La declaración jurada patrimonial de los diputados santafesinos
La diputada Germana Figueroa Casas, del bloque PRO, es la funcionaria santafesina con el mayor patrimonio declarado: $1.378.674.000. La legisladora, que ocupa su banca desde 2021 y tiene mandato hasta 2025, informó la posesión de quince inmuebles: 12 viviendas en Rosario, de las cuales siete declara que los tiene en alquiler. También registró en su declaración jurada un departamento en la ciudad de Buenos Aires, otro en Punta del Este (Uruguay) y una tercera vivienda en Los Molles, provincia de San Luis. Además, tiene a su nombre un vehículo: un Toyota Corolla Cross, rural, del 2024.
Le sigue en este ranking de patrimonio Diego Giuliano, de Unión por la Patria, quien declaró un patrimonio de $723.409.000, integrado por catorce propiedades. En el detalle de estos inmuebles aparecen tres departamentos en Rosario más una casa; dos viviendas, tres lotes de terrenos y dos campos, todos en Arequito; una casa quinta en un country en Oliveros; una casa en el balneario bonaerense de Cariló y un lote de terreno en Carcaraná.
El tercer lugar corresponde a Roberto Mirabella, del bloque Defendamos Santa Fe, con $491.495.000, producto de dos inmuebles (dos casas en Rafaela) y un automóvil: un Toyota Camry 2012.
En la cuarta posición se ubica Florencia Carignano, de Unión por la Patria, quien declaró $235.979.000 y detalló la tenencia de tres inmuebles y dos vehículos.
Le sigue Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, con $160.174.000, cuatro propiedades y dos autos.
Entre los legisladores con patrimonios más moderados figura el radical Mario Barletta, del bloque Unidos, con $89.414.000 y dos vehículos. Su mandato se extiende hasta 2025.
También aparece Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria, quien informó $95.287.000, seis inmuebles y un auto.
En esta lista, le sigue Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, declaró $45.719.000, con dos inmuebles y un vehículo.
Alejandro Bongiovani, del PRO, informó $23.895.000, sin registrar bienes inmuebles ni automotores, mientras que Esteban Paulón, de Encuentro Federal, consignó $22.475.000, con dos propiedades y un vehículo.
Entre las diputadas santafesinas con menor patrimonio declarado figura Melina Giorgi, radical del bloque Democracia para Santa Fe, con $14.508.000, seis inmuebles y un auto.
Por su parte, Mónica Fein, también de Encuentro Federal, presentó $12.288.000, con dos inmuebles y dos autos, y Magalí Mastaler, de Unión por la Patria, cerró el listado de las declaraciones presentadas con $9.723.000 y un vehículo.
Los cinco diputados que no presentaron su declaración jurada
De los 19 diputados nacionales por Santa Fe, cinco no cumplieron con la obligación legal de presentar su declaración jurada patrimonial 2024 ante la Oficina Anticorrupción dentro del plazo establecido.
Se trata de:
• Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad)
• Luciano Laspina (PRO)
• Verónica Razzini (Futuro y Libertad)
• Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)
• Romina Diez (La Libertad Avanza)
El incumplimiento no es menor: la Ley de Ética Pública (25.188) obliga a todos los funcionarios nacionales, incluidos los legisladores, a presentar anualmente su declaración patrimonial.
A nivel nacional, según el mismo relevamiento, 58 de los 257 diputados del Congreso no cumplieron con esta obligación.
Cómo se realizó el relevamiento
El informe fue elaborado por el equipo de la ONG Chequeado mediante un trabajo de sistematización de datos.
Primero, se descargaron las declaraciones juradas patrimoniales en formato PDF disponibles en el sitio web de la Oficina Anticorrupción, identificadas por el CUIT de cada legislador.
Luego se aplicó un proceso de text mining (minería de texto) para extraer y unificar la información en una base de datos estructurada.
Así se consolidó una tabla general de bienes declarados al cierre de 2024. En los casos en los que un diputado presentó una declaración rectificativa, se tomó la versión más reciente.
La última actualización se realizó el 30 de septiembre de 2025, por lo que el estudio refleja los datos disponibles hasta esa fecha.
