En un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, la Cámara de Diputados nacional trató el proyecto de ley que busca una reforma del Consejo de la Magistratura (CdM), ya aprobado con media sanción por el Senado. La iniciativa tiene todo el viento a favor del oficialista Frente de Todos (FdT), pero por ahora no alcanza las manos necesarias en la Cámara baja para constituir dictamen de mayoría y, por lo tanto, sigue a casi una decena de votos abajo en el recinto, para el caso probable de que toda la oposición se una en el rechazo.
La sesión informativa de este miércoles tuvo a Martín Soria (ministro de Justicia de la Nación) como figura principal: habló durante 70 minutos seguidos defendiendo la media sanción en tratamiento, pero _sobre todo_ hizo un racconto crítico, por momentos demoledor, de la intervención de la Corte Suprema.
En especial desde el fallo clave del 16 de diciembre pasado, cuando el alto tribunal obligó al Congreso a dictar en 120 días una nueva ley que rija la composición del CdM, caso contrario reponía la ley vigente (y derogada) hasta 2006. Situación que finalmente ocurrió y que rige al Consejo en estas horas.
La Corte Suprema borró la división de poderes, socavó a las instituciones” La Corte Suprema borró la división de poderes, socavó a las instituciones”
Con todo, la Casa Rosada no se da por vencida e insiste con una nueva ley, que, en el caso de lograrla, le permitiría ordenar a la institución creada por la reforma constitucional de 1994 con una norma superadora de la que repuso desde abril la Corte Suprema, y que fuera sancionada _en 1997_ por amplísimas mayorías parlamentarias de los dos grandes partidos nacionales de la década del 90 y que tienen poco o nulo correlato con la actualidad partidaria de la Argentina.
Como lo viene expresando desde antes, incluso, de ingresar al gabinete nacional, Soria reclama la aprobación del proyecto de ley que sitúa en 17 miembros la composición del instituto (sin la nominación específica de un integrante del máximo tribunal), para resolver un problema “de gravedad institucional” que implicaría “la flagrante intervención política de la Corte Suprema”, que ocurrió al reponer un ordenamiento jurídico derogado hace 17 años. Y elevar el número de miembros del instituto a 20 y reservarse para si (Corte Suprema) el cargo del presidente y administrador general, en duplicación del cargo que ya se ejerce en el máximo tribunal, como es el caso del santafesino Horacio Rosatti.
Siempre según las calculadas palabras del rionegrino Soria, en la Sala 237 del Anexo de Diputados, y ante la mirada atenta de legisladores tanto oficialistas como opositores, “la Corte Suprema borró la división de poderes, socavó a las instituciones”, con el fallo de diciembre de 2021, que, a su vez, tuvo un voto en disidencia (el fallo resultó tres a uno, de los cuatro miembros con que cuenta el alto tribunal en la actualidad): el del también santafesino Ricardo Lorenzetti.
En esa oportunidad, el jurista de Rafaela escribió en su voto lo que el gobierno quería escuchar: “Una ley derogada no puede ser repuesta, contradice un principio básico del Derecho”. Pero el voto de Lorenzetti fue en soledad.
Trascartón, Soria, quien recordó la tensa visita que les hizo a los cortesanos ni bien asumió como ministro (en 2021) y, según su propia descripción, en esa oportunidad, los miembros del máximo tribunal casi “no hablaron, parecía que les habían comido la lengua los ratones”, fustigó este miércoles que la Corte “se metió por la ventana al CdM”.
Decisión política
La estrategia del oficialismo de llevar el tema a debate, incluso sin contar con los números necesarios para prosperar y transformar la media sanción del Senado en ley completa, responde a una decisión política que refleja un fuerte debate interno de la alianza política gobernante.
Son ya reiterados los embates de la vicepresidenta Cristina Kirchner a propósito del “uso de la lapicera”, y condenando cierto inmovilismo político ante la presunta “correlación de fuerzas adversas” con que contaría el FdT, en especial, en Diputados. Al cabo, el FdT impulsa los temas que le interesan, y más aún si vienen con media sanción del Senado, aunque sus chances atravesar el recinto de manera victoriosa, hoy por hoy, son bajas.
El jefe de bloque del FdT, el rosarino Germán Martínez, confirmó a La Capital que, tanto en la comisión de Asuntos Constitucionales como en Justicia, la paridad entre los bloques mayoritarios es total: 15 y 15 miembros para cada uno de los frentes mayoritarios.
La miembro 31 en ambas comisiones, la diputada Graciela Camaño (opositora que no integra Juntos por el Cambio, JxC) tiene en sus manos el desempate. Camaño, quien supo tener un acuerdo con el oficialismo justamente para integrar en su momento del CdM, sin embargo, ahora se muestra crítica de la trayectoria legislativa que impulsa la Casa Rosada.
Aunque, a la vez, introduce matiz de diferenciación con el bloque opositor mayoritario, JxC. En el sentido de rechazar otorgarle la presidencia del CdM al también titular del máximo tribunal, como decidió la actual Corte y como promueve el partido amarillo.
El final de la pretendida reforma del CdM que impulsa el oficialismo, por ahora, es incertidumbre. Y se verá en las próximas semanas. Sin embargo, hay una conducta política que el Frente de Todos parece haber dejado de lado: la de no actuar ante la falta de número. Todo indica que las peleas políticas serán dadas, incluso para no conseguir el objetivo a corto plazo.
