El exministro de Planificación durante los gobiernos kirchneristas deberá cumplir una condena de cuatro años de prisión. Fue trasladado a la cárcel de Ezeiza
Foto: Archivo / La Capital.
Julio De Vido se entregó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py y deberá cumplir una condena de cuatro años de prisión por los hechos que la Justicia definió que derivaron en la tragedia ferroviaria que causó más de 50 muertos.
El exfuncionario se entregó luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso presentado por su defensa para evitar la prisión.
De ese modo, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 4 hizo efectiva la ejecución de la pena de cuatro años por el delito de administración fraudulenta y esta tarde De Vido fue trasladado a la cárcel de Ezeiza.
En un principio, el tribunal lo había condenado en 2018 a cinco años de prisión por administración fraudulenta. Pero la pena fue reducida a cuatro años por la Cámara de Casación.
Ahora deberá definir si se acepta el pedido del exfuncionario kirchnerista para cumplir la pena en su casa. Mientras tanto, permanecerá en el penal.
De Vido se presentó, pasadas las 8.15, en Comodoro Py, donde quedó detenido. Desde entonces, el hall del sexto piso permanece parcialmente cerrado por un operativo especial de seguridad a cargo de agentes del Servicio Penitenciario y las Policías de la Ciudad de Buenos Aires y Federal (PFA).
Desde allí, el exfuncionario se conectó, a las 10, de modo virtual a la segunda audiencia del juicio por la causa Cuadernos, en la que fue acusado de miembro y organizador de una asociación ilícita.
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El exfuncionario fue hallado culpable, como partícipe necesario, del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por el manejo de los subsidios al Ferrocarril Sarmiento, cuya deficiente administración derivó en el choque ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó 52 muertos y más de 700 heridos.
Tras el rechazo de la Corte, la defensa del exministro presentó un recurso de reposición alegando que todavía resta resolver un planteo de prescripción de la acción penal.
Pero los jueces del TOF desestimaron el intento al señalar que “los motivos esgrimidos no encuadran en ninguno de los supuestos legales” para suspender una condena firme.
El municipio envió al Concejo el proyecto para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los trapitos. Contempla multas de hasta $907.600, tareas comunitarias e intervención policial para retirar a los trapitos de las calles.
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