La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender fueron procesados hoy en la causa denominada "
Sueños Compartidos", por delitos cometidos a través de esa entidad con el Plan Federal de Construcción de Viviendas instrumentado por el gobierno de Cristina Fernández.
También fueron procesados el exsecretario de Obras Públicas José López -ya detenido en otra causa- y su exsegundo, Abel Fatala, quienes -se señala- le permitieron a los Schoklender "en su calidad de apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo" que "tuvieran el manejo de la suma de $748.719.414,64, de la cual desviaron $206.438.454,05 de su destino específico".
Hubo falta de mérito para el exministro de Planificación Julio De Vido y los gobernadores y jefes comunales que firmaron convenios, mientras que se procesó a varias de las personas que participaron en la "ingeniería financiera" de los cheques que habían ingresado a la Fundación.
A los Schoklender se los consideró "protagonistas centrales" de la maniobra, mientras que Bonafini fue señalada como partícipe necesaria por entender que "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación".
La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que los encontró presuntamente responsables del delito de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en relación a los financiamientos otorgados por la Secretaría de Obras Públicas".
El juez -exsecretario de la Cámara Federal- sostuvo que "el éxito de esa maniobra fue posible gracias a la bastarda utilización de la noble causa de los Derechos Humanos, pues se valieron del prestigio y la trayectoria que la 'Asociación Madres de Plaza de Mayo' cuenta en el área de su defensa, para convertirla en la reserva moral del 'Programa Sueños Compartidos', y al infiel desempeño de los funcionarios públicos a cargo de la asignación de los recursos del Estado" para la construcción de viviendas.
No obstante, el juez Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito para otros funcionarios como De Vido, al señalar que "no se han obtenido evidencias relevantes que lo ubiquen participando de modo personal en la gestión de aprobación de pagos, financiamiento o adelantos, a la fundación, o a las jurisdicciones locales, circunstancia sí acreditada con relación a la Secretaría de Obras Públicas".
La falta del mérito también alcanzó al exministro de Trabajo Carlos Tomada, a quien se investigaba por convenios con la fundación de las Madres para contratar trabajadores, y a los gobernadores y jefes comunales que hicieron convenios con la Fundación como Gerardo Zamora (ex de Santiago del Estero), Alejandro Granados (Ezeiza), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Jorge Capitanich (ex de Chaco), Maurice Closs (ex de Misiones) y Rubén Darío Giustozzi (ex de Almirante Brown).
La causa conocida como "Sueños Compartidos" se inició en el año 2011 y recayó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide, que detuvo a los hermanos Schoklender, famosos protagonistas de un parricidio en los años 80. Hebe de Bonafini había adoptado como "un hijo" a Sergio cuando en los años '90 obtuvo la libertad.
El escándalo enfrentó a Sergio Schoklender con Bonafini, quien responsabilizó a su exprotegido de haberle robado el dinero de la Fundación y se desligó de todas las irregularidades en el caso. Sergio Schoklender se defendía acusando públicamente a De Vido y a López.
En 2013, tras una serie de fallos críticos, la Cámara Federal apartó a Oyarbide de la investigación y desprocesó a los Schoklender, momento a partir del cual la causa quedó en manos de Martínez De Giorgi, quien tras un proceso de auditorías, informes y recupero de información derivó en llamados a indagatorias.
El objetivo del expediente era saber si "Sergio y Pablo Schoklender, valiéndose del prestigio y la trayectoria de las Madres, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos, nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaria de Obras Públicas, dependencias de Planificación, para la construcción de viviendas sociales".
Parte de esas viviendas "habrían detraído luego de su destino específico -con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas", señaló el juez en los llamados a indagatorias.
