El rechazo de gobernadores aliados y bloques dialoguistas obligó al oficialismo a retirar del debate en el Senado el capítulo más polémico del proyecto de propiedad privada
El gobierno nacional dio marcha atrás con el capítulo más polémico de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Ante el riesgo concreto de sufrir una derrota en el Senado, La Libertad Avanza (LLA) acordó retirar del debate la reforma que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión fue tomada este miércoles durante una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y las bancadas provinciales que suelen acompañar a la Casa Rosada.
Aunque el oficialismo presentó la medida como una postergación para continuar negociando, el capítulo no llegará al recinto este jueves. De esa manera, el gobierno intentará salvar el resto del proyecto, que contempla modificaciones en los regímenes de expropiaciones y desalojos, la ley de manejo del fuego y el Registro de la Propiedad Inmueble.
La reforma de la ley de tierras era el principal objetivo político del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor de una iniciativa que atravesó al menos 16 versiones y cuatro postergaciones antes de quedar fuera del tratamiento inmediato.
La marcha atrás se precipitó cuando varios gobernadores considerados cercanos a la Casa Rosada ordenaron a sus senadores votar en contra de la flexibilización. Entre ellos se encontraban Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén, y Hugo Passalacqua, de Misiones.
A esa resistencia se sumaron senadores radicales, la cordobesa Alejandra Vigo, buena parte del bloque peronista y la salteña Flavia Royón, quien modificó su posición durante las últimas negociaciones.
En cambio, el gobierno ya contaba como propios los votos de los dos senadores santafesinos del radicalismo, Carolina Losada y Eduardo Galaretto.
Losada, incluso, expresó públicamente su defensa al proyecto de La Libertad Avanza. El tercer legislador por esta provincia, el peronista Marcelo Lewandowski, ya había adelantado su oposición a la iniciativa del oficialismo.
Según el conteo que circulaba en el Senado, al oficialismo todavía le faltaban al menos cuatro votos para evitar una derrota en el capítulo de tierras. La falta de respaldo obligó a Bullrich a aceptar su retiro como condición para que los bloques dialoguistas acompañaran la sesión.
La propuesta original pretendía eliminar buena parte de las restricciones vigentes para la adquisición de campos por extranjeros. Después de sucesivos cambios, la última versión elevaba del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos foráneas.
También mantenía la prohibición para que otros Estados compraran directamente tierras rurales, aunque permitía hacerlo a empresas con participación estatal extranjera cuando contaran con la autorización conjunta de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo nacional.
Las concesiones no fueron suficientes. La posibilidad de ampliar la extranjerización siguió generando resistencias entre gobernadores, organizaciones sociales, sectores de la oposición y representantes de distintas provincias que reclamaban mayores controles sobre territorios considerados estratégicos.
En un comunicado, el oficialismo informó que los 44 senadores que integran el espacio conformado por La Libertad Avanza y los bloques aliados resolvieron “por consenso” postergar el tratamiento del capítulo referido al régimen de tierras rurales.
“La postergación no implica su eliminación del proyecto sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”, indicó el documento.
El gobierno señaló, además, que la reforma continuará en discusión hasta alcanzar una redacción que consiga un mayor acompañamiento. Sin embargo, no estableció una fecha para volver a llevarla al recinto.
La retirada representa un revés para Sturzenegger, quien había colocado la modificación de la ley de tierras entre los principales objetivos de su agenda desreguladora. El ministro sostiene que las restricciones vigentes frenan inversiones extranjeras en actividades agropecuarias, forestales, portuarias y productivas.
Bullrich también había defendido públicamente la reforma y calificado la legislación actual como “un despropósito”. Pese a las modificaciones incorporadas durante las últimas semanas, no consiguió quebrar la resistencia de los mandatarios provinciales ni reunir una mayoría segura.
Con el capítulo de tierras fuera del debate, el oficialismo buscará avanzar este jueves con los demás apartados de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
El texto incluye cambios para agilizar los procedimientos de desalojo, endurecer las condiciones de las expropiaciones, modificar las restricciones sobre el uso de terrenos afectados por incendios y modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble.
También había quedado afuera la reforma vinculada con los barrios populares, otro de los puntos que generaba objeciones entre los aliados.
La sesión está convocada para las 14 y retomará el cuarto intermedio dispuesto el 16 de julio, cuando la falta de acuerdos ya había impedido que el gobierno sometiera el proyecto a votación.
El retiro de la reforma de la ley de tierras permitió destrabar parcialmente la negociación, pero redujo de manera sustancial el alcance de una iniciativa que había sido presentada por el gobierno como una pieza central de su política de desregulación.
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