Entre otros argumentos, la Fiscalía de Estado de Santa Fe consideró arbitraria la medida dictada por la magistrada laboral rosarina Silvana Quagliatti
Foto: Archivo / La Capital.
El gobierno de Santa Fe apeló la resolución de la jueza Quagliatti.
La Casa Gris, a través de la Fiscalía de Estado, apeló la resolución de la jueza Laboral rosarina Silvana Quagliatti, quien la semana pasada había aceptado el amparo contra la reforma previsional planteado por 18 magistrados jubilados y cónyuges de jueces fallecidos.
Al respecto, el gobierno de Maximiliano Pullaro pidió la nulidad de la decisión de la magistrada, a la que consideró “arbitraria”. En esa línea, la Fiscalía de Estado aludió a “afirmaciones dogmáticas que sólo otorgan al fallo una fundamentación aparente”.
Además de endilgarle a Quagliatti “miramientos de índole más políticos que jurídicos”, el Ejecutivo provincial advirtió sobre la ausencia de un análisis del marco económico y social en el que fue sancionada, en septiembre pasado, la reforma previsional en Santa Fe.
Incluso, el gobierno se detuvo en una contradicción expuesta por la jueza: la presunta “intranquilidad” provocada por la emergencia previsional, que redundaría en “el abandono de sus cargos o funciones”, cuando en los hechos ninguno de los amparistas se encuentra en actividad por estar jubilados.
Asimismo, para el gobierno, la reforma previsional no significa una pérdida de patrimonio ni afectación de derechos, como reflejó la medida dictada por la jueza.
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La resolución de la magistrada suspendió, solo para los demandantes, el aporte solidario de emergencia y el tope de haberes que dispuso la ley.
La medida de la jueza había generado cuestionamientos de parte del secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, quien sostuvo, entre otras cosas, que Quagliatti debió excusarse por una supuesta “colisión de intereses”.
No obstante, el planteo de Boasso contra la jueza generó el repudio del Colegio de Magistrados Zona Sur de Santa Fe.
En tanto, este jueves brindaron una conferencia de prensa conjunta el Colegio de Magistrados de Santa Fe, la Asociación Argentina de Fiscales, la Asociación de Fiscales del MP Federal, la Asociación de Fiscales de la provincia y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (gremio que realizó un nuevo paro de 24 horas).
En ese marco, advirtieron que “está en riesgo la independencia del Poder Judicial de Santa Fe”. Y objetaron a la Casa Gris, no solo por la reforma que viene impulsando en la materia (que este jueves tratará la Cámara de Diputados provincial) sino también por las “constantes” presiones que reciben de la política.
También apuntaron a “la forma de selección y estabilidad de los operadores judiciales”, la "falta de recursos” y la aplicación de un régimen disciplinario en la órbita de la Legislatura provincial que, a su entender, “aparece como amenazante para cualquier investigación de delitos de corrupción”.
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