El secretario de Seguridad Social también cuestionó a la jueza que suspendió los artículos de la ley que beneficia a una jubilada que cobra once millones
Foto: Archivo / La Capital.
Reforma previsional. Dos juezas laborales de Rosario aceptaron recursos de amparos de jubiladas docentes.
La magistrada Patricia Otegui, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 6 de Rosario, hizo lugar a la acción de amparo de la camarista jubilada Elena Ramón y suspendió el aporte solidario de emergencia y el tope de haberes que dispuso la reforma previsional. Eso despertó la crítica del secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, quien cruzó a la jueza y la demandante.
La jueza dio lugar al pedido de dejar sin efecto, solo para la demandante, la retención por el denominado aporte solidario en sus haberes previsionales. Asimismo, aceptó dejar sin efecto el tope de veinte jubilaciones mínimas al considerar la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del artículo Nº 9 de la ley 14.283. No hizo lugar a la modificación por la que se actualiza el haber para pasivos.
En ese marco, Boasso volvió a cargar contra un magistrado que le da lugar a los amparos de exfuncionarios del Poder Judicial. “La pobre camarista Jubilada, Elena Ramón, cobra de jubilación limpio 11.300.000 pesos. No paga Iapos ni Ganancias. Y se niega al aporte solidario. ¡Desfachatez es poco!”, escribió en X y adjuntó un recibo de sueldo.
Y agregó en la misma red social: “Hay 80 amparos contra la reforma previsional, involucrando más de 200 personas. Solamente tenemos sentencias adversas en dos casos y son exmagistrados, justo del Poder Judicial”.
En LT8 aumentó la ofensiva: "Están fallando por interés propio, porque están fallando en aspectos de la ley que los alcanzarán en el futuro cuando se jubilen. Quagliatti, quien falló en favor a amparistas de exjueces, tiene el expediente iniciado de jubilación desde 2019. Están fallando en causas propias, da el amparo porque sabe que la va alcanzar a ella cuando se jubile".
Por último, dijo: "No son jubilados que ganan 270 mil pesos la mínima, cobran 9,10,11 millones por mes y la única retención que tienen es un aporte solidario y se niegan. El Poder Judicial se tiene que hacer una caja propia y que la hagan sustentable, ¿por qué bancarla entre todos?".
El representante legal de la jubilada, Agustín Genera, le contestó en LT8: “Lo que tiene que hacer Boasso es apelar, no atacar a las personas, porque los desalienta a ejercer su derecho, derecho humano de acudir a la Justicia. Quiere que tengan miedo al escrache y que los jueces tengan miedo a resolver para no ser criticados por la opinión pública. Degrada la calidad democrática”.
Y agregó: “Lo que hace Boasso es deshonrar el rol que cumple, la función pública, y no está a la altura. Es secretario de Seguridad Social, no forma parte del expediente y reveló información que pertenece a secretos de expedientes que no son públicos”.
La demandante ingresó como empleada judicial en 1969, fue designada fiscal titular en 1980, jueza en lo penal correccional en 1988 y, desde 2002 a 2015, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario (Sala III).
La jueza sostuvo que no están dadas las condiciones para declarar una emergencia previsional. “Se alza trascendente para el caso lo señalado por la amparista: que las cuentas públicas de la provincia -al tiempo de la creación de la ley- no se encontraban comprometidas, por lo contrario, dichas cuentas arrojaban superávit (publicación en página oficial de la provincia, declaración del ministro Pablo Olivares: “El uso eficiente de los recursos nos permitió un superávit de $160.000 millones” 12/08/2024)”.
Y escribió en el expediente: “Como vengo expresando, las restricciones a las garantías constitucionales que las leyes de emergencia (por razones económicas) pretenden justificar, deben ser celosamente verificadas por la magistratura”. Boasso contestó: "Se ve que para ella un rojo de 400.000 millones de la Caja no es emergencia. ¿Quién lo va a pagar?".
Genera aclaró que los casos tienen para largo. "Es evidente que esto no se terminará en primera ni en segunda instancia, incluso llegará a la Corte provincial y hasta la nacional, me atrevería a decir, porque la Fiscalía de Estado no desistirá para que rija la ley como los demandantes. Vamos a defender hasta las últimas consecuencias”, indicó.
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Por Matías Petisce