Repudian la decisión del gobierno de cargar costos al sindicalismo por la marcha a Tribunales

El gobierno intimó a más de 20 gremios y organizaciones sociales a pagar montos de hasta 56 millones de pesos en concepto de multas por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre pasados realizadas en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente, contra el DNU del presidente Javier Milei.

Tras considerar la medida como una “una nueva provocación”, la CGT elevará una queja contra el gobierno, con “solicitud de tratamiento urgente”, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los telegramas fueron enviados por el Ministerio de Seguridad a gremios entre los que se encuentran Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep).

El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, repudió la decisión de Seguridad y afirmó: “Por primera vez coincido con Milei, quien hoy me calificó como uno de los enemigos de la reforma que propone”.

“Soy el principal enemigo, pero no porque no sea un argentino de bien o porque quiera mantener privilegios, como dijo, sino porque siempre seré enemigo de que el pueblo se muera de hambre, al igual que los jubilados”, subrayó.

Juan Carlos Schmid, líder de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval e integrante del consejo directivo de la CGT, repudió este jueves “la decisión del gobierno de cargar costos al sindicalismo por la marcha" a Tribunales. Y ratificó su participación en el paro y movilización de la central obrera del 24 de enero próximo.

Schmid apuntó en un documento contra el gobierno luego de que Seguridad intimase al sindicalismo a pagar “los costos operativos de la jornada de protesta del 27 de diciembre en la plaza Lavalle”.

“Esa disposición avasalla los derechos consagrados en la Constitución, viola acuerdos internacionales y pretende disciplinar a las organizaciones sindicales en el contexto del establecimiento de un gobierno autocrático. En un acto intimidatorio y anticonstitucional, Milei intimó, a través de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la cartera de Seguridad y bajo amenaza de apercibimiento, a pagar 40.419.227,56 pesos” al gremio, afirmó.

El dirigente sostuvo que el gobierno basó la decisión en la necesidad de cubrir “los costos operativos que produjo la movilización sindical” y agregó que, “con ridícula soberbia, el Ejecutivo se ubica por encima del mandato democrático en nombre de falsas interpretaciones y violenta la Constitución”.

Schmid enfatizó que el gobierno pretende “llevarse por delante toda la representación popular y abonar el terreno de la represión, porque para su interpretación la violencia política es un apéndice del sometimiento del pueblo a políticas de hambre y entrega”.

El también titular nacional del Sindicato de Personal de Dragado y Balizamiento afirmó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, procura “atemorizar a los trabajadores, silenciar las voces y cercenar la libertad gremial”.

Y dijo “no estar sorprendido por su vocación violenta y antigremial”, aunque sostuvo que “la unidad es superior al conflicto y el movimiento obrero no retrocederá frente a las amenazas”.

“El gobierno libertario promueve la supresión del derecho humano a la protesta, mientras encubre el tremendo costo social de la política de shock, que agrede a vastos sectores. La criminalización de la protesta, que equipara a los trabajadores con delincuentes, es una ideología arcaica que sume al país en las sombras del autoritarismo político”, enfatizó.

Además, ratificó que participará en la huelga nacional de doce horas y la movilización hacia el Congreso convocada por la CGT contra el DNU y la ley ómnibus y sostuvo que “el gobierno se equivoca si cree o espera la rendición del movimiento obrero, ya que la historia demostró y demuestra que los únicos vencidos son aquellos que no luchan”.

Para Schmid, la intimación a pagar los costos operativos al sindicalismo “es digna de los exégetas de la última dictadura cívico-militar” y convocó a “la consolidación de la férrea unidad de concepción y de acción en defensa de la Patria y el pueblo trabajador”.

Protocolo antipiquetes

En tanto, la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria y declaró competente a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para intervenir frente a la acción de inconstitucionalidad presentada por una legisladora porteña contra el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad.

Se trata de un planteo formulado por María Celeste Fierro, legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad y autoridad del partido Nueva Izquierda (distrito Capital Federal).