Qué era el Inadi y por qué el gobierno decidió cerrarlo

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) era un organismo descentralizado, creado mediante la Ley 24515, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este martes, por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Estado argentino resolvió eliminar la entidad y transferir los recursos a la cartera de Justicia, que tendrá bajo su órbita la ejecución de políticas para combatir la discriminación.

El Inadi tenía por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria.

El espacio fue creado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem y su primer director fue el periodista Víctor Ramos. Cabe recordar que fue creado luego de los dos grandes atentados terroristas sufridos en el país y que tuvieron como blanco la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994. Ataques que dejaron un saldo de más de un centenar de muertos.

Su antecedente fue la Ley 23.592, del 4 de agosto de 1988, sancionada durante la presidencia de Raúl Alfonsín, conocida también como Ley Antidiscriminatoria.

Entre sus principales objetivos de trabajo, el Inadi:

- Actuaba como organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios, velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos, a través del análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de informes y propuestas con respecto a dichos temas.

- Recibía y centralizaba denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y lleva un registro de ellas a nivel nacional.

- Brindaba un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo.

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- Diseñaba e impulsaba campañas de concientización y sensibilización tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de prácticas discriminatorias, xenofóbicas o racistas; participando en la ejecución de esas campañas.

- Proporcionaba al Ministerio Público y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la temática de su competencia.

- Celebraba convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, a efectos de propender a dar cabal cumplimiento a los objetivos asignados a este Instituto.

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Tras casi 19 años, el gobierno de Javier Milei anunció su cierre definitivo este 22 de febrero de 2024 como parte de su política de "achicar" el Estado y luego de designar a María de los Ángeles Quiroga como interventora. Finalmente, y tras varios meses de especulación, este martes 6 de agosto se concretó su cierre.

Los trabajadores del Inadi habían impulsado una petición en la plataforma Change -que reunió unas 15.000 firmas- para que no se cerrara el organismo.

Argumentos del gobierno

“Finalmente, se anunció la muerte definitiva administrativa del Inadi. En este instituto, ya inexistente, se habían descubierto más de 7.000 expedientes sin resolver desde el año 2016”, remarcó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria en la sede del Ejecutivo.

De acuerdo con el portavoz, el 85% del presupuesto del Inadi era utilizado para el pago de sueldos, mientras que el 15 % correspondía a gastos obligatorios.

Entre las consideraciones para su cierre, el decreto destacó un informe de relevamiento donde se observaron “irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos”.

Esto, agregó el gobierno, demuestra “el sobredimensionamiento de la estructura funcional del Inadi”, algo que se habría traducido en que 431 agentes hayan estado contratados para 44 sedes alrededor del país “sin control sobre la efectiva prestación de sus labores”.

Esto significó para el Estado un gasto de 315 millones de pesos (unos 337.406 dólares a cambio oficial actual) y unas 2.347 jubilaciones mínimas (315 dólares por jubilación) solo en marzo de este año. También, detectaron retrasos en la solución de denuncias y unas 7.788 actuaciones administrativas generadas desde el 2016 estaban sin resolver.