Este sábado se cumplen 20 años del voraz incendio de la Facultad de Derecho de la UNR y del museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo, que destruido casi por completo reabrió recién tres años después, en nueva sede. El fuego comenzó el 1º de julio de 2023 al mediodía en una pequeña cúpula del extremo de Moreno y Santa Fe, donde cayeron bombas de estruendo arrojadas desde la plaza San Martín, y se extendió por los techos de ambas alas, lo que dejó pérdidas materiales millonarias. La justicia penal no logró individualizar responsables y aunque hubo condenas por daños y perjuicios contra dos sindicatos que habían participado de la manifestación en la plaza, la reconstrucción del edificio –Monumento Histórico Nacional– se financió con fondos nacionales y provinciales, con intervención de la universidad y la cooperadora.
El siniestro que golpeó a la comunidad universitaria también dejó como saldo muestras de solidaridad y arrojo, sobre todo por parte de estudiantes y personal de las instituciones: aun mientras las llamas se estaban propagando, hicieron pasamanos para retirar objetos valiosos del inmueble, muchos de los cuales fueron resguardados en residencias vecinas (desde libros, armarios y escritorios a resmas de papel).
La abogada Araceli Díaz vive a cinco cuadras del ex Palacio de Tribunales, construido por el empresario catalán Juan Canals en 1892 según proyecto del arquitecto inglés Herbert Boyd Walker -un imponente edificio que a principios de este siglo acababa de ser remodelado. Cuando la llamaron para advertirle lo que sucedía y consultarle qué sacar primero (desde la normalización había ocupado cargos de gestión en los sucesivos decanatos), la profesora se trasladó a la Facultad de inmediato y encontró allí un escenario dantesco. Ventanas chamuscadas, columnas de humo, bomberos con máscaras de gas y el fuego avanzando hacia la emblemática torre central. Por suerte pudieron recuperarse todas las actas de exámenes, las resoluciones del decano y las del Consejo Directivo, incluso el back up informático. Aquella tarde, llevando y trayendo papeles, Díaz tropezó y al caer se quebró un brazo.
“En la plaza San Martín había gente que hacía añares no veía, llorando, abrazándose. Porque esa es nuestra casa: yo empecé a estudiar en Ciencias Económicas y no nos fue fácil conseguir el edificio. En la dictadura solo entraban anualmente 140 personas previo examen y por eso cuando se puso de nuevo el ingreso irrestricto recibimos cantidades enormes de alumnos. Llegamos a tener casi cinco mil ingresantes, 41 comisiones de primer año, una locura. Con máquinas de escribir, sin computadoras, hacíamos malabares. Trabajábamos todos los días 24 horas, pero salimos adelante. Entonces ver eso incendiado era un horror”, recuerda la sensación de aquella noche en la que el entonces gobernador Carlos Reutemann recorrió las instalaciones devastadas y prometió ayuda.
Como la documentación administrativa e histórica pudo preservarse y no hubo víctimas, las pérdidas resultaron cuantiosas pero circunscriptas a lo edilicio. En ese sentido, “el que más perdió fue el museo, porque muchas piezas dañadas eran irrecuperables”, apunta Araceli Díaz y lo confirma María de los Ángeles Nebozuk, profesora de Biología y empleada del Gallardo desde 1993: se esfumó el 80 por ciento de la colección distribuida en 15 salas, el 90 por ciento de la biblioteca especializada en ciencias naturales y el laboratorio -recientemente equipado- completo.
“Una manifestación reclamaba por derechos legítimos de los trabajadores pero en algún momento fue muy injusto e irracional que tiraran bengalas al techo, que estaba lleno de ramas y hojas secas. Aquello empezó a arder, el fuego pasó el cielo raso y llegó a los animales taxidermizados, que además de pelos y plumas están rellenos de estopas, un material altamente inflamable”, resume Nebozuk. Desde 1967, el museo ocupaba un gran sector del primer piso sobre Moreno y otro sobre Santa Fe, donde además de animales embalsamados había salas de botánica, insectos, paleontología, antropología, osteología (grandes esqueletos). La taxidermia era un área fundamental e incluso se dictaban cursos a los interesados.
