Una reforma constitucional con más sombras que luces

La Cámara baja provincial habilitará este miércoles el análisis de nueve proyectos de modificación de la Constitución de Santa Fe con el objetivo de consensuar antes de fin de año una propuesta determinante, a votar en 2023 ó 2024. Pero la reciente negativa del radicalismo a avanzar con enmiendas a la Carta Magna, a la par de la resistencia ya insinuada en el Senado, aportan más sombras que luces a la nueva intentona reformista.

A partir de las 10, la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputadas y Diputados buscará conformar una mesa de trabajo sobre los nueve proyectos que impulsan cambios en la Carta Magna provincial. Se trata de las iniciativas formalizadas por el Partido Socialista (PS), los peronistas Lucila De Ponti y Luis Rubeo —por separado—, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad y Participación), Gabriel Real (PDP), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Alejandro Boscarol (UCR) y Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura). Este martes, hicieron lo propio Matilde Bruera y Paola Bravo (PJ).

Asuntos Constitucionales tiene once integrantes: los socialistas Joaquín Blanco (presidente), Gisel Mahmud y Esteban Lenci, los justicialistas Leandro Busatto (vice) y Rubeo, los radicales Maximiliano Pullaro, Marlen Espíndola y Boscarol, Ariel Bermúdez (Creo), Ximena Sola (PRO) y Real.

En la Cámara baja visualizan el malestar de senadores detrás de las posiciones de rechazo a la reforma" En la Cámara baja visualizan el malestar de senadores detrás de las posiciones de rechazo a la reforma"

Hasta fines de la semana pasada, la proyección más optimista en la Cámara baja reflejaba la chance de otorgarle luz verde en octubre a un proyecto que declare la necesidad de la reforma constitucional en territorio santafesino. Pero, para eso, hay que contar con los dos tercios de los votos de la Cámara baja.

El viernes, el radicalismo de Santa Fe decidió no subirse a la creciente ola reformista por considerar que cambiar la Carta Magna provincial no es un tema prioritario frente a problemáticas sociales que requieren respuestas más urgentes, como la crisis económica y la inseguridad.

Un día después, el Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe reunió a todos sus sectores internos y se pronunció a favor de una reforma de la Constitución provincial, aunque, como consecuencia del rechazo de la UCR, depositó en la oposición la responsabilidad de lograr consenso en torno a los eventuales retoques a la Carta Magna.

“Los plazos para una modificación constitucional los otorga el consenso. Y el frente mayoritario, en especial en la Cámara baja, no lo tiene”, advirtió a La Capital el jefe del peronismo santafesino, el diputado provincial Ricardo Olivera.

En esa línea, el PJ provincial tomó distancia de una ola reformista rápida, en alusión al socialismo, como también de la negativa frontal planteada por los radicales. Y supeditó la suerte de los eventuales retoques a la Constitución santafesina a la decisión de las fuerzas que conforman la mayoría en Diputadas y Diputados.

No obstante, el justicialismo provincial volverá a la carga con la discusión de la autonomía municipal, el voto joven y la ampliación de mandatos en las comunas —de dos a cuatro años—, tres temas con los que la Casa Gris pretende avanzar por la vía parlamentaria.

Por lo pronto, el estudio de los nueve proyectos reformistas en Asuntos Constitucionales estará acompañado por actividades que incluirán a representantes de sectores sociales y académicos.

Escenario

En ese marco, los fogoneros de las enmiendas a la Carta Magna de Santa Fe pretenden que cada fuerza política le explique a la sociedad su posicionamiento frente al tema. Y, en voz baja, en la Cámara baja deslizan que la inquietud de los senadores provinciales es uno de los factores clave del reciente pronunciamiento radical.

Tanto en las bancas oficialistas como opositoras del Senado visualizan entre las propuestas en danza para modificar la Constitución de Santa Fe una pérdida de cuotas de poder, a través de un nuevo sistema de representación, y una eventual apuesta a la unicameralidad.

Pero el recelo en la Cámara alta crece frente a la posibilidad de que el menú de proyectos en manos de los diputados provinciales contemple la eliminación de los controvertidos fueros legislativos.