Foto: Archivo / La Capital.
El operador judicial de Mauricio Macri.
La jueza federal María Servini ordenó la captura nacional e internacional de Fabián Pepín Rodríguez Simón, otrora asesor judicial del ex presidente Mauricio Macri, acusado de haber formado parte de una maniobra para desapoderar de sus bienes y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La magistrada dispuso, además, la inhibición general de bienes de Rodríguez Simón y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y activos en el país.
El abogado anunció en las últimas horas que pidió asilo político a Uruguay por considerarse un “perseguido” y por temor por su seguridad y por ser encarcelado.
Rodríguez Simón “se encuentra en la República Oriental del Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020, sin haber dado aviso de esa circunstancia al juzgado, como sí lo hizo con anterioridad”, explicó Servini.
La jueza libró un exhorto internacional a Uruguay pidiendo a sus autoridades que, “de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Rodríguez Simón y prohíban su salida de ese país”.
Asimismo, Servini descartó que existan razones para que Pepín se considere un perseguido por razones políticas. “Los delitos que se investigan de ningún modo pueden ser considerados políticos y su condición de funcionario público (aún no determinada fehacientemente) no puede ser entendida como suficiente para esos fines”, indicó.
Rodríguez Simón, a través de su abogado, Gustavo de Urquieta, había anunciado que el 15 de mayo pasado estaría de regreso a la Argentina, ya que el 17 de junio próximo debe prestar declaración indagatoria en la causa en la que está imputado.
“Eso quedó abstracto frente a su exclusiva y ratificada decisión y voluntad de no someterse a la jurisdicción de este tribunal y sustraerse del accionar de la Justicia”, refutó Servini.
“Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces presidente Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante López y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el gobierno y que, en caso de que no fueran acatadas, les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”, añade la descripción de la magistrada.
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