Con un nuevo enfoque jurídico, comienza el juicio oral por la atroz violación y crimen de una nena

Guadalupe Medina, de 12 años, fue estrangulada en mayo de 2016 en villa Banana. Bajo el encuadre de femicidio, el debate previsto para el 19 de noviembre incorpora la perspectiva de género al caso
11 de noviembre 2021 · 23:35hs

Un cuerpo menudo, infantil, tendido a medio vestir sobre el barro de una casa en ruinas. Esa escena de muerte condensó todas las violencias de un territorio devastado cuando Guadalupe Medina, de 12 años, apareció violada y estrangulada en una construcción sin terminar de villa Banana. Las sospechas cayeron sobre un grupo de soldaditos narco que se juntaban con la chica pero el atacante no se encontró entre ellos. Dos años después, en un giro inesperado, la investigación llegó por azar a un agresor sexual cuyo perfil genético se detectó en la boca, la vagina y las manos de la nena. Con un enfoque jurídico novedoso que incorpora la cuestión de género, en una semana comienza el juicio oral por el caso.

El debate por la muerte de Guadalupe comenzará el próximo viernes 19 de noviembre bajo el encuadre penal de femicidio. Una perspectiva que toma distancia del clásico delito que se aplicó durante décadas a estos casos, el del abuso sexual seguido de muerte. Las dos figuras prevén la misma pena de prisión perpetua. Lo que cambia es el modo de mirar: el nuevo enfoque subraya los patrones culturales de dominación a la mujer que distinguen a estos crímenes de cualquier otra muerte violenta.

El juicio por violación contra Juan Darthés comenzará el 30 de noviembre próximo. 

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Un planteo novedoso

Como era tradición en el fuero local, el fiscal Alejandro Ferlazzo había presentado su acusación por el primer delito, previsto en el artículo 124 del Código Penal. De cara al juicio, los abogados querellantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) Valentín Hereñú y Jorge Haurigot reclamaron en disidencia el encuadre de femicidio. La fiscal regional María Eugenia Iribarren aceptó la propuesta y así las dos partes acusatorias solicitarán pena perpetua bajo la figura del artículo 80 inciso 11 incorporada a la legislación argentina en 2012.

Nuestra postura quizás es novedosa pero se trata de un caso que permite litigar estratégicamente en busca de jurisprudencia. La otra figura quedó más vieja, para decirlo en términos corrientes. Entendemos que a partir de la reforma que introdujo la calificación de femicidio esa figura debería operar en este caso: se trata de la muerte de una mujer producida por un varón en un contexto de violencia de género”, explica Hereñú.

>>Leer más: Femicidio: las razones de una batalla estratégica para litigar con perspectiva de género

Según el planteo, no se requiere una relación previa entre la víctima y el victimario para incorporar la perspectiva de género al caso. Más aún, observa Hereñú, cuando el acusado tiene un antecedente de grave ataque sexual a otra mujer, lo que da cuenta de “una conducta sexista y violenta”.

No es la primera vez que en la provincia se aplica la lente del femicidio a un caso de violación y asesinato de una mujer. Bajo ese esquema, en noviembre de 2017 fue condenado Enrique Ojeda por violar y matar el año anterior a Marlene Franco, de 21 años, en Oliveros. El caso sentó el precedente de que existió violencia de género a pesar de que el asesino nunca había tenido contacto con la víctima.

La trama en debate

El juicio en el Centro de Justicia Penal estará a cargo de los jueces Nicolás Víctor Gimena, Rodolfo Zvala e Ismael Manfrín y la defensa a cargo de Hernán Soto, del Servicio Público. El acusado es Sergio Javier Saravia, un hombre de 30 años que no terminó la escuela primaria y como ocupación declaró ser maquinista. Lo acusan de “haber abusado sexualmente de Malena Guadalupe Medina, de 12 años de edad, mediante penetración anal y vaginal, produciendo durante el ataque diferentes lesiones en su rostro y cuerpo, como así también ahorcamiento, lo que causó su muerte por asfixia mecánica por estrangulamiento”.

Para la acusación el ataque ocurrió “habiendo mediado violencia de género, por la connotación sexista de la secuencia” en la que el agresor se aprovechó de su mayor fuerza y contextura física frente a la “situación de vulnerabilidad de la víctima por su condición de niña–mujer”. El ataque ocurrió a unos cincuenta metros de la entrada a un pasillo de Lima 2940, en un terreno abandonado con paredes de ladrillos, piso de tierra y sin techo que resultó toda una metáfora del desamparo al que estuvo expuesta la chica. Era una construcción que había levantado un narco del barrio al que le decían “Oso” y que según los vecinos se usaba como aguantadero.

>>Leer más: Sorpresivo giro en la causa por la atroz violación y crimen de una nena

En ese lugar fue encontrada muerta Guadalupe la mañana del 25 de mayo de 2016. Una vecina que escuchó ladrar a los perros esa madrugada llamó al 911. Casi en simultáneo, un chico que entró a la tapera a orinar le avisó a una vecina: “Está una piba ahí tirada, está muerta”. El dato llegó hasta un albañil que, camino a su trabajo, se acercó a la construcción y observó “una nena muerta, tirada arriba de unos escombros”. A los policías de un patrullero que cruzó por la zona les dijo que el pelo le tapaba la cara y no la reconoció.

Los policías que a las 7.30 de aquel feriado se adentraron en el pasillo encontraron a la nena vestida con campera negra, zapatillas Nike, las rodillas embarradas y una calza negra con líneas azules levantada sobre el tobillo derecho. Estaba entre restos de basura, al costado de un colchón roto de dos plazas de color azul. El lugar estaba lleno de agua porque había llovido. Las heridas en el cuello, la lengua, la ingle y la pierna derecha y los rastros de abuso sexual daban cuenta del terrible tormento que padeció antes de morir estrangulada.

