Puerto Norte: se resuelve el litigio sobre una valiosa zona en disputa

El predio de 3,6 hectáreas ubicado en avenida Francia entre Caseros y Junín representa los últimos terrenos públicos cercanos al megaproyecto Puerto Norte, una zona que se revalorizó ampliamente a partir del desarrollo inmobiliario y una decisión urbanística del Estado local, desde la época de Miguel Lifschitz como intendente a esta parte.

Esas codiciadas tierras fiscales, que para algunos dirigentes representan "las joyas de la abuela", pertenecían a la ex Administración de Infraestructuras Ferroviarias, organismo a cargo de los bienes que quedaron tras la privatización de Ferrocarriles Argentinos, y hace cinco años que están en un litigio judicial que se resolvería en breve.

Hoy son habitadas por 70 familias que formaron hace décadas un barrio popular pegado a la ex embotelladora Linares Trechel, actual cooperativa desde que en 2013 los dueños cerraron la persiana de la fábrica. Desde hace años el municipio trata de acordar con Nación para regularizar la situación habitacional de las familias y definir el uso del espacio.

La zona, clave en la renovada costa central y sobre los que hay grandes intereses inmobiliarios que no contemplan necesariamente la suerte de quienes habitan allí precariamente, en algunos casos desde hace 30 años, se conoce como Unidad de Gestión 3 en el master plan de urbanización diseñado hace años, y quedó por fuera del emprendimiento Puerto Norte.

La sombra de la búsqueda de hacer negocios corriendo a las familias para construir en altura recorre el área insistentemente. Quienes conocen el paño incluso deslizan que los informes de un canal de televisión nacional sobre venta de drogas en el lugar preparaban el terreno para la expulsión de los vecinos, a partir de la intención de mostrar el lugar como "zona de nadie" carente de control y potencial foco de peligrosidad para el barrio.

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Litigio

Pero no fue la única disputa que vivió el sitio. También hay una causa en la Justicia Federal, ya que se trata de un lugar bajo jurisdicción nacional. Gabriel Mana, dueño del emprendimiento El Tortero, se presentó en 2016 a través del Fideicomiso del Alto como el dueño de las tierras con la firma de 50 habitantes de la zona.

El empresario sostenía que era el legítimo propietario porque les fue adquiriendo las parcelas a los residentes, y le reclamó al Estado nacional la “prescripción adquisitiva” de los terrenos en su favor. Algunos ediles deslizaban que muchos vecinos habían firmado documentos sin entender su contenido, solo con la promesa de recibir dinero luego, y que se trataba de un artilugio jurídico para quedarse con terrenos públicos.

Pero lo cierto es que los planteos del privado sufrieron dos reveses en los Tribunales. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó en 2018 un fallo de 2017, por el que la magistrada de primera instancia Sylvia Aramberri había rechazado la demanda. Ante los dos traspiés judiciales, Mana apeló ante la Corte Suprema de la Nación. Ahora, el conflicto está cerca de resolverse favorablemente para el Estado.

Propuestas

En todo este tiempo, hubo varios proyectos en el Concejo que le buscaron destino a esos terrenos. Básicamente, se diferencian porque algunos proponen construir viviendas para los vecinos en la misma zona, que en 2018 se hicieron visibles con protestas frente al túnel Escalada, con piquetes en los que pedían una salida que resuelva su problema de vivienda, y otros quieren erradicarlos del lugar y llevarlos a vivir a otra parte. También antagonizan entre proyectos que posibilitan torres para emprendimientos inmobiliarios o diseños integradores con viviendas con límite de altura.

La concejal de Iniciativa Popular Fernanda Gigliani propuso en 2014 que un porcentaje de las parcelas se destinen a la construcción de viviendas del programa Procrear. En 2016 el concejal del PJ Eduardo Toniolli propuso un plan de urbanización que incluyera a las familias que viven en el predio de la Unidad de Gestión N° 3, incluyendo viviendas, servicios y regularización dominial y que se respetara el uso productivo de la empresa recuperada Linares Trechel.

El bloque Ciudad Futura propuso en 2017 que la zona protagonice una primera experiencia de inmobiliaria pública, en la que el Estado gestione la tierra mediante parcelas pequeñas y realice un emprendimiento con articulación privada, utilizando la plusvalía generada para revitalizar Refinería. Además, una planificación y diseño colectivo mediante audiencia y concurso público de ideas.

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En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) evaluó vender la tierra obligando al nuevo propietario a que construya unidades en otro lado para quienes se asientan en el predio, intención secundada por un proyecto del edil del PRO Alejandro Roselló que ingresó al Palacio Vasallo. Finalmente, la ex intendenta Mónica Fein presentó en 2019 una iniciativa que preveía la construcción de viviendas sociales para las personas que habitan en el asentamiento, espacios de uso público y una plaza.

Futuro

Volviendo a 2022, una vez que la Corte defina y si lo hace efectivamente en favor del Estado, como indican los rumores, quedan dos opciones. Nación podría licitarlo para venderle la tierra a privados, y el que compre tiene que acordar proyecto e indicadores con la administración local y luego pasar por el Concejo para su aprobación. Lo que establece la ley nacional es que estos deben ser iguales o mejores a los que ya tiene el entorno inmediato.

Desde Trenes Argentinos Infraestructura (el nuevo nombre de la Adif), el organismo que administra los terrenos y las obras ferroviarias, informaron ante la consulta de La Capital que están empezando a interiorizarse en el caso a través del departamento de Legales, porque ya encontraron "varias situaciones irregulares heredadas de la gestión anterior, respecto de la intención de hacer emprendimientos privados vinculados a lo inmobiliario en tierras ferroviarias".

Por eso, detallaron que están tratando cada caso puntualmente para ver cómo se resuelve, en el caso de los que están judicializados, ya que hay muchos otros en diversos lugares del país. Cuando esto sucede, suelen cederlo en comodato o préstamo al municipio correspondiente para que se hagan espacios públicos, plazas, centros culturales u otra opción de uso público, evitando la lógica de venta a privados.

Si lo ceden al municipio, la gestión local piensa algo parecido a lo que se hizo en el Scalabrini Ortiz y el Shopping Alto Rosario, un desarrollo público-privado. Cualquier decisión debe contemplar sin dudas una solución habitacional de los vecinos del asentamiento que evite la profundización de la gentrificación, un proceso de transformación urbana en el que la población original de un barrio deteriorado es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo. Tras tantos años en disputa, todo podría llegar a una definición.