Transparencia, rendición de cuentas y brecha patrimonial
Las declaraciones juradas constituyen una de las principales herramientas de transparencia pública. Permiten conocer los bienes y activos de los funcionarios antes, durante y después de su paso por la función pública, y sirven para detectar posibles conflictos de interés.
Sin embargo, la publicación parcial y los incumplimientos reiterados ponen en evidencia la debilidad de los mecanismos de control, especialmente en el Congreso, donde no existen sanciones inmediatas por no presentar la documentación en término.
En Santa Fe, el contraste es notorio: mientras catorce diputados expusieron en tiempo y forma sus declaraciones juradas patrimoniales, otros cinco directamente no presentaron nada.
¿Las declaraciones juradas representan el patrimonio de los legisladores?
En términos generales, y sin perjuicio de que se trata de documentos oficiales y legales, las declaraciones juradas patrimoniales que se presentan ante la Oficina Anticorrupción (OA), en gran medida, no representan los patrimonios reales de los funcionarios públicos.
La razón principal de esta distancia entre la documentación oficial y la realidad es que los inmuebles y los vehículos se declaran a valor fiscal, es decir, el precio que le asigna el Estado para el cobro de impuestos, y no al valor de mercado. La Ley 26.857, que regula la presentación de las declaraciones juradas, equipara la información que debe presentarse ante la OA con la que se presenta ante la Afip.
Las diferencias entre ambas valuaciones (fiscal y de mercado) son significativas. Sebastián Domínguez, contador público y asesor tributario, explicó a Chequeado que la valuación fiscal es menor a la valuación de mercado porque las jurisdicciones provinciales no realizan la actualización de los valores de las propiedades todos los años. Por ejemplo, en muchas provincias la ley dispone que el revalúo debe realizarse “al menos una vez cada 10 años”.
“Es difícil que el Estado pueda pedir que no sean a valor fiscal. Lo que está mal es el valor fiscal que le pone el Estado a las propiedades y a los autos. Me parece que la discusión tiene que pasar por ahí y no porque pongan un valor real, porque el valor real también es muy relativo. Con un departamento, vos podés poner el valor de cuando lo compraste, por ejemplo, pero no vas a saber cuál es el valor en este momento si no lo vendés efectivamente, por eso se manejan con los valores fiscales. Habría que preguntarse por qué el Estado no actualiza esos valores en particular”, explicó Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano.
La ley que regula el sistema está vigente desde 2013. Fue impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) e incorporó algunas cuestiones positivas, como la ampliación del universo de funcionarios alcanzados y la publicidad activa en la web de la OA.
Sin embargo, especialistas consideran que en algunos puntos significó un retroceso. “La ley entorpeció el sistema principalmente porque no se puede ver el patrimonio de los familiares”, explicó Secchi, quien señaló que Poder Ciudadano presentó un amparo contra la ley por este punto y lo ganó, aunque la OA argumenta que es necesaria una reforma de la ley para volver al sistema anterior, en el que sí estaban incluidos los bienes de los familiares en el anexo público. Con el sistema actual, esos bienes están en el anexo reservado, al que no se puede acceder.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que la actual ley “posibilita que el acceso a cierta información muy relevante sea restringida a través de la reglamentación”. Además, la ley estableció que la declaración jurada debía tener un anexo secreto con la información sensible.
“Si interpretáramos textualmente la letra de la ley, sólo debería resguardarse en el anexo reservado aquella información considerada sensible, como los números de cuentas bancarias, los domicilios de bienes inmuebles y las patentes de automóviles, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, al haber sido establecido en la reglamentación que los anexos públicos serían iguales a los formularios de la AFIP, y éstos no contienen información patrimonial de los familiares del declarante, la información referida a los cónyuges e hijos del sujeto obligado pasaron a integrar el anexo reservado”, explica el informe.
Lo mismo ocurrió con la información que da detalle de los empleos anteriores del funcionario, “la cual es muy útil para mantener el control sobre posibles conflictos de interés”, señaló la ACIJ. Y concluyó: “La posibilidad de controlar las variaciones del patrimonio de los familiares del sujeto obligado es muy útil para detectar eventuales casos de enriquecimiento injustificado y, asociado a ello, casos de corrupción”.
