En el cuerpo de Guadalupe Medina quedaron marcas de quien la violó y estranguló hasta matarla hace poc más de dos años en una casa a medio construir de villa Banana. Ese perfil genético nunca fue identificado. Se comparó con tres sospechosos y con un testigo de identidad reservada, pero el cotejo siempre fue negativo. Pero eso fue hasta ayer. En un giro sorpresivo del caso, el fiscal Florentino Malaponte le puso nombre y apellido a ese material genético al imputar a un nuevo acusado, Sergio Javier S., por el crimen de la nena de 12 años. Se trata de un preso que cumple condena por un ataque similar cometido en el mismo barrio seis meses más tarde y cuyo ADN se corresponde en un 100 por ciento con el hallado en la boca, la vagina y las manos de Guadalupe.
La investigación por el crimen de la niña, que integra la lista de femicidios de la provincia, parecía haber llegado a un callejón sin salida. En junio dos imputados quedaron en libertad (aunque siguen implicados en el caso y presos por otras causas) al resultar negativas las pericias de ADN y no surgir otros elementos que los involucraran. Son dos jóvenes ligados a la "Banda de Pandu", como se conoce en villa Banana a una organización de narcomenudeo que tiene a su jefe en prisión desde 2015. Casi en simultáneo, un menor de edad fue absuelto por el homicidio, aunque la medida se revocó y ahora debe emitirse un nuevo fallo.
La llave que abrió la puerta para aclarar el crimen fue una medida conjunta entre el fiscal Malaponte y la abogada Martina Guirado, quien representa a los padres de Guadalupe desde el Centro de Asistencia Judicial (CAJ). Buscando otras líneas advirtieron que el caso registraba similitudes con la violación sufrida por una comerciante del barrio seis meses después y a siete cuadras de donde fue atacada la nena.
Ese ataque ocurrió el 13 de enero de 2017, cuando la mujer fue sometida a violentas vejaciones sexuales por parte un hombre que entró a su casa amenazándola con un cuchillo, encerró en el baño a su hijos y un sobrino y la ahorcó hasta provocar su desvanecimiento (ver aparte). Los investigadores no descartan que la haya dado por muerta. Pero ella sobrevivió y tras ser asistida identificó al agresor, un vecino que solía juntarse con sus conocidos en una esquina cercana a su casa y que fue detenido un mes más tarde.
Su imputación en una audiencia penal se conoció por los medios de prensa. Luego se realizó un estudio de ADN con resultado positivo y meses atrás fue condenado a 9 años de prisión en un juicio abreviado. Como el código genético de ese hombre quedó archivado en la Justicia, el fiscal solicitó que se compare con el perfil genético (hasta entonces no identificado) que se había encontrado en Guadalupe. Sorpresivamente, la coincidencia fue absoluta.
"El margen de error es casi nulo. Esta prueba es fundamental y estoy convencido de que fue el autor del hecho", dijo el fiscal ayer a la tarde, al acusar a Sergio Javier S. de haber abusado sexualmente de una menor y provocado su muerte por ahorcamiento, lo que se pena con prisión perpetua. Esta nueva acusación, dijo, no despega a los demás implicados. Malaponte sostuvo que existen elementos para suponer que tenían vínculos con S. y por eso se investigará si otras personas participaron del crimen.
La jueza Melania Carrara celebró la "brillante" investigación conjunta de la Fiscalía y el CAJ en un caso "desde un principio muy difícil". Le impuso a Sergio S. la prisión preventiva sin plazo por esta causa, si bien ya está preso en el pabellón para ofensores sexuales de Piñero, donde cumple la condena consentida por él. La defensora pública Nancy Zully objetó la teoría de la Fiscalía y solicitó que se someta al acusado a una extracción de sangre para un nuevo cotejo genético, una medida que la jueza recomendó practicar.
Los padres de Guadalupe presenciaron silenciosos la audiencia. Escucharon conmovidos el relato acusatorio y no pudieron evitar el llanto cuando el fiscal describió detalles del atroz ataque que sufrió la nena la madrugada del 25 de mayo de 2016. "La expectativa de ellos es que haya una condena a la máxima pena disponible en el Código. Para ellos ha sido una espera muy larga", dijo la abogada Guirado.
Un ataque brutal
Guadalupe Medina vivía con sus padres y siete hermanos en una casilla de villa Banana. Iba a la escuela y cursaba 7º grado en la escuela Marcelino Champagnat, pero comenzó a faltar y ausentarse de su casa desde que se acercó al grupo de "Pandu", tal el sobrenombre de Nelson Alexis Aguirre, a quien señalan como jefe de una banda que captaba pibes para la venta al menudeo de drogas.
El 25 de mayo se cumplieron dos años del crimen de la nena. A las 7.30 de aquel feriado de 2016, un vecino encontró a Guadalupe en una casa a medio levantar de Lima al 2900. En esa casa en ruinas, sin techo ni ventanas, la chica fue hallada con las marcas de haber padecido un tormento indecible: tenía heridas en el cuello, la lengua, la ingle, la vagina, la zona anal y la pierna derecha; y había sido estrangulada.
La investigación de su muerte comenzó con un equívoco. Primero fue reconocida como una chica de 13 años que se había ido de su casa hacía un año y estaba viviendo con una tía. Tras advertirse el error fue identificada por sus padres. "Todos sabemos quiénes son estos asquerosos: «Wititi», «El chueco», «El rengo», «Muqueño» y Jésica. Eran su junta, siempre andaba con ellos. Son unos rastreros", dijo indignado Gabriel Medina, su papá, y eso le valió amenazas. Hoy, prudente, prefiere guardar silencio.
La declaración de un testigo de identidad reservada llevó primero a la detención de Francisco Gabriel Q., un adolescente analfabeto de 16 años que estaba parado frente al rancho cuando un vecino que encontró el cuerpo llamó a la policía. Tenía puesta una campera verde en la que se encontraron rastros genéticos de Guadalupe y de los dos acusados mayores de edad. Pero la comparación con ADN detectado en el cuerpo de la nena fue negativo y en mayo pasado fue absuelto. La medida fue revocada y otro juez de Menores debe dictar nueva sentencia.
Luego fueron acusados dos miembros de la banda de "Pandu" vistos junto a Guadalupe la noche anterior: Mauricio "Chueco" C. y Rodrigo "Wititi" B. Las pericias genéticas también fueron negativas respecto de ellos y tras pasar dos años presos el fiscal no renovó su detención, que se mantiene en otras causas por robo.
Las pericias
Las pruebas genéticas se hicieron sobre hisopados a la víctima y un líquido viscoso extraído de su cuerpo. En las muestras se detectó el ADN incompleto de una persona que hasta ahora no había sido identificada. El fiscal explicó en la audiencia que Sergio S. quedó bajo sospecha por la cercanía geográfica y las características similares de la violación cometida medio año después.
"La evidencia que trajimos es irrefutable", remarcó el fiscal, quien reclamó una ley provincial que regule el acceso a un banco de datos genéticos. Esto permitiría comparar de manera automática el material reunido en los casos de delitos sexuales como ocurre con la evidencia balística, sin que los cotejos queden supeditados a la coincidencias o al azar.
