La ofensiva política de los libertarios chocó con los argumentos del juez de feria que no validó el amparo. Un round político a favor de Unidos
Foto: Archivo / La Capital.
La quiebra de Bioceres S.A. se tramita en el juzgado civil y comercial a cargo de Fernando Mecoli.
La apuesta de La Libertad Avanza por frenar la reforma constitucional en la Justicia y ponerle un freno al avance reformista en la provincia tuvo un revés al recibir el rechazo al amparo interpuesto para que se declaren inconstitucionales algunos artículos de la ley. La ofensiva libertaria contra Unidos tuvo un freno.
“La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico”, sostiene el juez de feria, Ezequiel Zabale, que reemplaza a la jueza natural, Susana Gueiler.
“Asiste razón a la requerida en que la brevedad del proceso de amparo y la ausencia significativa de elementos probatorios que pudieran alongar el proceso, de por sí rápido y expedito, hace innecesario e inconducente el dictado de una medida cautelar”.
El amparo rechazado de los libertarios llevaba las firmas del presidente del partido Vida y Familia, Carlos Scalzotto, del apoderado de La Libertad Avanza de Santa Fe, Marcos Peyrano (segundo postulante a convencional), y del diputado nacional Nicolás Mayoraz había sido presentado ante la magistrada Civil y Comercial Susana Gueiler.
El juez rechazó el planteo de la Fiscalía de Estado por el cual sostenía la incapacidad de los partidos políticos para la interposición de la cautelares. “Es indudable”, sostuvo y también entendió que el diputado Mayoraz, como ciudadano y “persona con antecedentes de actuación en temas políticos y de interés relevante para la sociedad en general”, puede realizar esa acción.
“Distinta suerte tendrá la pretensión cautelar, la cual será rechazada”, sostiene a continuación. También fundamenta que para el despacho de la medida cautelar innovativa que planteó LLA se requiere la acreditación de ciertos requisitos tales como la verosimilitud del derecho y eso no se cumplimenta.
Los libertarios buscaban que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, 5, 6 y 9 en forma parcial de la ley 14.384, y suspenda cautelarmente sus efectos. LLA cuestiona la validez de varios puntos de la norma que declaró la necesidad de reformar la Carta Magna provincial.
Por un lado, alude a un “exceso de atribuciones, porque se sostiene que la Legislatura no tiene facultades para determinar el contenido específico de los cambios a realizar, ya que esa tarea corresponde exclusivamente a la Convención Constituyente”.
Respecto de la definición de quiénes ejercerán el rol de convencionales, los libertarios cuestionan “cómo está planteada la elección de los representantes para la reforma”. Asimismo, la dirigencia de La Libertad Avanza objeta “la exclusión de los miembros del Poder Judicial como posibles candidatos a constituyente”.
Frente a esto el juez sostiene que “a los fines cautelares no hay urgencia”. Para habilitar que esos miembros sean habilitados “debería suceder que uno o más miembros o integrantes del Poder Judicial procuren inscribirse a tales escaños, que se niegue su inscripción y luego recién podría haber alguna urgencia, todo lo cual puede ser corregido en otras instancias y con tiempo suficiente”.
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