Cuáles son las discusiones que hay que dar en la Convención reformadora del 14 de julio próximo y las decisiones a tomar en Santa Fe
Foto: Archivo / La Capital.
La inminente reforma constitucional entra en una primera etapa de análisis.
Como la palabra lo indica, Ficha Limpia hace referencia a un historial sin antecedentes penales. El objetivo en la inminente reforma de la Constitución de Santa Fe que discutirán, desde el 14 de julio, los 69 convencionales votados por los ciudadanos, es incluir la herramienta como “condición de elegibilidad” para todos los cargos.
¿Qué quiere decir eso? Que ninguna persona con condenas penales previas en determinados delitos puede presentarse como candidato. Pero no es tan simple ni general, hay detalles que deben definirse para dejar en claro el poder de esta herramienta, como son el alcance de la condena y el tipo de delitos cometidos.
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A nivel nacional, Ficha Limpia acaba de caer en el Senado y, en Santa Fe, ya existe una ley desde 2022, que entró en vigencia con las elecciones de 2023. Es la norma que probablemente marque el camino para la inclusión de esta herramienta en la Constitución.
Santa Fe fue la sexta provincia en tener la ley de Ficha Limpia luego de Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan. Pero ahora busca sumarla a la Constitución para que la herramienta no esté condicionada por la decisión de ningún gobierno de turno.
De ese modo, la única forma de quitar Ficha Limpia como condición de elegibilidad sería reformado nuevamente la Constitución.
Ficha Limpia es una condición de elegibilidad, es decir, un parámetro que hay que cumplir para ser elegido por los ciudadanos para ocupar un cargo público.
“Tenemos condición de edad, de nacionalidad, de residencia, ahora se sumará que la persona que desea ser candidato no esté condenada por la Justicia”, aclaró Franco Gatti, abogado asesor en la redacción de la ley de necesidad de reforma y actual director de Innovación Normativa de la provincia.
El propósito es evitar que aquellas personas que aspiran a cargos electivos como diputados, senadores, gobernadores, y cargos municipales, tengan graves problemas penales. Y si los tienen, se busca inhabilitar las candidaturas de aquellos que hayan cometidos delitos y hayan sido encontrados culpables.
Carolina Nini, abogada formada en Derecho Parlamentario, secretaria a cargo de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe, explicó: "La Constitución regula el derecho al sufragio pasivo. En su artículo 30 establece el derecho de todos los ciudadanos a acceder a cargos electivos en condiciones de igualdad. En ese artículo no se ponen condicionamientos para acceder al derecho de sufragio pasivo, que es a ser candidatos, sino que se definen condiciones de igualdad ante la ley”.
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Sin embargo, resaltó que “hay una tendencia cada vez más fuerte a incorporar principios como Ficha Limpia, que hacen a la ética pública, a consolidar un estándar ético y jurídico, para definir la elegibilidad de los candidatos”.
Leandro Batalla, abogado, docente de Derecho Constitucional y de Historia Constitucional Argentina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), indicó: “Poner Ficha Limpia en la Constitución es decir que queremos gobiernos que no estén involucrados en cuestiones ilícitas, sobre todo en una provincia que atraviesa grandes problemas con el narcotráfico”.
La Constitución de Jujuy, por ejemplo, se reformó en 2023 e incorporó la Ficha Limpia para cargos provinciales, municipales y comunales. A diferencia de lo que se espera en Santa Fe, en esa provincia del norte argentino la letra chica quedó establecida por Carta Magna en su artículo 206.
“En Santa Fe, la ley de necesidad de reforma es amplia, les dice a los convencionales constituyentes que marquen ese principio ético como condición de elegibilidad, pero las condiciones serán las que establezca la ley especial”, aclaró Nini.
Es muy probable que en la Convención se defina la incorporación de Ficha Limpia por Constitución en la provincia, pero que los detalles de a quiénes se toman por condenados, es decir, en qué instancia penal y por qué delitos, sean definidos en la ley especial.
