del lugar, porque les habría ido adquiriendo las parcelas a sus residentes. En su carácter de titular del fideicomiso El Alto, le reclamó al Estado nacional la prescripción adquisitiva de los lotes. Sin embargo, en 2017 la jueza de primera instancia Sylvia Aramberri rechazó la demanda, en un fallo confirmado un año más tarde por la Cámara Federal de Apelaciones.

El último capítulo del derrotero judicial del empresario tuvo lugar en junio de 2020, a través de una sentencia de la Corte Suprema. "El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)", plantearon los jueces en un fallo de apenas una carilla.

Atento a la resolución judicial del pleito, en el municipio detectaron que estaban ante la posibilidad de resolver un tema de larga data. Si bien los detalles de qué hacer con el lugar aún no se ventilan, se descuenta que el predio tendrá usos mixtos, combinando viviendas, comercios y espacio público. El quid de la cuestión es si las familias serán relocalizadas en una vivienda a levantarse en el mismo lugar o bien mudadas a otra zona (una posibilidad que genera sueños húmedos en el sector inmobiliario, pero de difícil concreción).

Según aclararon diversas autoridades consultadas para este artículo, los terrenos no necesariamente tienen que pasar a manos del municipio. Existe la chance que el Estado local se convierta en una suerte de mediador, que acuerde términos de referencia entre Nación, vecinos y desarrolladores privados, para lograr así un proyecto en conjunto, que contemple también la situación de la ex embotelladora Linares Trechel (hoy cooperativa).

Aportes del Legislativo

En la última década fueron varios los proyectos que desde el Concejo se dieron a conocer sobre la zona. La referente de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, propuso destinar parte de los terrenos para el programa Procrear en tiempos de Cristina Kirchner como presidenta. Ya con Mauricio Macri como presidente, el actual diputado nacional Eduardo Toniolli (PJ) planteó un plan de urbanización que titularizaba el dominio en favor de los actuales habitantes, al tiempo que respetaba el uso productivo de Linares Trechel. Ciudad Futura, por su parte, sugirió que la zona protagonice una primera experiencia de inmobiliaria pública. En 2018 el edil Alejandro Roselló (PRO) acompañó una intención del Ejecutivo nacional de vender las tierras.