“Después del incendio fuimos durante semanas a ver qué podíamos rescatar, era muy fuerte ver todo hecho añicos. Siempre encontrábamos algo para restaurar, un animal o elemento u objeto”, continúa quien se desempeña como guía y educadora en la institución, reabierta en 2006. Su compañera Belén Molinengo se sumó a la planta en esa transición. “El museo resurgió de las cenizas. La fascinación con la que sus empleados trataron de recuperarlo nos la transmitieron a las nuevas camadas. Ese incendio logró una mancomunidad con las generaciones que entramos luego, estudiantes, pasantes”, acota la joven técnica en Antropología y explica: “El Gallardo tiene un compromiso social muy interesante, pone en tensión las realidades, interpela problemáticas territoriales como el avasallamiento de la biodiversidad”. El siniestro fue “un antes y un después” para el tradicional museo que había nacido en 1945 como filial del Florentino Ameghino de Santa Fe.
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El decano de Derecho, hace dos décadas miembro de la comunidad educativa como adscripto a una cátedra, también cree que el dramático hecho, en gran medida por afectar a los cuatro claustros (docentes, no docentes, graduados y estudiantes), “generó espíritu de cuerpo, un sentido de pertenencia, de solidaridad, ganas de ayudar ante la adversidad. Y no solo para superar esa primera instancia del incendio, sino para toda la reconstrucción”, dice Hernán Botta.
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La dantesca postal del incendio y el trabajo de los bomberos para sofocar las llamas.
Gustavo De los Ríos
El funcionario reconoce que ven “con preocupación” cada concentración que se produce en la plaza, lo cual es moneda corriente por encontrarse frente a la sede de gobernación, “porque si pasó una vez (que arrojen bombas en las adyacencias) puede volver a pasar, es una situación objetiva”. De todos modos aclara que “no quedó un sentido de duelo ni un estigma, podemos decir que está superado. Todos los espacios fueron reconstruidos”. Hoy la Facultad ocupa media manzana, tiene en su comunidad académica más de seis mil personas y sigue en obras en el ala sur, esta vez con presupuesto propio de la UNR.
“El fuego no llegó a la biblioteca. Hubo que rehacer muchas cosas después porque los libros se mojaron, no porque se hubieran quemado”, vuelve Araceli Díaz a aquellas dramáticas jornadas en las que debieron convivir con escombros y con las consecuencias del agua vertida por los bomberos. Se movilizaron en total 11 autobombas, algunas de localidades vecinas, aunque solo una estaba equipada con escalera mecánica y los refuerzos demoraron en arribar por congestionamiento de tránsito. El predominio del elemento madera, típico de la época en el que fueron construidos “los viejos Tribunales”, avivó las llamas. La justicia federal inició una causa de inmediato, con la sonora marcha de la intersindical de gremios estatales –de la que habían participado pacíficamente diez mil personas– bajo la lupa.
“Los únicos que dieron la cara fueron los sindicatos Luz y Fuerza y Municipales, explicando que contaban con autorización policial para realizar una protesta de esas características, es decir con la presencia de material pirotécnico. Y quedaron vinculados a la investigación, aunque al final el juez a los municipales no los imputó”, recuerda el abogado Víctor Corvalán, defensor de un grupo de agentes de Luz y Fuerza en el proceso penal por estrago culposo. La mayoría aceptó la probation y el que fue a juicio oral resultó absuelto por el juez Marcelo Bailaque.
Siete años después del hecho, en julio de 2010, la jueza Silvia Aramberri condenó a ambos gremios a pagar una indemnización de alrededor de seis millones de pesos (teniendo en cuenta los intereses) por encontrarlos solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados. La medida fue apelada.
Restaurar los daños que provocó el incendio insumió una década. Al momento de la inauguración de las obras, en 2013, el entonces secretario de Gestión de la Facultad de Derecho, Luis Balario, aclaró que el gobierno nacional “se hizo cargo de los gastos para que los gremios no afrontaran un juicio y la UNR desistió de seguir con la demanda a los actores involucrados”. El vicerrector Eduardo Seminara aseguró por su parte "hoy no existe ninguna cuestión pendiente entre los trabajadores y la UNR".
El gobierno santafesino –en cambio– directamente no había iniciado acciones legales contra los sindicatos, recuerdan las empleadas Nebozuk y Molinengo desde la sede del museo de San Lorenzo 1949. “El Gallardo se reconstruye con fondos provinciales y con mucha colaboración de la Asociación Amigos del Museo, que acompañó el renacimiento. Llevó tres años. Hoy la institución se piensa más en relación con la comunidad, en la apertura y construcción de diálogos y saberes, en un ida y vuelta”, subraya Molinengo, quien se define como referenta o gestora en el marco de un proceso inédito: sin director, el museo es gestionado por sus trabajadores desde hace cuatro años. “Hay un trabajo colectivo de base, un equipo que coordina sin autoridad jerárquica. Tenemos un vínculo muy fuerte con el museo”, resume los nuevos tiempos, 20 años después.