“Hay distintos modelos, algunas legislaciones extranjeras de Derecho Comparado plantean que ser procesado ya alcanza para que uno pueda ser candidato, pero en Santa Fe la ley que ya existe dice que es necesario una condena por segunda instancia. Es decir: que la persona tiene que haber sido condenada y luego confirmada la sentencia de primera instancia por un tribunal superior”, indicó Gatti, magíster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Universidad de Génova, especialista en Derecho Público Global por la Universidad de Castilla La Mancha y profesor de la Facultad de Derecho de la UNR.
Batalla explicó que la diferencia con la ley nacional que se está discutiendo tiene que ver con la culpabilidad. “Una cuestión es una persona que fue declarada culpable en primera instancia y otra en segunda, con una confirmación de la Cámara”, destacó. Y aclaró que en nuestro sistema judicial está también la posibilidad de los recursos extraordinarios a la Corte Suprema de la provincia, de la Nación, o ambas en simultáneo, e incluso a la Corte Interamericana.
“Tenemos que ser muy claros en definir a qué se llama condena firme en la Convención. Quizás con el fallo de la Cámara ya es condena firme, o quizás con la revisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia o el rechazo de esta a no abrir el recurso. Son cuestiones técnicas a las que hay que darle marco en la Convención o la ley especial”, indicó.
Batalla también destacó que, en algunos casos, puede ocurrir que una persona con condena a segunda instancia tenga rehabilitada la posibilidad de presentarse, como ocurrió en Brasil con Lula Da Silva. “Pero si la ley o la Constitución dicen por segunda instancia, por más que haya una apelación y un recurso, hasta que éste no se se defina, esa persona sigue condenada e inhabilitada a ser candidata”, agregó.
Luego valoró que “el agotamiento total de instancias es más complejo porque pueden pasar 30 años hasta que una persona sea condenada, y eso frustraría la posibilidad de impedir que alguien que comete un delito se presente como candidato”.
Por su parte, Ricardo Terrile, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la UNR, aclaró que “si alguien apela en la Corte Suprema de Justicia, ésta verifica si tiene o no inconstitucionalidad, pero esa inconstitucionalidad puede tener que ver con una cosa menor que no adquiere significancia o relevancia para la condena final, que es algo que el juzgado resuelve y la condena queda firme igual”.
Por último, Batalla subrayó: “No hay que ser ingenuos y entender que, para que Ficha Limpia funcione correctamente, necesitamos un Poder Judicial independiente, que pueda investigar sin presiones porque eso va de la mano de Ficha Limpia”.
En relación a los delitos incluidos en Ficha Limpia, lo primero que hay que diferenciar es que abarca las condenas en un juicio penal, no en uno civil. “Si te demandan por falta de pago de alquileres y te condenan a pagar una suma de dinero por eso, no es un argumento para impedir que seas legislador”, ejemplificó Terrile.
Por lo general, al hablar de Ficha Limpia se hace hincapié en los delitos de corrupción pero, si se tienen en cuenta los delitos indicados en el Código Penal, se trata de aquellos contra la administración pública, que son más amplios e incluyen, por ejemplo, la malversación de fondos, el cohecho y el enriquecimiento ilícito, entre otros.
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Por otro lado, los delitos culposos o dolosos simples, como una pelea entre vecinos, no suelen ser tenidos en cuenta para impedir la candidatura, pero sí algunos delitos dolosos más graves, como los ataques contra la integridad sexual o los que ponen en riesgo la vida o la libertad de otra persona.
“En Santa Fe también esperamos que estén incluidos todos los delitos relacionados al narcotráfico y el crimen organizado”, agregó Batalla.
Gatti resaltó que las leyes siempre se aplican hacia futuro. Es decir: no podría correr Ficha Limpia para quienes ya ocupen cargos. “Por supuesto que, cuando alguien concluya su mandato y se quiera presentar al mismo u otro cargo, a partir de la incorporación de Ficha Limpia deberá presentar un certificado que diga que no tiene una condena”, explicó.
Asimismo, para quienes no ocupen cargos electivos, pero sí se desempeñen en la administración pública, en Santa Fe está vigente la presentación de un certificado de antecedentes penales.
En el caso de que sea condenado en segunda instancia alguien que ya ocupe un cargo público, electivo o no, se encuentran disponibles herramientas de remoción del cargo como el juicio político. Incluso, se discutirán nuevos mecanismos en la Convención, como la revocatoria de mandatos para quienes hayan sido elegidos por los ciudadanos.
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