El senador Omar Perotti presentará en la Cámara alta un proyecto alternativo al de interrupción legal del embarazo, con el que busca el acompañamiento de legisladores en contra y a favor de la norma que llega con media sanción de Diputados. El texto del proyecto va en consonancia con el denominado "Protocolo de Rosario", que contempla situaciones especiales que permitan el aborto (como casos de violación o de salud) pero que no admite la interrupción voluntaria del embarazo.
Perotti destacó entre los fundamentos que el proyecto busca subsanar "interpretaciones arbitrarias que vulneraron en más de una ocasión derechos amparados por la Constitución nacional, reconocidos por las leyes y ratificados en su contenido y alcance por la Corte".
"Nadie puede negar que el aborto clandestino es una trágica realidad de nuestro país que ni el Estado ni la normativa vigente atienden adecuadamente", puntualiza, además de precisar que tanto el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo —elaborado por el Ministerio de Salud nacional en 2010— como la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el caso F., A. L. "no cuentan con la respectiva adhesión de todas las provincias y en muchos casos se sigue obstaculizando el acceso de las mujeres a esta práctica".
Por tal motivo, el senador eleva una propuesta que "intenta correrse de la falsa antinomia de «aborto sí o aborto no»" para centrarse en "garantizar al efectivo cumplimiento de la ley".
También señala que la aplicación del protocolo en Rosario "ha logrado en los últimos años, según datos de su secretaría de Salud, la reducción a cero de la tasa de mortalidad por abortos en los centros de salud pública. Anualmente se practican entre 500 y 580 interrupciones legales del embarazo, la mayoría con medicamentos".
"Sin embargo, esta realidad no se replica en el resto de la provincia", puntualiza.
El proyecto de ley postula en su articulado "regular la interrupción legal del embarazo y garantizar la atención integral de la mujer o persona gestante en el acceso a la misma".
Para ello, propone una modificación al Córdigo Penal para que deje en claro que será penado con prisión quien cause un aborto, y especifica que la interrupción de un embarazo no será punible "si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer o persona gestante", en caso de que el embarazo provenga de un abuso sexual y si se diagnosticara la "inviabilidad de la vida extrauterina del feto".
También llama a incorporar a la ley 25.673 la garantización de "todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en especial, los derechos a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad, la diversidad corporal, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento y la no discriminación".
Además de proponer el refuerzo de "la calidad y cobertura" de los servicios de salud, con "atención y acompañamiento, previa y posterior a la interrupción legal del embarazo, de carácter médica, social y psicológica con el objeto de garantizar un espacio de escucha y contención integral".
También sostiene que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales "deben incorporar la cobertura integral para la prestaciones previstas en la presente ley".
"Se respetará el derecho de los objetores de conciencia" en las instituciones de salud privadas, aunque resalta que "no podrá objetar la interrupción legal del embarazo" en los casos en que "la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro".
Finalmente, también propone la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Normativa sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual.
