Los abogados del exministro de Planificación Federal
Julio De Vido renunciaron hoy a su defensa en todas las causas en su contra y el gobierno denunció que se trata de una maniobra para retrasar el inicio del juicio que lo tiene en el banquillo de los acusados por la tragedia ferroviaria de Once.
Fuentes judiciales indicaron que los abogados Adrián Maloneay y Julio Virgolini renunciaron a asistir a De Vido: "Los motivos son claros: nuestro cliente fue traído a esta instancia a consecuencia de acusaciones construidas en un juicio anterior del que no fue parte y en el que no tuvo oportunidad de defenderse", advirtieron en el escrito.
"La defensa renunciada de De Vido busca retrasar el inicio del juicio de Once. No lo permitiremos", fue la respuesta de la directora de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, en su cuenta oficial de Twitter.
Tras la presentación, el Tribunal Oral Federal 4 que llevará adelante a partir del próximo miércoles el juicio oral y público por la tragedia de Once intimó a De Vido a que en 72 horas designe nuevos abogados o bien sea asistido por la defensa oficial.
"Con nuevos abogados o bien con la defensa oficial el juicio sí o sí comienza el miércoles", señaló una fuente del Tribunal.
Por su parte, la OA presentó también un escrito ante el Tribunal, en la que solicitó que "se mantenga a los defensores renunciantes en el desempeño del cargo oportunamente conferido por el imputado De Vido, sin suspensión alguna de la fecha para la iniciación de juicio" o bien "se de intervención a la Defensora Oficial que ya interviene en la causa, Paola Bigliani".
En la presentación citaron el artículo 112 del Código Procesal Penal que "establece claramente que en ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa y dejar a sus clientes sin abogado" y que "si así lo hiciere, se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor oficial", por lo que "hasta entonces estará obligado a continuar en el desempeño del cargo".
La OA, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, denunció que las renuncias son "una maniobra manifiestamente orientada a evitar el inicio del juicio oral" y advirtió además que el Tribunal, "previendo una situación de esta naturaleza, ordenó el 25 de agosto designar un defensor oficial sustituto para intervenir en el marco de la citada audiencia".
"La Defensoría General informó que ya intervenía en autos un defensor oficial. Es así que en forma paralela a lo anterior, solicitamos que para el caso que De Vido no designe inmediatamente otros letrados para su defensa, se dé intervención a la Defensora Oficial que ya interviene en la causa, Paola Bigliani, a los efectos de ejercer la defensa del imputado y evitar que la maniobra rinda los frutos perseguidos", señaló el escrito.
Además, el organismo solicitó al Tribunal que "evalúe imponer a los abogados renunciantes la sanción prevista por el 113 del Código Procesal", que establece multas de hasta el 20 por ciento del sueldo por el "incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores" y se comunique la situación al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Los argumentos dados por los abogados de De Vido son similares a los que plantearon tras sufrir reveses judiciales con la recusación del Tribunal y también pidieron que se haga un juicio con jurados.
"Pese a que nuestro cliente no participó ni tuvo ocasión de defenderse en el juicio anterior, la prueba en él producida parece inamovible e irreproducible, como previsiblemente lo serán las conclusiones que de él provienen, a juzgar por la cerril negativa a atender a cualquier planteo que formule la defensa. Si la prueba de cargo no puede ser cuestionada, entonces no hay defensa posible", sostuvieron Maloney y Virgolini.
Y remarcaron: "Se advierte así que el derrotero de esta causa en todas sus instancias, incluida la Corte Suprema, está marcado por la decisión inédita —por su carácter sistemático y hasta grosero— de impedir en modo absoluto el ejercicio de la defensa".
Junto a la citación del próximo miércoles por el juicio, De Vido también debe presentarse a indagatoria en la causa por manejos irregulares de fondos en la mina Río Turbio, en donde el fiscal Carlos Stornelli sigue reclamando su detención por ahora sin éxito.
"Ha quedado en evidencia en el trámite de la presente causa, desde su inicio y a través de todas sus instancias, que esta defensa no ha tenido la oportunidad de contar con un proceso regular y respetuoso de los derechos que asisten a cualquier ciudadano que enfrenta un juicio penal", concluyeron los abogados de De Vido.
