La Oficina Anticorrupción (OA) pidió ayer al juez federal Julián Ercolini que eleve a juicio oral la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en la que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El pedido formal que presentó el organismo que encabeza Laura Alonso alcanza también al ex ministro de Planificación Julio de Vido; el empresario Lázaro Báez; los ex secretario y subsecretario de Obras Públicas José López y Abel Fatala y el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner.
Para la OA, todos ellos formaron parte de "una asociación ilícita destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015", a través de la Dirección Nacional de Vialidad.
Sucesora
En este sentido, la presentación evalúa que la ex mandataria "continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner, de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional".
"Fernández (de Kirchner) mantuvo la estructura institucional que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial", planteó la OA.
El escrito señala que de esta forma, durante su gestión presidencial la senadora nacional electa "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo su responsabilidad".
Por esa razón, consideró que Cristina Kirchner es "coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz".
Respecto de este punto, la OA —dependiente del Ministerio de Justicia— aclara que "en total, las adjudicaciones cuestionadas fueron 51, totalizando un monto cercano a los 46 mil millones de pesos" y fuentes de esa oficina señalaron que quieren que cada una de las adjudicaciones de obra se tome como un hecho de administración fraudulenta.
La secretaría que conduce Alonso sostuvo en su presentación que ese "entramado delictivo" tuvo como objetivo "beneficiar a Lázaro Báez" y aseguró que el primer paso fue "la formal conversión de Lázaro Báez, quien se desempeñaba como empleado del Banco de Santa Cruz con categoría impositiva de monotributista, en empresario de la construcción".
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