Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron hoy que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos sean indagados por la presunta comisión de lavado de dinero a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel, en el marco de la causa conocida como
Hotesur.
Los representantes del Ministerio Público elevaron el pedido al juez federal Julián Ercolini, a quien también le reclamaron que otras 21 personas sean indagadas en la causa, entre ellas el empresario detenido Lázaro Báez.
Los fiscales sostuvieron en un dictamen de 317 páginas que la familia de la exmandataria utilizó una firma hotelera para, a través de la simulación del alquiler de habitaciones, blanquear dinero ilícito proveniente de negociados con la obra pública.
Pollicita y Mahiques sostuvieron que el dinero provino de la obra pública vial que los Kirchner le garantizaron a las empresas de Báez en Santa Cruz, hecho que ellos investigaron en otro expediente y por el cual la expresidenta fue procesada.
"Parte de ese dinero llegó a manos de los expresidentes y sus hijos a través del negocio hotelero, bajo cierta apariencia de legitimidad lo que les aseguraba poder declarar dichos fondos ocultando su verdadero origen", sostuvieron los fiscales en su escrito.
Los investigadores aseguraron que la maniobra se realizó durante el período 2008-2013 , involucró a escribanos, abogados y contadores y posibilitó la sustracción de fondos de las arcas del Estado para su integración al patrimonio de los expresidentes.
Los fiscales detallaron en su escrito que Hotesur, la firma de los Kirchner que explotaba el hotel Alto Calafate, alquiló el hotel primero a Valle Mitre de Baéz y luego a Idea, de Osvaldo Sanfelice, y así se garantizó los ingresos durante los años investigados.
Los fiscales explicaron que la empresa de Báez le pagó a la de los Kirchner cifras anuales superiores a las que le ingresaban durante un año por el alquiler de las habitaciones y remarcaron que en la investigación se detectó la falta de registros de pasajeros.
A modo de ejemplo, señalaron que Valle Mitre pagó cerca de medio millón de pesos mensuales a Hotesur a modo de alquiler por el Alto Calafate que en su último año de administración le había dejado a la firma de los kirchner 469 mil pesos de ganancia neta.
"Los expresidentes y sus hijos recibieron mensualmente casi medio millón de pesos por el alquiler de este hotel, canalizándose así durante toda la relación comercial fondos limpios a los exmandatarios por más de 28 millones de pesos", escribieron los fiscales.
El dictamen fue presentado hoy a las 11 ante el juez Ercolini, quien ahora deberá evaluar si hace lugar a los pedidos de indagatoria que alcanzan también a la sobrina de la exmandataria Romina Mercado, Sanfelice y a Martín Báez (hijo de Lázaro), entre otros.
Según los fiscales, en la causa también se acreditó que el municipio de Río Gallegos vendió tierras fiscales al fallecido expresidente Néstor Kirchner por 130 mil pesos y luego fueron vendidas por él a una empresa privada por dos millones de dólares, para construir uno de los hoteles.
Además, se aludió a un préstamo recibido en 2007 por 8 millones de pesos que el ahora detenido empresario Lázaro Báez dio a Néstor Kirchner para comprar los hoteles puestos luego a nombre de su hijo Máximo, y a un préstamo cuestionado por parte del Banco de Santa Cruz.
La expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia ya están procesados como supuestos jefes de una asociación ilícita que cobró sobornos a través de falsos alquileres de propiedades de otra sociedad, Los Sauces, en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadío.
La exmandataria además está procesada por el juez Ercolini por el supuesto direccionamiento de la obra pública a favor del detenido Báez en Santa Cruz y ya fue enviada a juicio oral en la causa por supuestas irregularidades en la venta de dólar futuro al final de su gobierno.
Báez está preso en la cárcel de Ezeiza por orden del juez federal Sebastián Casanello, quien lo procesó por lavado de activos tras la filmación que mostró a su hijo Martin y otros, también procesados, contando millones de dólares en la financiera SGI, conocida como La Rosadita, en Puerto Madero.