En las primeras horas, un equívoco convirtió a Guadalupe en un cuerpo con otro nombre. Es que primero fue reconocida como una chica de 13 años que se había ido de su casa hacía un año y que, se supo luego, estaba viviendo con una tía. Recién cuando se advirtió el error fue reconocida por su familia. Se había ido de su casa con una prima el 24 de mayo después de almorzar. “Siempre se iban y andaban por ahí. Pero a la noche volvía y esa noche no volvió”, contó desgarrado Gabriel Medina, padre de la nena que según sus vecinos “se iba de la casa porque era rebelde” y se había peleado con su mamá porque no la dejaba salir.

Los soldaditos de Pandu

Ante las cámaras de televisión, Medina no dudó en apuntar al grupo de amigos su hija: laderos de Nelson “Pandu” Aguirre, condenado por un homicidio y señalado por captar pibes para la venta al menudeo de drogas. Desde que se reunía con ellos, Guadalupe comenzó a faltar al 7º grado de la escuela Marcelino Champagnat y a ausentarse de su casa. Algunos testimonios revelan que estuvo con ellos la noche anterior a su muerte.

>>Leer más: Pericias de ADN negativas para tres acusados de violar y matar a una nena

Un chico contó que alrededor de las 2 habían estado en el pasillo “tomando un par de pases” pero cuando él se fue “la pibita estaba viva”. Otro vecino aportó que a las siete de la tarde, cuando volvía de trabajar, vio “a la piba que luego terminó muerta con un grupo de pibes, entre cinco o seis, en la punta del pasillo. Se estaban drogando”. Le pidieron plata para un porrón y él respondió que no tenía. Un testigo de identidad reservada refirió incluso que el día anterior la novia de Pandu golpeó a Guadalupe en medio de una discusión.

Por integrar ese grupo el primer detenido fue Francisco Gabriel Q., un adolescente analfabeto de 16 años que estaba parado frente al rancho al llegar la policía. Tenía puesta una campera verde en la que se encontraron rastros genéticos de Guadalupe y de otros dos jóvenes vistos con la chica la noche anterior: Mauricio “Chueco” Chara y Rodrigo “Wititi” Berón, cuñado de Pandu. Pero las pericias genéticas fueron negativas y luego de que pasaran dos años presos los desligaron.

Juego de coincidencias

Cuando el caso parecía instalado en un punto ciego hizo su aparición el azar. Por entonces la abogada Martina Guirado representaba como querellantes del CAJ a los padres de Guadalupe y al mismo tiempo le tocó intervenir en un caso de violación cometido en el barrio ocho meses después, a siete cuadras de lugar del asesinato. Ese ataque fue el 8 de enero de 2017 cuando una comerciante fue sometida a violentas vejaciones sexuales por parte un hombre que entró a su casa, la amenazó con un cuchillo, encerró en el baño a sus hijos y un sobrino y la ahorcó hasta provocar su desvanecimiento. Se cree que la dio por muerta.

Pero la mujer sobrevivió y apuntó a Saravia, un vecino que solía juntarse con conocidos cerca de su casa. Fue detenido un mes más tarde y condenado en un juicio abreviado a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma blanca y robo calificado.

La abogada advirtió similitudes. Incluso un testimonio situaba a Saravia como alguien que había merodeado esa madrugada el pasillo de calle Lima. Como el material genético del acusado estaba preservado en la otra causa, le sugirió al fiscal Florentino Malaponte que cotejara ese ADN con las muestras de Guadalupe. La Unidad Genética Forense del Instituto Médico Legal encontró el perfil del detenido en hisopados bucales, vaginales y de ambas manos de la nena. La coincidencia fue absoluta.

Una batalla estratégica

Toda muerte violenta de una mujer en la que se evidencie un componente sexual directo o simbólico debe considerarse un femicidio ”. Con ese planteo, los abogados querellantes Hereñú y Haurigot justificaron el encuadre de femicidio aplicado al crimen de Guadalupe Medina.

La calificación legal quedó definida como “abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con homicidio agravado por haber sido cometido respecto de una mujer, mediando violencia de género (femicidio)” y por esos delitos las dos partes acusatorias reclamaron la pena de prisión perpetua para Sergio Saravia.

“La figura de femicidio debe imperar por ser la más precisa conforme a la evolución legislativa y a los mandatos asumidos internacionalmente por el Estado argentino sobre protección, investigación, juzgamiento y sanción de los hechos de violencia contra las mujeres”, justificaron los querellantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que tomaron el crimen de la niña como un caso paradigmático para generar nueva jurisprudencia que incorpore la dimensión de género.

En respaldo de esa postura citaron el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género. Un documento que “representa una importante contribución para el abordaje judicial del fenómeno de la violencia letal contra las mujeres”.

Esa guía refiere que deben considerarse femicidios las muertes violentas de mujeres que denotan “un contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones de género”. Según ese instructivo, lo que diferencia el femicidio del crimen común de un hombre o una mujer es que “que a través de la muerte violenta se pretenden refundar y perpetuar los patrones culturalmente asignados a lo que significa ser mujer: subordinación, debilidad, delicadeza, feminidad”.

Así, los abogados consideran que la muerte de Guadalupe “es consecuencia de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de una sociedad patriarcal” y una expresión de la violencia que resulta de “la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres”. En este caso, una niña.

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