La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó este martes de modo excepcional a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a participar de forma remota en la sesión en la que se debatirá la reforma de la ley de tierras.
La vicepresidenta aceptó un pedido de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de riesgo. Deberá aprobarlo el pleno
Fotos Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado
Victoria Villarruel hizo una jugada que subió la tensión en la previa de la votación de la ley de tierras.
La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó este martes de modo excepcional a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a participar de forma remota en la sesión en la que se debatirá la reforma de la ley de tierras.
La decisión, que todavía deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara alta, agregó tensión en el escenario político porque la legisladora mendocina rechaza el proyecto y su voto puede resultar decisivo en una definición muy ajustada.
Villarruel firmó el decreto 66/26 de la Presidencia del Senado después de analizar la presentación realizada por Fernández Sagasti. La referente peronista cursa la semana 32 de embarazo y tiene una indicación médica que le impide viajar desde Mendoza hasta Buenos Aires, tanto por vía terrestre como aérea.
La resolución autoriza a la senadora de Unión por la Patria (UP) a intervenir “con voz y voto” mediante el sistema de videoconferencia mientras se mantenga la restricción médica.
Sin embargo, establece que la medida queda “ad referéndum” del Senado: al comienzo de la sesión, los legisladores deberán aprobar o rechazar la participación virtual.
El decreto aclara que se trata de una autorización “individual, excepcional y transitoria”, que no modifica el reglamento de la Cámara ni establece un régimen general de sesiones remotas.
De ese modo, Villarruel buscó evitar que el pedido deba pasar previamente por una comisión y trasladó la decisión definitiva al recinto.
La medida incomodó a sectores del gobierno porque Fernández Sagasti forma parte del bloque que se opone a los cambios promovidos por la Casa Rosada. El oficialismo llega a la sesión de este jueves con los números al límite y cualquier presencia o ausencia puede alterar el resultado.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, admitió la fragilidad del escenario al señalar que el proyecto podría aprobarse “por un voto”.
La intervención de Villarruel reavivó, además, las diferencias que mantiene con el núcleo presidencial. En la Casa Rosada interpretaron que la vicepresidenta facilitó la participación de una senadora opositora en una votación crítica, aunque la resolución no garantiza por sí sola que Fernández Sagasti pueda sufragar: la mayoría del cuerpo tendrá la última palabra.
La legisladora mendocina había argumentado que impedirle participar afectaría tanto sus derechos políticos como la representación de su provincia. “¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó en sus redes sociales.
También aclaró que no pidió una licencia ni se encuentra impedida para leer expedientes, debatir o emitir su voto, sino únicamente para recorrer los más de mil kilómetros que separan Mendoza de la ciudad de Buenos Aires.
Fernández Sagasti recordó que el Congreso utilizó mecanismos virtuales durante la pandemia y adelantó que, si su solicitud era rechazada, recurriría a la Justicia federal. “La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo”, sostuvo.
La discusión se produce en la antesala del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Después de varias negociaciones con bloques dialoguistas, el oficialismo aceptó conservar un límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque propone elevarlo del 15 % vigente al 25 %.
También eliminaría los topes parciales establecidos por provincia, municipio o departamento e incorporaría controles especiales para operaciones en zonas fronterizas.
Unión por la Patria rechaza la reforma por considerar que flexibiliza la extranjerización del territorio y compromete el control sobre recursos estratégicos. El gobierno sostiene, en cambio, que las modificaciones darán seguridad jurídica y favorecerán las inversiones.
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Antes de ingresar en ese debate, el Senado deberá resolver el caso Fernández Sagasti. Esa primera votación anticipará la relación de fuerzas del recinto.
